Se acrecienta la centralización empresarial que conforma monopolios que imponen precios a los bienes de consumo masivo y afectan la capacidad adquisitiva de trabajadores, campesinos y consumidores
Jeison Alfonso
La concentración empresarial es el incremento del capital de una empresa a través de la acumulación de la plusvalía que crean sus trabajadores, es nueva plusvalía. Una empresa, a su vez, puede adquirir otra u otras, es decir, estaría comprando plusvalía ya generada en esas empresas que se adquieren. Es el desarrollo típico, natural del modelo capitalista. En Colombia, donde predomina este sistema, no es ajeno a este proceso. Veamos:
Según la Cámara de Comercio, en 2023 existían en Colombia 1.740.168 empresas registradas, pero solo cincuenta compañías analizadas del total, controlan la actividad económica y concentran la mayor parte de la riqueza nacional, así lo confirma el informe de la Superintendencia de Sociedades.
De acuerdo con este informe, estas cincuenta empresas representan el 44 por ciento de los ingresos, el 53 por ciento de las ganancias, el 42 por ciento de los activos y el 39 por ciento del patrimonio total de las empresas analizadas. Además, el 71 por ciento de las sociedades listadas hacen parte de conglomerados, donde 98 de ellas participan como matrices o controlantes y 607 lo hacen como subordinadas.
Lo grupos financieros controlan la economía
Los datos proporcionados por el citado informe, dejan claro no solo que un número reducido de grandes empresas concentran la producción, ventas y las ganancias, sino también que la propiedad de esas mismas empresas se encuentra altamente centralizada; esto último incluso más allá de lo que indica la SuperSociedades, pues el citado informe no tiene en cuenta que, por encima de los conglomerados controlantes de las distintas empresas, se encuentran grupos financieros que, sin estar constituidos necesariamente como personas jurídicas, aglutinan capitales de distintas ramas productivas, dirigen la producción nacional y actúan en la práctica como “grandes capitalistas colectivos” (Silva, 2020).
Por ejemplo, D1 S.A.S, que ocupa el séptimo puesto de la lista y que supera al Éxito como la empresa líder del subsector de comercio al por menor, es propiedad del conglomerado Valorem, que a su vez hace parte del grupo financiero Santo Domingo. Por medio de Valorem, los Santo Domingo dirigen empresas importantes como la mencionada D1, Cine Colombia, Caracol TV, El Espectador y Gases del Caribe (puesto 91 de la lista). Sin embargo, eso no impide que este grupo controle otros negocios a través de distintas sociedades, tal es el caso de la cadena de Hoteles Decamerón, propiedad del Fondo Terranum, del cual el grupo Santo Domingo participa en asocio con capital extranjero.
La “libre competencia”
Así, lejos del “mundo idílico de la libre competencia”, se observa una situación en que unos pocos actores económicos tienen la capacidad de imponer las reglas de juego del mercado. Sin embargo, este control monopólico que ejercen los grupos financieros y conglomerados sobre la economía colombiana no constituye la negación de la competencia y el desarrollo capitalista, sino que representa su resultado lógico y da lugar a un tipo de competencia que se desarrolla sobre la base del dominio del gran capital (Silva, 2020).
Impacto a la clase popular
Como es obvio, este proceso de concentración de la producción deja varios perdedores. En primer lugar, los trabajadores, para los cuales el control del capital sobre el trabajo implica peores salarios y precarias condiciones de vida, más aún cuando en el país tiene lugar un persistente desempleo (10 por ciento), una alta informalidad (56 por ciento) y una débil organización sindical.
En segundo lugar, los consumidores, pues se crea un escenario favorable para la fijación de precios de monopolio para bienes de amplio consumo popular; la restricción de la oferta y el intercambio de información entre las empresas que controlan el mercado, así lo evidencia la conformación de los carteles empresariales de los cuadernos, el azúcar, el arroz, el papel higiénico, los pañales, el cemento.
En tercer lugar, la economía campesina, pues unas pocas empresas controlan la oferta y demanda de variados productos e insumos agropecuarios, estas compañías imponen su precio, tal es el caso de pequeños cultivadores de cacao, café, arroz y azúcar que se encuentran en manos de compañías como Nutresa, Luker, Diana e Incauca.
Finalmente, la sociedad en su conjunto, pues la concentración y centralización de capitales incide en una mayor desigualdad social y regional. Así, mientras el 60 por ciento de los trabajadores colombianos gana menos de un salario mínimo, los capitalistas, que representan solo el 4 por ciento de la población, se apropian del 40 por ciento del ingreso nacional; al tiempo que, la mayor parte del ingreso, la producción y la demanda laboral del país se concentra en unas cuentas regiones. Por ejemplo, solo Bogotá, Cundinamarca y Antioquia participaron del 77,9 por ciento de los ingresos de las empresas más grandes en 2023.
Transnacionalización y desnacionalización
Entre el año pasado y este se han producido importantes movimientos en algunas estructuras empresariales. Por ejemplo, Éxito fue adquirido por el Grupo Calleja de origen salvadoreño; Argos USA se combinó con Summit Materials para conformar la cuarta plataforma de cemento más grande de Estados Unidos; Nutresa pasó a manos de los Gilinski que, a su vez, cederá una parte a sus socios de Emiratos Árabes, IHC Capital Holding LLC.
Estos tres movimientos dan cuenta de la comunión entre los grupos financieros de origen nacional y el capital financiero internacional, donde, los primeros, obtienen porciones cada vez mayores de su ingreso total de inversiones en el exterior, y, el segundo, se hace con una amplia presencia en diferentes ramas de la actividad económica local. Como resultado, se consolida el carácter periférico de la economía colombiana, ahora bajo la tutela del capital transnacional (nativo y extranjero).
Ampliar la propiedad estatal
En este escenario, aunque debilitado, el Estado-Nación sigue jugando un papel importante como vehículo de los intereses del gran capital. En ese sentido, la lucha contra el “poder real”, encabezado por el capital transnacional, no solo debe disputar la conducción del aparato estatal, sino también la dirección de la actividad económica, razón por la cual, ampliar la propiedad estatal e impulsar formas de propiedad colectiva como la economía solidaria y popular, se convierte en un objetivo estratégico para el futuro del proceso de cambio en curso.
El modelo económico y social implementado en China, es el ideal para lograr mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Se permite la propiedad privada, pero estrictamente regulada por el estado.