Editorial 3244
La defensa de la Constitución y la democracia es un imperativo en tiempos de lawfare, una forma de guerra jurídica contra el voto y la decisión mayoritaria del pueblo. En esta batalla, el objetivo principal a eliminar o neutralizar es el presidente Gustavo Petro.
Pero no es una guerra contra la persona del jefe de Estado colombiano, es contra las reformas, los cambios y las políticas de redistribución de la riqueza, la inclusión de las mayorías excluidas históricamente, contra la justicia social y las inversiones que buscan transformar los empobrecidos territorios, es contra el pueblo y la gente común.
No es solo una lucha jurídica, es ante todo una disputa política. Detrás de este golpe, moviendo los oscuros hilos de los poderes que añoran la cómoda corrupción que les permitía robar y vivir del erario público, se encuentran las fuerzas ultraderechistas del uribismo, del vargasllerismo, el tenebroso exfiscal Néstor Humberto Martínez y los que se reunieron hace poco en la capital del Atlántico en un evento de Fenalco, Alejandro Char (Barranquilla), Alejandro Éder (Cali) y Federico Gutiérrez (Medellín). Esos son los poderes que conspiran contra las reformas y los cambios, los guerreristas de siempre.
Pero no pasarán. El Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista Colombiana, integrantes del Pacto Histórico, rechazan con vehemencia la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, en torno a abrir investigación y formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro Urrego, así como a dos organizaciones integrantes de la coalición Pacto Histórico.
Con esta decisión, el CNE transgrede la Constitución Política al desconocer el juez natural del presidente de la República y viola las obligaciones internacionales del Estado colombiano, dejando en evidencia el espíritu golpista de un establecimiento económico y político huérfano del poder gubernamental, marcando un peligroso precedente para el futuro democrático del país.
Las competencias del CNE, según la normatividad electoral (Ley 996 de 2005), tienen que ver con la investigación de los topes en campañas, mas no al presidente de la República. Sin embargo, como también lo indica la ley, “La denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección presidencial”. Es decir, el CNE perdió competencia para investigar dicha campaña, lo que configura una extralimitación de sus funciones con la clara intención de desestabilizar al país.
Este intento de derrocamiento por vía “institucional” es un golpe de Estado “blando”. Se equivocan sus inspiradores si creen que el pueblo colombiano va a cohonestar la reversión de sus conquistas y la necesidad de consolidar su lucha por la justicia social, ambiental y de género.
Frente a esta difícil coyuntura, el Partido Comunista y la Juventud Comunista reafirman su compromiso con el presidente Gustavo Petro, con el Gobierno y el proceso de cambios, con las reformas sociales y el programa en ejecución Colombia, Potencia de la Vida. De igual forma, respaldan el llamado que hace el jefe de Estado a movilizarnos permanentemente en defensa de la voluntad popular y la democracia.
Todo el pueblo trabajador, las organizaciones políticas, sociales y culturales, las ciudadanías libres que luchan por las transformaciones, están convocados a defender lo que en las urnas se ha ganado. Derrotar el golpe blando es defender los derechos del pueblo, de los pobres de los territorios que comienzan a ver cómo se transforman sus vidas con el gobierno del cambio.
(*) Apartes del comunicado del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista y la Juventud Comunista, 9 de octubre de 2024
La mayoria de los Colombianos no permitiremos de ninguna manera, golpe de estado o destitución. El voto se respeta y lo haremos respetar de todas las formas posibles, cueste lo que cueste.