domingo, junio 16, 2024
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De la universidad corporativa al rector “Guaidó”

El trasfondo de la actual situación son intereses económicos de una élite políticoacadémica

Francisco Javier Toloza, Docente UN.

Tras 20 años de rectorías impuestas y administraciones neoliberales en la Universidad Nacional, la comunidad universitaria escogió como rector al profesor Leopoldo Múnera Ruiz en la consulta del pasado 11 de marzo.

En una expresión nítida de lucha de clases, la facción económica que se ha venido apoderando del poder constituido de la institución burló la decisión de la comunidad, con triquiñuelas matemáticas y fletando la traición de algunos representantes de los estamentos.

No obstante, la indignación estalló y se echó a andar un proceso constituyente universitario que empieza a develar la desfiguración del carácter público de la Nacional durante dos décadas y a repensar la democracia universitaria.

La respuesta del grupo que se apropió de los recursos y cargos de la principal casa de estudios del país rayaría en el ridículo y tiene implicaciones penales. Tras el espectáculo macondiano de un rector autoposesionado a hurtadillas en notaría, sin acta en firme de la reunión espuria del Consejo Superior Universitario, CSU, sin acto administrativo que lo acredite y que pretende dirigir a la Nacional sin pisar el campus, está la disputa por un modelo de universidad corporativa y antidemocrática de la que se han lucrado.

El cartel de las APP de la Nacho

A pesar de los ingentes recursos oficiales, cercanos a tres billones de pesos en 2024, no representan la totalidad de los que se administran. La administración de Dolly Montoya, heredera de las rectorías neoliberales de Palacios, Wasserman y Mantilla, ha sido prolífica en la constitución de una red de alianzas público-privadas, APP, que, aunque constituidas con dineros del erario, escapan al régimen de contratación pública y a los controles de la democracia universitaria.

Entidades como Rotorr; Méntor; Instituto de Liderazgo Público; Prodeminas; la Corporación Interuniversitaria de Servicios, CIS; o el Fondo de Apoyo Estudiantil, Faeun, fundadas ─o refundadas─ por la UN, manejan contratación, labores misionales del alma mater e importantes presupuestos sin mayor posibilidad de participación de la comunidad, dado su funcionamiento dentro del derecho privado.

Este tema se ha convertido en parte del actual debate sobre democracia y transparencia en la Nacho, ya que se podrían estar manejando rubros que superan el presupuesto de las llamadas “sedes de frontera” (Tumaco, Orinoquía, Amazonas) o el de varias universidades públicas territoriales.

Rotorr, constituida hace menos de un año con 300 millones en efectivo, tuvo contratos de la UN por más de noventa mil millones en tres meses solamente de la Facultad de Minas de Medellín, dirigida por Verónica Botero, en lo que pareciera ser una autentica terciarización de funciones y personal.

Algunas movidas

La CIS, en sociedad con otras universidades de Antioquia, reportó ingresos legales de más de 177 mil millones en 2023. Montoya también fundó su propio “think tank” de incidencia política, con socios de clara alineación ideológica como la Fundación Corona o la USAID, el denominado Instituto de Liderazgo Público, ILP. Aquí nuevamente repite junta directiva la rectora, pero ahora en compañía de Adexun, Asociación de Egresados de la UN, que, según su estado financiero, en 2021 contaba con un patrimonio de 4,5 millones de pesos. No obstante, el ILP reportó en Cámara de Comercio movimientos por más de 1800 millones de pesos.

Otro ejemplo de la creación de este tipo de entidades, donde se difumina los límites entre lo público y lo privados, es el Faeun, que se define como una iniciativa de la UN con docentes “corporados”, que, aunque preside su rectora, nombra profesores eméritos para su consejo directivo. En este caso se trata del exrector Moisés Wasserman, uno de los patriarcas del clan que ocupa la dirección de la UN desde hace dos décadas y de su vicerrector y constructor sub judice Fernando Montenegro.

El Fondo, a través de una fiducia, busca donaciones para dirigirlas a la manutención estudiantil, sin embargo, no es claro por qué dicho procedimiento se hace a través de una entidad externa a la institucionalidad existente para tal fin, ni mucho menos el papel de la comunidad en la veeduría de los recursos.

La información aquí también es opaca y genera controversias cuando justamente uno de los temas álgidos de la presente coyuntura es la exigencia por parte del estudiantado de programas de bienestar que garanticen su permanencia, particularmente a beneficiarios de los programas de admisión especial, provenientes de regiones y comunidades con bajos ingresos económicos. El Fondo, creado hace cuatro meses, tiene un patrimonio de más de 565 millones de pesos.

Hacia un des-peña-dero

Son estos intereses económicos gestados en el modelo neoliberal de universidad, los que explican cómo se le dio la vuelta al resultado de la consulta, ayudados por el entonces representante del Consejo de Educación Superior, CESU, y otrora gerente de la campaña de Martha Lucía Ramírez, Humberto Rosanía.

Abundan los análisis de la ilegalidad de la decisión mayoritaria de aquel CSU: hubo concierto previo en la casa del exrector Mantilla, se violentaron derechos fundamentales con la escogencia del cuestionado Método Borda, ya que se alteró el debido proceso, el derecho a elegir y ser elegidos, así como la autonomía universitaria, que lejos de ser autarquía de las directivas debe ser respetuosa de las normas de la institución.

La salida la tiene la ministra de Educación: aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante la irregular decisión del 21 de marzo y repetir el proceso de elección con respeto al orden jurídico vigente y al clamor de la comunidad universitaria.

Peña ─como Guaidó en su momento─ es un autoposesionado: no es ni rector ni miembro del CSU. Y ya Dolly Montoya, en medio de una nueva “jugadita” política mal calculada, tampoco es rectora, dejando su cargo vacante de forma irresponsable.

En la Nacional, los docentes, estudiantes y trabajadores la tienen clara: hay que desatar el poder constituyente desde abajo y cambiar las normas que hoy castran la posibilidad real de cogobierno. Insistiremos en ello, y es deber del poder constituido reconocer este ejercicio de democracia y de poder que empieza a insurgir.

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1 COMENTARIO

  1. Desde Cali apoyamos a los profesores, estudiantes y trabajadores de la Nacional, en su derecho a elegir un verdadero Rector que vele con eficiencia y transparencia por los intereses de la comunidad universitaria.

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