jueves, marzo 28, 2024
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Nuevas instituciones para el cambio

El institucionalismo no es una teoría adecuada para interpretar el proceso de cambios que vive Colombia

Carlos Fernández

En una entrevista para el periódico El Colombiano de Medellín del 2 de marzo, Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, señalaba que, en el gobierno de Petro, “hay una tensión muy fuerte entre el sueño y lo posible. Porque él quisiera cambiar el mundo muy rápido, pero lo posible es otra cosa”. Y añadía: “Lo posible parte por el orden institucional colombiano, que es muy difícil. Las normas que nosotros tenemos dificultan mucho los cambios. Y porque las propuestas del presidente son muy audaces”.

En otro contexto, el exfiscal y exministro Néstor Humberto Martínez, para referirse al centenario de la creación del Banco de la República, en un artículo publicado por el diario El Tiempo el 2 de abril, hablaba, no sin cierta mala leche, de “estos tiempos, en que está a prueba nuestra arquitectura institucional”.

Las dos citas, hechas por personajes que están en orillas opuestas de la política, apuntan a un elemento clave que sobrevuela el contenido de la discusión respecto al cambio que se ha propuesto el gobierno del Pacto Histórico: el desarrollo y el papel de las instituciones en el proceso de cambio.

Institucionalismo y nueva economía institucional

En el desarrollo del pensamiento económico del siglo XX y de lo que va corrido del XXI, se destaca una corriente teórica que aborda el tema del papel de las instituciones en la evolución de la economía y apela a herramientas conceptuales de otras ciencias sociales para explicar la marcha de la economía desde una perspectiva integral.

En realidad, se trata más que una corriente de pensamiento. Primero se habló del institucionalismo, inaugurado por el eminente sociólogo y economista estadounidense Thorstein Veblen, para quien el progreso económico, que él englobaba en el término de tecnología, se veía afectado por la esfera ceremonial o ritual de la sociedad. El mercado es, para los institucionalistas, un conjunto de relaciones que resulta de la interacción de diversas instituciones de toda índole y esta interacción termina afectando el comportamiento de los individuos.

Entre las instituciones consideradas, se destacan no solo las organizaciones formales, las empresas, el gobierno, pero, también, el conjunto de normas jurídicas o sociales, las tradiciones culturales y otras que, de una u otra manera, condicionan el avance del progreso material, siendo ellas, al mismo tiempo, resultado de ese avance.

Una variante del institucionalismo es la denominada nueva economía institucional, que introduce las nociones de costos de transacción y derechos de propiedad en la actividad económica, con las cuales se pretende introducir mecanismos de eficiencia en la elaboración y ejecución de los contratos, explícitos o informales, que suscriben los individuos y las organizaciones en desarrollo de la actividad económica.

El neo-institucionalismo

A partir de los años setenta y ochenta del siglo pasado, surgió, como reacción a las deficiencias analíticas del institucionalismo y de la nueva economía institucional, una nueva visión de las instituciones, caracterizadas como los espacios y las reglas, escritas o no, en los cuales se adelanta la actividad económica de las personas.

Para Oliver North, el principal exponente de esta corriente, las instituciones son los mecanismos de que se dota la sociedad para minimizar los costos que van implícitos en toda interacción económica.

El abordaje institucionalista de la economía, en sus distintas vertientes, presenta varios aspectos positivos entre los que se destaca el fuerte cuestionamiento de categorías etéreas que no aportan mucho al conocimiento de la realidad, como la del homo œconomicus; la incorporación de conceptos de otras ciencias sociales, en particular de la política y el derecho, para dar una explicación más comprehensiva del funcionamiento de la estructura económica; el abandono de nociones típicas de la economía convencional, en particular, en su variante neo-liberal, como la de productores y consumidores que actúan como agentes económicos completamente racionales e informados, o la noción de los costos que debe asumir la sociedad o actores económicos particulares en el desarrollo de su actividad como productores o consumidores.

Las insuficiencias del institucionalismo

Aunque, en ocasiones, esta corriente de pensamiento consideró que superaba las limitaciones de otras corrientes teóricas, incluido, supuestamente, el marxismo, choca hoy en día, también, con sus propias limitaciones para explicar el funcionamiento de la sociedad y de la economía.

El institucionalismo no da cuenta, por ejemplo, de por qué se presentan retrocesos institucionales (en las normas, en el funcionamiento de las organizaciones, etc.) que afectan a sectores de la población que votan por esos retrocesos. Tampoco explica por qué, si bien se presentan factores de cooperación en el nivel comunitario de la sociedad, que implican defenderse del propio Estado o salir adelante económicamente a pesar del Estado, no se logra esta cooperación en el plano nacional y menos internacional, con temas tan álgidos como la lucha contra el cambio climático.

Se requiere otra visión

Volviendo a las declaraciones de los personajes citados al comienzo, vemos dos actitudes frente a las instituciones: González visualiza la dificultad de hacer los cambios porque el Pacto Histórico asumió el compromiso de hacerlo dentro de la institucionalidad vigente que, como él mismo lo dice, está diseñada para que los cambios no afecten a los sectores dominantes.

Y no es que la plutocracia colombiana o de cualquier país no promueva cambios. Pero los promueve en su beneficio. Un ejemplo,  durante varios gobiernos manejados por la oligarquía colombiana se intentó y, al final, se logró disminuir los beneficios laborales representados en las horas extras, en la remuneración nocturna y de los festivos, etc.

La propuesta de reforma laboral busca recuperar esos beneficios y ya tenemos a la horda de defensores del status quo señalando las supuestas inconveniencias de esa recuperación de ventajas para los trabajadores en relación con el empleo y la formalidad del trabajo.

El caso de la reforma a la salud es aún más evidente. Los defensores del sistema actual han enfocado la discusión en lo grave y traumático que sería acabar las EPS y no en la profundidad del cambio que implica pasar de una concepción de la salud como mercancía a una que considera la salud como un derecho.

El desarrollo institucional de una u otra concepción no puede ser el mismo y debe trascender la noción de instituciones públicas o privadas o público-privadas que administren el sistema para llegar a una institucionalidad que garantice el derecho a la salud con el menor costo posible para la sociedad y para las personas individuales.

Por eso hablábamos de la mala leche de Néstor Humberto cuando señalaba el supuesto riesgo en que está la estructura institucional del país. Lo que está en riesgo, de lograrse el cambio propuesto, es que los sectores más poderosos del país dejen de seguir apropiándose y usando la institucionalidad en toda su complejidad solo para su servicio. Ése es su temor y contra eso han enfilado sus baterías. Por eso llaman a defender las instituciones actuales. En esto no hay que equivocarse.

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