El desarrollo de la propuesta de reindustrialización no ha contado con la celeridad que se requiere para dejar sentadas las bases de un proceso de reactivación y de crecimiento de la estructura industrial del país
Carlos Fernández
La noticia del cierre de la operación de ensamblaje de vehículos de la General Motors, en Bogotá, no fue una buena noticia. Tampoco su conversión en una operación comercial de importación y venta de los automotores más modernos de la transnacional. El Gobierno nacional está abocado desde hace tiempo a impulsar una política de reactivación económica que saque al país del estado de estancamiento, e incluso, de retroceso en que se halla. Y una medida como la de la General Motors no va en ese sentido, precisamente. Es sabido que ella obedece a la necesidad que tiene la transnacional de organizar su producción de acuerdo con las nuevas exigencias de la demanda, que apuntan a elevar la participación de los vehículos eléctricos e híbridos dentro del parque automotor y que no pueden ser producidos en el país, dado el bajo nivel tecnológico de su planta en Colombia.
¿Reactivación o transformación productiva?
Lo más urgente para la economía colombiana, en el actual momento, es lograr su reactivación, es decir, elevar los niveles de producción y de consumo de los distintos sectores económicos. Uno de los ejes de aquella es el uso del gasto público como factor de impulso a la elevación de la actividad económica. La ejecución presupuestal es baja y no está contribuyendo como se requiere a la reactivación de la economía, con lo cual los niveles de empleo empiezan a verse afectados.
Esta urgencia se entrelaza con la necesidad, a más largo plazo, de cumplir con uno de los puntos clave del programa de gobierno del Pacto Histórico, a saber, la reindustrialización de la estructura productiva nacional. Esta propuesta surge de un diagnóstico claro sobre cómo, desde el gobierno de César Gaviria, con su famosa apertura, se desmontaron en el país las pocas y precarias estructuras industriales que se tenían.
Ya, a mediados de los años noventa, la CEPAL ─Comisión Económica para América Latina─ promovió un programa llamado de transformación productiva con equidad, que se alineaba con las tendencias de política económica dominantes en ese momento pues, entre otras cosas, promovía el paso “de la administración de un sistema de protección a la conducción de un proceso de apertura gradual y selectiva” y promulgaba el desplazamiento de la prioridad “de la participación pública en la expansión de la capacidad productiva a la inducción de la articulación intersectorial”. En otras palabras, apertura al capital transnacional y disminución de la participación del Estado en la actividad económica.
El FMI y la reindustrialización hoy
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional evidenció, no sin preocupación, que “la política industrial está de vuelta, pero acertar con ella no es fácil”. Al Fondo le preocupa que, luego de más de 20 años de desarrollo industrial en China, basado, inicialmente, en el capital privado y la inversión extranjera con supervisión estatal y continuado, más recientemente, con una mayor participación del Estado, los Estados Unidos y la Unión Europea hayan, recientemente, abrazado explícitamente las políticas de apoyo a la industria. Esto obedece al proceso de fragmentación económica promovida por las transnacionales y países involucrados en la competencia monopolística en las condiciones actuales, que han generado riesgos de guerra mundial.
En artículo de la revista Finanzas y Desarrollo del FMI, firmado por Douglas Irwin, se plantea la pregunta, sin cuestionar el derecho de las grandes potencias a desarrollar políticas industriales, de si los países menos desarrollados deben adaptarse a un supuesto y fementido consenso entre Washington, Bruselas y Beijing para desarrollar, ellos también, procesos de reindustrialización. La respuesta de Irwin es que ese es un lujo que los países más pobres no pueden ni deben darse.
La andadura de la reindustrialización en Colombia
Aun yendo en contravía de lo expresado por el FMI, la propuesta de reindustrialización planteada por el Gobierno es acertada, lo cual no significa un retorno al pasado, sino que se adapta a las necesidades actuales de hacer la transición energética, de priorizar el conocimiento científico y técnico en su implementación y de propender por la superación de las desigualdades territoriales y sociales que persisten en la estructura económica del país.
Hasta ahora, el Gobierno ha expuesto su política en dos documentos. El primero, elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y presentado en febrero de 2023, sienta las bases de la política de reindustrialización, hace el diagnóstico de su necesidad y plantea las estrategias e instrumentos para ejecutarla. El segundo es el documento CONPES 4129 de diciembre de 2023, mediante el cual se adopta oficialmente la política. A comienzos de este mes de mayo, el ministro de Hacienda anunció que se van a presentar cuatro proyectos de ley que apuntan a impulsar la reactivación económica pero que están también pensados como herramientas para apoyar la reindustrialización.
Tales proyectos apuntarían a: (i) elevar el cupo de endeudamiento del Gobierno; (ii) efectuar cambios tributarios consistentes en disminuir la tasa nominal del impuesto de renta de las empresas y en establecer estímulos tributarios a la implantación de energías renovables y al desarrollo del turismo; (iii) flexibilizar la regla fiscal para darle al gobierno mayor capacidad de maniobra con las finanzas públicas y (iv) establecer inversiones forzosas al sector financiero para orientar recursos hacia la construcción de vivienda, el desarrollo de energías renovables, la integración digital y la construcción de infraestructura de salud y educación.
El desarrollo de esta propuesta programática no ha contado con la celeridad que se requiere para dejar sentadas las bases de un proceso de reactivación y de reindustrialización del país. Habría que hundir más el acelerador si se quiere generar procesos irreversibles al respecto.
Se requiere que el gobierno actúe con decisión y prontitud en la reactivación de sectores claves de la economia, tales como el sector de la construcción. Se requieren reformas y «sacudidas» en el Ministerio de Vivienda y en el Fondo Nacional del Ahorro. En estas dos entidades está estancado el desarrollo del sector de la construcción, el cual genera miles de empleos directos e indirectos.