Editorial VOZ 3156
El intento de golpe del domingo 8 de enero al Gobierno de Lula orquestado por la extrema derecha fracasó rotundamente. Sectores políticos de derecha ligados a Jair Bolsonaro, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad pública –que tuvieron acción connivente, facilitadora e instigadora–, y un conjunto de empresarios financiadores vinculados al gran capital mafioso internacional, son responsables de irrumpir por la fuerza en los edificios de gobierno en Brasilia para desconocer al nuevo presidente y llamar a derrocar el Gobierno.
La ultraderecha salió derrotada ante el rechazo de las fuerzas democráticas, que no respaldaron la invasión a las sedes de la presidencia de la República, del Congreso y de la Corte Constitucional, sino por el contrario, manifestaron su profundo rechazo al vandalismo, a la acción criminal y terrorista.
Además, esta intentona ha encontrado una contundente respuesta de los sectores populares que han salido a las calles para defender la conquista electoral del Frente Democrático, el cual logró un apoyo masivo para derrotar al neofascismo.
Desde el triunfo de Lula el 30 de octubre de 2022, las fuerzas reaccionarias brasileñas, siguiendo una práctica inaugurada en los Estados Unidos de Trump y sus aliados en 2021, han mantenido un clima de conspiración constante contra el nuevo gobierno que desembocó en una acción organizada en la que manifestantes se instalaron al frente de los cuarteles militares exigiendo un golpe de Estado mientras vociferaban que “la bandera de Brasil nunca será la roja del comunismo”.
Aunque aún se sigue investigando el origen de los recursos que facilitaron la acción contra el Congreso, se evidenció la orientación política premeditada, perversa y criminal, ratificada con la salida de Bolsonaro hacia la Florida, Estados Unidos, unos días antes de la posesión de Lula, donde fue recibido con vítores por los seguidores de Trump en el aeropuerto de Miami.
El exmandatario prefirió irse del país antes que entregar la faja presidencial a Lula, dejando claro de esta manera que no aceptaba su derrota, que a su vez, es la pérdida del proyecto neofascista con pretendidas intenciones de hacer a la extrema derecha un jugador determinante en el continente.
Vale decir que esa actitud, entre infantil e insensata, tampoco trajo los resultados esperados de desmoralizar al nuevo gobierno. La posesión de Lula fue una cita democrática a la cual asistieron más de 20 jefes de Estado de América Latina y el mundo, incluido al presidente colombiano Gustavo Petro, quien recibió el abrazo efusivo de Lula.
Ya es de conocimiento público que hay una cierta identidad de elementos comunes en la manera como programáticamente Colombia y Brasil hoy encaran algunos de los problemas de la agenda pública, especialmente en lo concerniente al tema ambiental, en el combate al hambre, la pobreza y la recuperación de los derechos laborales, desconocidos y recortados por las administraciones previas en ambos países.
Por todo ello es que el capital ligado a la guerra y al flujo internacional de armas ha buscado integrar a las fuerzas sociales y políticas más reaccionarias, con el fin de generar un ambiente de desestabilización no solo en Brasil, sino en el conjunto del continente.
Estos grupos, que tienen una peligrosa línea de comando y que además ostentan el control de grandes grupos de medios de comunicación, y los cuales componen toda una arquitectura para la mentira y la desinformación, se han trazado como objetivo liquidar los gobiernos progresistas, e impedir que avancen sus programas pensados para la ejecución de políticas sociales dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares.
Además, la ultraderecha latinoamericana es un factor clave del imperialismo, pues varios de los gobiernos progresistas han propuesto un giro en su relación con los Estados Unidos. Hay que tener claro que esta cruzada contra la paz y la democracia emprendida por la ultraderecha y los grandes capitales trasnacionales, hace parte de una agenda mundial.
Por eso hay que señalar la gran importancia que reviste el primer acto del gobierno Lula: derogar el decreto de Bolsonaro que facilitaba la compra de armas y municiones para el grueso de la sociedad, y con el cual se quería atender a las exigencias de los sectores del militarismo internacional.
Los atentados contra la democracia que hemos visto en Brasil requieren de la acción inmediata y conjunta de los gobiernos progresistas. Esto implica una depuración de las instituciones gubernamentales con relación a aquellos que tienen y manifiestan compromisos contrarios a la paz, que aún resisten a la eliminación de la violencia como forma de solución de conflictos y que se oponen al diálogo y la busca de caminos de convergencia para avanzar en función de los intereses del pueblo.
Es necesario, desde luego, avanzar en la movilización ciudadana, popular, amplia y participativa. Al fascismo se le vence, así como la democracia y los derechos se conquistan en las calles.
