El sistema liberal que abandera el libre comercio, la utópica sociedad de naciones, la solidaridad con los Estados en crisis, el respeto a las “minorías” y las elecciones -como expresión última de la democracia liberal- es incapaz de refrendar sus principios al calor de su propio ejemplo
Diana Carolina Alfonso
Si la demanda por democracia es, en realidad, una cadena de arrastre impuesta desde los centros globales contra las periferias de un mundo que se bate entre el unipolarismo anglosajón y el multipolarismo de los BRICS, tendremos que analizar la democracia liberal como un sistema de presión política y neocolonial. De hecho, valdría la pena preguntarnos, a ochenta años de la Segunda Guerra Mundial, si es que acaso nos encontramos ante la obsolescencia del sistema de naciones que se configuró como respuesta al avance ‘excesivo’ de las ultraderechas europeas, entonces nazifascistas.
El siglo XXI latinoamericano empezó con el golpe de Estado en 1991 y la posterior deposición militar en el 2005 del presidente haitiano y teólogo de la liberación, Jean-Bertrand Arístide. Esta seguidilla desestabilizadora contra el gobierno de izquierdas del país antillano delimita un parteaguas entre el intervencionismo norteamericano del Plan Cóndor durante el siglo XX y las guerras de nuevo tipo del siglo XXI.
En adelante, Estados Unidos privilegió el relacionamiento indirecto con los militares locales, potenció la dependencia comercial y financiera de su periferia sur, y homogeneizó los objetivos entre los poderes judiciales y mediáticos.
El siglo del lawfare
En el alba del nuevo milenio se sucedieron los golpes contra Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Evo Morales en Bolivia y Pedro Castillo en Perú. En las calderas del poder judicial se han fraguado eternos lawfare contra Lula da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador. No han faltado los intentos de magnicidio y los magnicidios consumados contra Cristina Fernández de Argentina y Jovenel Möise de Haití, respectivamente.
Y cuando no han sido útiles ni los golpes, ni los lawfare, ni los magnicidios, se ha echado mano de los bloqueos criminales para sofocar a los gobiernos y a sus poblaciones.
Mientras el extremo centro se revuelca en la timorata hipótesis de la ‘crisis de la izquierda’ y con estos antecedentes, frescos aún en la memoria popular, se preguntan ‘¿por qué el avance de la ultraderecha?’, un país en el hemisferio ha recibido todas las flechas de las intervenciones acá descritas.
La mentira del proyecto liberal
Frente a la ‘opción democrática’ de la oposición, la comunidad internacional borró de sus archivos la masacre de Puente Llaguno en el contexto del golpe contra el presidente Chávez, y los 150 asesinatos entre el 2013 y el 2016 por parte de las guarimbas armadas por el mercenariato estadounidense y colombiano.
Desde Colombia los opositores, autodenominados magistrados de la Asamblea Nacional del 2015, abogan por ‘la transición para la paz en Venezuela’ y se visten con las ropas más raídas de la migración, pero no hay un solo periodista que pregunte por la ‘presunta’ manutención que reciben desde los fondos de la apropiación ilegítima de los activos internacionales administrados por los gerentes de Juan Guaidó, su presidente no electo.
En el 2019, con ayuda de Iván Duque, la oposición venezolana usurpó la empresa estatal Monómeros Colombo Venezolanos que produce el 37 por ciento de los fertilizantes de Colombia. Su gerente, Jorge Pacheco, se apropió de las operaciones logísticas de la empresa y la llevó a la quiebra, poniendo en crisis la soberanía alimentaria de Colombia.
El momento más criminal de la historia
En el 2020, la Corte Suprema de Justicia de Inglaterra reconoció como única autoridad a Guaidó sobre el oro venezolano depositado en los bancos ingleses. La decisión ratificada en el 2022 es expresión de la piratería financiera del siglo XXI. Bajo la misma coartada del presidente no electo, Donald Trump gestionó la venta ilegal de la empresa CITGO, subsidiaria en los Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Es obvio que la Unión Europea, que este lunes advirtió “una grave crisis” en Venezuela si no se verifican los resultados electorales, se ha posicionado a favor de los saqueadores internacionales.
Cuesta entender la lluvia de lágrimas de la socialdemocracia latinoamericana y el discurso casi mántrico sobre ‘el autoritarismo de la izquierda’ y la ‘dictadura de Maduro’, cuando obvian la trayectoria criminal de los golpes, el lawfare, el saqueo contra las izquierdas y progresismos del continente, y la profusión del mercenariato internacional al mando de las empresas de seguridad de Israel, Estados Unidos y Colombia.
¿No estamos acaso en el momento más criminal de la historia de la democracia liberal que agoniza, cual Nerón, incendiando nuestro continente a su paso? ¿Cuál es el modelo que se ha impuesto a sangre y fuego sobre la voluntad popular en nuestro hemisferio? Lo cierto es que a la democracia liberal no le interesan los resultados electorales, tampoco los derechos humanos y mucho menos la soberanía de los pueblos.
A la ultraderecha golpista y a los paises que los dirigen y financian, no les interesa la democracia en Venezuela, y menos el bienestar de la sociedad. Su interés, por lo cual quieren tumbar como sea al Presidente Maduro, son las grandes reservas de petróleo, gas y oro.