Arauca: Entre la política extractivista y la guerra

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La comunidad internacional que hizo presencia en el foro llamó al Gobierno nacional a abrir caminos de diálogo y humanitarios frente a la crisis. Foto Carolina Tejada

Comunidades y organizaciones sociales de la región, en el marco de la caravana y foro de derechos humanos, hicieron un llamado a los actores armados y al Gobierno nacional a frenar la guerra. “Pensemos en esos campesinos de hacha y machete que deben trabajar para llevarle la comidita a sus niños, pero que, por esa condición de zozobra, de miedo y pánico, no lo pueden hacer”, dijo un campesino de la región.

Carolina Tejada

Diversas acciones humanitarias se concentran en el departamento de Arauca luego de la reactivación y degradación del conflicto armado desde el 2 de enero del presente año.

En este departamento que está ubicado en la región de la Orinoquía, limitando al sur con Vichada y Casanare y hacia el norte con el vecino país de la República Bolivariana de Venezuela, la confrontación principalmente de los grupos, denominados disidentes de las FARC, el ELN, además de la participación del Ejército Nacional, han dejado, según la sistematización de los hechos por parte de las organizaciones sociales de la región y de la Defensora del Pueblo, un número de 125 personas asesinadas, 25 profesores amenazados, 2.378 personas desplazadas, cinco organizaciones sociales y 56 de sus integrantes víctimas de atentados terroristas mediante carro bomba, entre otros hechos violatorios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Los grupos armados en una ardua disputa por el control territorial también han desencadenado confinamiento de comunidades enteras, amenazas y el reclutamiento forzado de menores de edad. La única respuesta del Estado consiste en posicionar su estrategia militar; consejos de seguridad que determinan más militarización de la región.

Esta ausencia de iniciativa institucional para resolver los problemas de fondo en la región y garantizar un ejercicio de diálogo que convenga a la población civil que padece en medio del conflicto armado, ha llamado la atención, no solo por las repercusiones sobre la población civil, sino porque, la única alternativa que se presenta es militarizar, militarizar y militarizar a la población civil, ampliando el confinamiento, el terror y la zozobra sobre la misma población, principalmente campesina.

La gobernadora de Arauca Luz Barrios Guarnizo saluda el Foro de derechos humanos, por la vida, la paz y la permanencia en el territorio. Foto Carolina Tejada

Caravana y foro de derechos humanos

Desde Bogotá, salió una caravana humanitaria el pasado 22 de marzo, recorrieron los municipios más golpeados por la violencia como Tame, Fortul, en donde el mismo día de la jornada los actores armados detonaron un artefacto explosivo, sin que dejara víctimas; igualmente por Saravena, Arauquita, entre otros.

En estas jornadas se realizaron actos de desagravio, reuniones con las comunidades y se recopilaron denuncias para luego llegar a la capital del departamento llanero para culminar con la jornada y celebrar el foro por la vida, la paz y la permanencia en el territorio.

Desde muy temprano en la mañana del jueves 24 de marzo al Centro de Convenciones de Arauca, sin luz, como toda la capital del departamento, ante la ausencia de un sistema de energía eléctrica que ayude a apaciguar los 35 grados de temperatura bajo la sombra, en los que diariamente, con muy pocas excepciones, habita el pueblo araucano, empezaron a llegar las delegaciones; defensores y defensoras de los derechos humanos, delegadas de la comunidad internacional de la MAP-OEA, ONU, y las personas líderes de la región, campesinas y campesinos, comunales, mujeres y jóvenes.

Entre la política extractivista y la guerra

Con sus ponchos terciados, sombreros peloeguama, alpargatas de cuero, típicas de la región campesina y ganadera, se aprestaron a escuchar las primeras intervenciones sobre el análisis de la región. “Para lo único que el gobierno mira a Arauca, es para el saqueo de sus riquezas energéticas” decía una de las ponencias centrales, haciendo referencia al papel que se juega con las empresas Sierracol Energy (de origen estadounidense), Ecopetrol, PAREX (canadiense), protagonistas de los más recientes conflictos con la población araucana por aspectos laborales, ambientales y de inversión social.

Arauca, como mencionaron las personas expositoras, se encuentra en proceso de licenciamiento para la exploración sísmica y las proyecciones económicas incluyen planes minero-energéticos y agroforestales tanto allí como en la Orinoquía y la Amazonía, además del arco minero del Orinoco, cuya mayor extensión se ubica en territorio venezolano.

El único y más grande proyecto para la región ha sido la puesta en marcha la política de “seguridad y defensa” sintetizadas en las llamadas “Zonas futuro”, cuyo propósito, tal como en la época de la Seguridad Democrática de Uribe, es la recuperación y copamiento territorial, vía militar de zonas estratégicas, fronterizas, ricas en minerales para la explotación, y corredores estratégicos tanto para el narcotráfico como en donde los grupos insurgentes hacen presencia, entre otros.

Esta intervención, la de las “Zonas futuro”, tiene bajo su control la gestión público-militar y cívico militar, muchos de los recursos destinados a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, surgidos del Acuerdo de Paz en la idea de mitigar los efectos a las regiones más golpeadas por el conflicto armado, han terminado desviándose o están siendo controlados por estos planes del gobierno de Iván Duque.

Además, dentro de su política expansionista, Arauca, como analizan expertos, es parte del teatro de guerra para continuar las provocaciones y la injerencia contra el Estado venezolano. Y, para ello, “se necesita controlar el territorio y destruir las organizaciones sociales. De esta estrategia dan cuenta las siete bases militares norteamericanas que operan en Colombia, y una mayor presencia de militares estadounidenses en el Arauca”.

Igualmente, las organizaciones, entre esas las firmantes del Acuerdo de Paz, afirmaban que “estamos hablando de un genocidio en el proceso de carrera contra el partido naciente del Acuerdo de Paz y contra sus firmantes, pero con las cifras de mil y algo de dirigentes asesinados tras los acuerdos de La Habana estamos frente a un genocidio a la dirigencia social y popular de este país. Estamos repitiendo, pero con mucha más fuerza el genocidio ocurrido en los años ochenta y noventa contra los compañeros de la Unión Patriótica”.

Ese genocidio y persecución a los y las líderes sociales, también se expresó en relación a “un plan de exterminio judicial y un plan de aniquilamiento en el país”. Es de destacar lo ocurrido con las organizaciones de base que fueron víctimas del atentado en el municipio de Saravena, en donde por fortuna no resultaron víctimas fatales.

Aspecto del foro que contó con más de 120 personas

Graves denuncias de DDHH

“Hago un llamado a las administraciones: ¿acaso también están amenazados, no pueden decir nada? porque aquí no aparece nadie, ni el personero, ni alcaldía. ¡nadie! Nos han dejado solos”, denunció un campesino de Tame en una mesa de trabajo del foro. En medio de su intervención decía que todos temían por sus vidas, pero no se podían quedar callados y denunció que, en medio de los combates entre los grupos armados, él, su familia y la comunidad de las veredas en donde vive, fueron obligados a quedarse en una zona como escudos humanos.

El campesino contó que “a nosotros nos tuvieron los alzados en armadas detenidos en contra de nuestra voluntad, un día y una noche tirados en el suelo, con nuestras familias”. Así mismo denuncian que son dos grupos armados que tienen poder en la región, “decían que juraban no volver a repetir el conflicto, mientras dicen defender el pueblo y vea como nos tienen”. Las administraciones locales no se pronunciaron frente a los hechos.

En las mesas de trabajo, otros campesinos hicieron denuncias, llamando la atención de que la situación de violencia no excluye a nadie de ser víctima: “Los habitantes de Arauca, todos hemos sido víctimas de diferente manera de la violencia y del abandono estatal. Cuando era joven yo perdí a mi padre, a mi hermanito y mi hermanita de 13 años, pero si les preguntamos a ustedes; al doctor, a los defensores de derechos humanos, también han sido víctimas de esa violencia”.

También reconocía que el campesinado no puede circular libremente. “Hay confinamiento en diferentes veredas, hay personas que les da miedo salir a trabajar a otras veredas, y esos campesinos tienen sus familias, y si no trabajan el diario, no hay comidita. A diferencia de ustedes que independientemente pueden trabajar desde una oficina o desde otro lugar, pero tienen sueldito. Pensemos en esos campesinos de hacha y machete que deben trabajar para llevarle la comidita a sus niños, pero que, por esa condición de zozobra, de miedo y pánico, no lo pueden hacer”.

Sí hizo énfasis en que estos problemas acumulados y agravados no tienen solución por la vía militar ni represiva. También afecta a la región el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y el bloqueo a la salida negociada del conflicto armado con el ELN y otras insurgencias.

Los participantes del evento salieron optimistas con las conclusiones. Foto Carolina Tejada

Conclusiones del foro

El foro culminó con el acompañamiento internacional y el tejido social, comunal y campesino del departamento.

Por su parte, la defensora de derechos humanos e integrante de la organización Joel Sierra, Marcela Cruz, comentó que “hemos concluido realizar un foro nacional de DDHH, pues la situación de Arauca se asemeja a las de otras regiones del país, y es necesario hacer una serie de exigencias al gobierno nacional de desmilitarización del territorio, a sacar a los niños y niñas, jóvenes del conflicto armado, y solicitamos fortalecer el acompañamiento internacional en el territorio y bridar unas condiciones mínimas de seguridad para líderes y sus territorios”.

Ferney Tique, del Comité Permanente de Derechos Humanos, reconoció que este foro “arroja un análisis de la cruda situación en el departamento, marcada por múltiples las violaciones de DDHH y DIH y que demanda del estado la declaratoria de una emergencia acompañada de medidas, de protección a la vida, garantías para el liderazgo y de una demanda de inversión social para todas estas necesidades no resueltas.

“Tenemos una pobreza que supera el 32%, de desempleo e informalidad que ronda por el 90%, y los derechos de salud, educación, etc., con muchas dificultades, pero si vemos a Arauca como un teatro de guerra, pero no como una zona con garantías y soluciones”.

La declaración final del evento, hace un llamado a articular esfuerzos sobre los siguientes objetivos: “A los distintos actores armados regulares e irregulares, acatar en su plenitud el DIH, excluyendo de sus acciones bélicas a la población civil, organizaciones sociales y bienes civiles protegidos. A las organizaciones sociales y el movimiento de derechos humanos en Colombia a que declare la Emergencia Humanitaria para el Departamento de Arauca, que conlleve exigir los recursos y la atención en la población civil afectada, y no en la militarización del territorio; en esa perspectiva, convocar a organizaciones internacionales de derechos humanos la ONU y la MAP-OEA a que respalden esta iniciativa autónoma”.

Precisamente por este panorama, en un informe sobre la situación de la región, presentado el pasado 28 de marzo en una rueda de prensa, la ONG Human Rights Watch, HRW, pide declarar estado de calamidad pública ante la aguda situación de vulnerabilidad y violencia que se ejerce en esta región, lo cual incluye a Arauca, Vichada y Casanare.

Igualmente, los defensores de derechos humanos, expresan la necesidad de que el gobierno colombiano abra el diálogo con los actores armados para parar la crisis humanitaria, y avanzar en el relacionamiento económico, cultural y social con el país vecino de Venezuela.

De otra parte, la declaración del evento solicita al gobierno “la sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad punto 3.4. del Acuerdo de Paz, que permita, escuchando la problemática de la comunidad, desarrollar las acciones en favor de la comunidad y los liderazgos sociales. Exigimos al Congreso de la República comprometerse con el territorio, con la participación de las comunidades y líderes/esas sociales en un plan de restablecimiento de los derechos colectivos de las y los araucanos”.

Así mismo, se exige el establecimiento de “mesas humanitarias, corredores humanitarios y otras formas dentro del Derecho Humanitario, para proteger la vida, la integridad personal, los derechos humanos y la no infracción del derecho internacional humanitario”. Entre otras importantes exigencias que llaman la atención a la solución de fondo a las problemáticas regionales y enfatizaron: nos reafirmamos por la vida, la paz y la permanencia en el territorio.

Como aseguró uno de los campesinos de Arauquita, el foro fue una “causa común” un ejercicio colectivo para unir esfuerzos por la paz, la vida y la permanencia en el territorio. “El motivo por el cual estamos acá, nosotros como campesinos y ustedes como profesionales, es porque hay una causa en común; pedirles a los actores alzados en armadas que, por favor, pensemos en la vida y en la paz, para que estos campesinos puedan permanecer y trabajar libremente en el territorio.

“Yo no soy juez para decirle a nadie si son buenos o malos, pero sí me siento con la moral suficiente para decirles a esos señores actores del departamento, que si en verdad dicen amar Arauca, que dejen trabajar a la gente y les respeten la vida”.