El Gobierno aprobó el Conpes 4129 por 7,8 billones en los próximos diez años. El objetivo es el tránsito de una economía extractivista a una sostenible y del conocimiento, fortalecer la producción nacional y dar un papel importante a los territorios y a la economía popular
Carolina Castro
En la producción de bienes y servicios de los sectores económicos que componen su base productiva, el país tiene una baja generación de valor agregado. Lo anterior se traduce en la baja productividad y competitividad de la economía a nivel mundial, tanto así que en las últimas dos décadas la productividad se mantuvo estancada e incluso, para 2022, tuvo tendencia a la baja.
Es así que el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lanzó la política de reindustrialización para hacer tránsito de una economía extractivista a una economía del conocimiento, productiva y sostenible, esto con el principal objetivo de cerrar brechas en la productividad, fortalecer los encadenamientos productivos y la inversión, diversificar y diferenciar la oferta exportadora con bienes y servicios de mayor valor agregado, y profundizar la integración con América Latina y el Caribe, todo esto a través del fortalecimiento del aparato productivo nacional del sistema empresarial y comercial, teniendo en cuenta a las pequeñas empresas, e incluso aquellas del sector informal que componen la economía popular.
El Conpes
El pasado 21 de diciembre de 2023, el Gobierno nacional aprobó el Conpes 4129 de Reindustrialización, que prevé inversiones en más de treinta entidades del ejecutivo por 7,8 billones de pesos en los próximos diez años, iniciativa que incluye más de veinte proyectos estratégicos y 147 acciones.
La construcción de esta política ha involucrado distintos sectores en el marco de catorce encuentros por la reindustrialización en varias regiones del país. Cabe resaltar que este proceso es una responsabilidad compartida con el sector privado.
Por esto, también se busca impulsar y visibilizar proyectos estratégicos de iniciativa privada, para lo cual es necesario modificar el decreto 155 de 2015, que permita que los proyectos de iniciativa privada que son estratégicos para la generación de valor y creación de nuevos empleos, cuenten con el apoyo del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
Los puntos de la política
La política de reindustrialización presentada se basa en cinco apuestas productivas con destinación de recursos. La primera ha sido llamada Transición Energética Justa, iniciativa en la que se invertirán 1,83 billones de pesos. El Estado promoverá y fortalecerá industrias relacionadas con Fuentes No Convencionales de Energía, FNECER: la electromovilidad en vehículos, la producción y ensamble de vehículos con tecnologías de cero y/o bajas emisiones para los modos carretero, fluvial, férreo y marítimo. Asimismo, buscará fortalecer las cadenas productivas que agreguen valor a los minerales estratégicos como el oro y el cobre.
El segundo punto es el potenciamiento de la agroindustria y la soberanía alimentaria, lo que significa inversión de 1,58 billones de pesos. Con esta propuesta, el Gobierno quiere, por un lado, que la agricultura se articule a la industria fortaleciendo cadenas productivas ─panela, maíz, lácteos, carne, papa, arroz, entre otras─, mientras, por otro lado, se trabaja en el mejoramiento de variedades y el desarrollo de sistemas de georreferenciación agrícola. En materia logística, se fortalecerán las plazas de mercado y centros de acopio para mejorar las condiciones de transformación, generación de valor agregado y comercialización.
En tercera medida, el ejecutivo apuesta por la industria de la salud y para ello se plantea una inyección financiera de 1,68 billones de pesos. Con esto, se quiere recuperar la capacidad de producción local de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos.
El cuarto punto es un cambio en el paradigma en el sector defensa, estrategia en la que el Gobierno invertirá cerca de 200 mil millones de pesos. La idea es optimizar las capacidades de la industria militar en el desarrollo de los sectores astillero y aeronáutico, de infraestructura y servicios tecnológicos para estas empresas.
Finalmente, están los territorios y su base empresarial. Para este propósito se contará con 2,48 billones de pesos y se buscará el fortalecimiento de unidades productivas a través de la consolidación de las empresas asociadas al turismo y las culturas, además de la conectividad y la digitalización de MiPymes y líneas de crédito para la sofisticación, diversificación e internalización de los territorios y sus empresas.
Instrumentos
Los instrumentos para materializar esta política de reindustrialización se plantean en los siguientes factores de producción:
Capital y financiamiento: con inversión pública en nuevas tecnologías; la banca de desarrollo con la que se focalizarán esfuerzos de financiamiento en proyectos de infraestructura dirigidos a la transformación productiva y la internacionalización; esquemas de financiamiento para el emprendimiento en etapa temprana y un programa de inclusión financiera para la economía popular.
Capacidades humanas: programas de formación en correspondencia a las demandas de formación para el empleo y fortalecimiento del bilingüismo para el trabajo en el SENA y en instituciones de educación superior.
Tecnología: alianzas para la transferencia de tecnología; la implementación de centros de Reindustrialización-Zascas, para brindar estrategias a las unidades productivas de la economía popular.
Infraestructura funcional y conectividad: diseño de estrategias para incrementar la participación de las empresas y unidades productivas regionales de todos los segmentos en los proyectos de infraestructura funcional, de conectividad y socioeconómica; la articulación de esfuerzos institucionales para la construcción de corredores que materialicen la integración física, de transporte multimodal y económica en las regiones fronterizas y el fortalecimiento del sistema de zonas francas para la exportación.
Mejorar la calidad de vida
Las medidas generales de intervención en la política económica, que se implementarán en el marco de la política de reindustrialización, son: compras públicas para la reindustrialización que involucren a las micro y pequeñas empresas, y a la economía popular; inversiones tecnológicas de empresas públicas y empresas mixtas; una agenda regulatoria que elimine las barreras que afectan la libre competencia y vincule a pequeñas y medianas empresas y sectores de la economía popular al programa de compras estatales; la regulación y normalización técnica y la evaluación de la conformidad, metrología y acreditación; la política de comercio e internacionalización inclusiva y sostenible y la inversión extranjera directa sostenible y con transferencia tecnológica.
Teniendo en cuenta que en Colombia la industria crece más lentamente que el resto de la economía, la puesta en marcha de la política de reindustrialización promoverá y garantizará, en mayor medida, la creación de riqueza nacional, la reducción de las desigualdades productivas y generación de empleos productivos.
En general, con este proceso de reindustrialización se busca principalmente que las inversiones ligadas a la ejecución de las grandes transformaciones del país, sean una oportunidad para el desarrollo productivo y el fortalecimiento de la economía nacional, lo cual se traduzca en un mejoramiento de la calidad de vida de las y los colombianos.
