Los jóvenes decidirán

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Foto Colectivo Brecha

La afirmación de que los pobres son quienes pelean las guerras, ha llegado a repetirse tanto que se ha convertido en una verdad de a puño confirmada cada día con las actuaciones de la burguesía colombiana, sus aliados los latifundistas y los máximos ejecutores de la violencia, el paramilitarismo, y los ejércitos de los narcotraficantes. Pero ahora afortunadamente a los jóvenes del país que siempre han padecido la violencia se les apareció la diosa de la fortuna, Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

La historia del conflicto armado es la historia de una guerra impuesta por las élites sociales y políticas al campesinado y al pueblo trabajador. Pero como siempre ha sucedido en este país, esas guerras las hacen por interpuestas manos. En el siglo XIX los muertos los pusieron los campesinos analfabetos que fueron llevados a las contiendas manipulados o como mercenarios ya que eran los peones de sus fincas.

Esa violencia la utilizaron para desplazar a los pequeños y medianos campesinos de las tierras de cultivos que ellos les habían arrancado a las selvas.

Otro capítulo de esa violencia es la que hicieron los conservadores a finales de los años 40 y los inicios del 50, Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, quienes convirtieron la Policía en los chulavitas, una especie de preparamilitares que azotaron las regiones campesinas pobladas por liberales y comunistas, no solo para apoderarse de sus tierras sino también para obligarlos a votar por sus líderes para alterar la correlación de fuerzas políticas que antes de la violencia favorecía a los liberales.

A partir de los 70 la burguesía cambió la modalidad de la violencia y se aliaron con narcotraficantes y terratenientes y conformaron los grupos paramilitares. Asesinado para infundir terror entre los pequeños y medianos campesinos quienes huyeron y les dejaron sus tierras de cultivos a disposición de esos terroristas.

Además, impusieron el reclutamiento forzado de jóvenes para formar el Ejército que responde a las políticas implementadas por los Estados Unidos en América Latina. En esa forma los jóvenes eran perseguidos, capturados y obligados a enrolarse en el Ejército. De esta cacería humana solo se escapan los hijos de las minorías privilegiadas quienes saben que nunca serán sometidos a la disciplina militar. Excepto para ocupar los cargos del generalato.

Sin embargo, es claro que las clases populares se ven forzadas a aceptar los roles que el sistema les impone. Como ante otros escenarios de injustica, hay expresiones de resistencia y lucha, que en este caso concreto van desde la evasión, hasta las formas de organización para ejercer el derecho de objeción de consciencia, garantizado en la Constitución de 1991.

Ante esto, la beligerante institucionalidad militar ha respondido persiguiendo a los jóvenes en las calles, desatando una cacería humana para enrolarlos en las Fuerzas Armadas en contra de su voluntad.

En los últimos años, las autoridades han intentado eliminar esta práctica, conocida como “batida”. En 2017 se le prohibió a la fuerza pública la realización de detenciones y operativos sorpresa con fines de reclutamiento. No obstante, en varias ocasiones los militares han desafiado a las autoridades civiles lanzado campañas de reclutamiento que incluyen las ilegales “batidas”, tal como ocurrió en los últimos días del gobierno Duque.

El primero de agosto se lanzó una campaña de reclutamiento con la que se espera integrar a más de 18 mil jóvenes como nuevos soldados. Así pues, en calles y plazas del país hemos visto a grupos de militares hostigar e intimidar a hombres jóvenes con el fin de cumplir las metas de reclutamiento.

Con el inicio del nuevo gobierno ha comenzado a renacer la esperanza de que las prácticas en torno al reclutamiento comiencen a cambiar. Y esto no solo por la perspectiva de paz, sino por los anuncios que tanto el presidente Petro como el ministro de Defensa Iván Velázquez, han hecho en el sentido de que entren a la carrera militar los jóvenes que así lo dispongan, sin que sean compelidos por ninguna disposición oficial.

Para lograr transformaciones importantes de cara a la fuerza pública se necesita una autoridad civil que respete la autonomía de los jóvenes y eliminar todo tipo de acción arbitraria para forzar las conductas de los ciudadanos. Y en estos primeros días de gobierno del Pacto Histórico se han enviado importantes mensajes en este sentido.

Todas las decisiones tomadas hasta ahora por el Gobierno de Gustavo Petro, incluidas las que estamos comentando le han demostrado a la ciudadanía que el discurso del Centro Democrático a través de las intelectuales Paloma Valencia y María Fernanda Cabal son simples peroratas de políticos que no asimilan decentemente sus derrotas.

Los jóvenes que heroicamente se movilizaron en los dos últimos años han sido recompensados por las acciones y el programa del Pacto Histórico. ¡Enhorabuena los jóvenes decidirán autónomamente el curso de sus vidas!