Aunque en algunas regiones se inicia 2023 con dos masacres, tres lideres y una lideresa social asesinados, la puesta en marcha de los diálogos con los grupos armados y el cese multilateral del fuego comienza a mostrar sus bondades
Carolina Tejada
@carolltejada
Colombia despidió el año 2022 con 189 líderes, lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos asesinadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Una crisis humanitaria que se ha intentado frenar desde el gobierno de Gustavo Petro con el llamado a los diálogos regionales en procura de la paz territorial y el cese al fuego con los grupos armados irregulares. Y, aunque sólo han pasado siete meses de iniciado el actual mandato, en algunas regiones ya se siente el efecto del gobierno del cambio. Sin embargo, en otros territorios en los que las agrupaciones armadas han tenido injerencia y control territorial por varias décadas, aún continua una ola de violencia y el clamor de la población civil por la búsqueda de la paz total.
En la primera semana del año 2023, no solo se reportaron las primeras dos masacres del año, sino que, además, se denunciaron los asesinatos de líderes y lideresas sociales bajo la modalidad de sicariato y el llamado de las organizaciones a los alzados en armas para avanzar en el cese al fuego y se cumpla con lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario de sacar a la población civil del conflicto armado.
En medio de la barbarie
No había terminado el primer día del mes de enero y en el municipio de Río de Oro del departamento del Cesar y muy cerca al municipio de Ocaña en Norte de Santander, dos hombres en motocicleta ingresaron a un establecimiento conocido como El Pentágono, cerca de las ocho de la noche y luego de consumir una cerveza dispararon contra la humanidad de Rodrigo Meza y Edward Vacca.
Las dos víctimas, que se encontraban con sus parejas sentimentales, según los testimonios recopilados por la fuerza pública, murieron en el lugar, pero los hombres armados no se retiraron del sitio sin antes arremeter con arma blanca contra la humanidad de las dos mujeres; Marlén Villamizar Rozo y Mildred Ortiz Pérez, quienes también murieron horas después.
La segunda masacre fue perpetrada el 9 de enero en el barrio Alfonso López de la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, en una zona conocida como el anillo vial. El modo operandis es similar al de la primera masacre del año. Hombres armados llegaron al establecimiento en donde se encontraban departiendo varias personas y sin mediar palabra dispararon contra quienes departían en el establecimiento. En el hecho murieron José Francisco Quintero Robles, de 43 años de edad; Darkis Lorena Acevedo Villamizar, un hombre sin identificar y un joven de 23 años de edad que se encuentra en el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. En ambas zonas de las masacres se reporta presencia de agrupaciones armadas.
Por otra parte, los asesinatos de la lideresa y los líderes sociales se llevaron a cabo en dos regiones en las que la alerta sobre la agudización del conflicto persiste. El 2 de enero en Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, fue asesinada la lideresa Mariela Reyes Montenegro, quien se desempeñaba como Secretaria de la Mujer en la Junta Directiva Regional del Sindicato Sintraemdes. Reyes, visitaba a unos trabajadores de la zona cuando un sicario, acompañado por otro hombre en motocicleta, la atacó por la espalda quitándole la vida.
En este mismo departamento, pero en el municipio de Caldono, igualmente fue asesinado el joven indígena Eibar Augusto Guetio. Eibar, pertenecía al resguardo indígena Kweth Ki´Na – Las Mercedes y su asesinato fue llevado a cabo en el patio de su casa. Al joven los grupos armados ya le habían arrebatado a su hermano en el 2022. Las autoridades indígenas rechazaron el asesinato del joven y señalaron a la Columna Móvil Dagoberto Ramos, como los responsables de los hechos. También llamaron a todos los grupos armados, ELN, Ejército Nacional y disidencias a respetar su plan de vida y les permitan vivir en armonía.
Ese mismo día, en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, fue asesinado el líder juvenil del pueblo Awá, José Taicus Pascal de 16 años y quién además hacía parte de la guardia indígena del resguardo Peña Lisa Gran Rosario. Los hechos se perpetraron mientras departían con un grupo familiar en el resguardo Alto Albi en Tumaco; su hermano Javier Canticus de 21 años salió herido. Las Autoridades Tradicionales indígenas del pueblo Awá asociadas a ORIPAP denunciaron el homicidio.
El 7 de enero, en el corregimiento de Costa Rica, del municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca, fue asesinado Cristian Salinas, líder social y promotor del barrismo desde el Barón Rojo Sur. El líder de 34 años de edad, era reconocido por el comedor comunitario que impulsaba desde su vivienda en esa municipalidad y, además, por su participación activa en el Paro Nacional. Organizaciones sociales se pronunciaron al respecto de su asesinato y señalaron que el barrista y líder social habría sido objeto de persecución e intimidaciones luego de su protagonismo en el Paro del 2021.
Además, el pasado 8 de enero, Noraima Carrascal, madre de familia, lideresa social, microempresaria oriunda del corregimiento de Aguas Claras, en el municipio de Ocaña, fue conducida a la fuerza por desconocidos hacia adentro de la región del Catatumbo, en Norte de Santander. El secuestro de esta mujer, de la que aún no se tiene información, ha sido repudiado en la zona.
Dialogar y cesar la guerra
Estos hechos que enlutan familias y los liderazgos sociales en el país, son apenas un pequeño panorama de lo que hoy se vive en regiones en donde el conflicto armado y la disputa por el control territorial se intensificó luego de los acuerdos de paz firmados en La Habana y del incumplimiento de los mismos por parte del gobierno anterior.
El ejemplo de que es posible frenar la ola de violencia empezó por uno de los departamentos que también habría registrado en los últimos años altos niveles de violencia y en donde la población civil estaba quedando en medio del fuego cruzado, ha sido el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca, pero luego de los anuncios de los diálogos entre las agrupaciones armadas y el gobierno de Gustavo Petro, la tranquilidad ha vuelto a la población.
En el departamento de Arauca, con el llamado del cese al fuego, de fin de año, se ha reportado mayor tranquilidad. Pese a las tensiones y el miedo que aún existe entre la población de este departamento fronterizo, cuya violencia dejó más de 320 personas asesinadas solo en el 2022 y en donde hacen presencia en ardua confrontación el Frente Domingo Laín del ELN y los frentes 28, 45 y 10 de las disidencias, así como el Ejército Nacional, el reporte de las autoridades es que, hasta el momento, no se han presentado confrontaciones armadas, o hechos violentos que dejen víctimas fatales. El mismo panorama con el cese al fuego aplica para el departamento del Chocó.
El llamado por parte de las organizaciones sociales, indígenas y defensoras de los derechos humanos es a reforzar el diálogo local, regional e iniciar un proceso responsable de cese de hostilidades que respete la vida de la población civil, pero además, que se desarticulen las agrupaciones armadas que viven del control territorial y el narcotráfico y que permita reactivar las economías locales, se respete el plan de vida de las comunidades, el territorio y el derecho que tienen a vivir en paz.
