Como cada año, a finales de julio es presentado ante el Congreso de la República el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del siguiente año. Es otra disputa a la que se enfrenta el Gobierno para avanzar en un nuevo modelo productivo con justicia social y ambiental
Gildardo Silva
El proyecto presentado supone un crecimiento del 3,9% respecto al aprobado para la vigencia 2024. Contempla un valor total de $523 billones, de los que $495,7 billones se financiarán con recursos de la nación, $27,3 billones con ingresos propios de establecimientos públicos nacionales, y los restantes $12 billones dependen de la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento que el Gobierno nacional presentará este mismo año. Este último, sería uno de los puntos álgidos en las discusiones de las comisiones económicas del Congreso, ya que no se conoce a detalle cómo será la propuesta para obtener dichos recursos adicionales.
Por otra parte, uno de los datos más controversiales es la fuerte disminución prevista para la inversión (-17,4%) en contraste con el aumento de recursos destinados al pago del servicio de la deuda (19,1%) y al rubro de funcionamiento (6,2%), pues, analistas reconocen que esto podría tener efectos negativos en el crecimiento económico por la limitación del gobierno para generar apalancamiento en sectores económicos estratégicos, así como en el alcance e impacto de la política social del gobierno.
La herencia maldita
Las decisiones en la asignación de recursos no son al azar, se explican por múltiples factores externos e internos, siendo uno de los más importantes esa “herencia maldita” de gobiernos anteriores que el actual gobierno estuvo obligado a asumir a cambio de evitar la inestabilidad y afectación en las finanzas públicas del Estado.
En 2022 a la llegada Gustavo Petro, la deuda pública se ubicó en sus máximos históricos, efecto de la crisis del Covid-19 que hizo que entre 2019 y 2020 la deuda pasara del 48% a 61% del PIB, con el inconveniente de que fue deuda contratada para pagar en muy corto plazo (2024-2025) y no fue destinada a la inversión para generar más ingresos o empleo.
En la misma línea, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles -FEPC-, cuyo no pago pondría en riesgo el adecuado suministro de combustibles a nivel nacional, sigue siendo una carga deficitaria producto de decisiones populistas del gobierno anterior. Se han pagado $69 billones en términos reales entre 2021 y 2024, es decir, mucho más que el recaudo esperado con la reforma tributaria de 2022, que, a propósito, ha sido muy recortada por decisiones judiciales, y aún hoy continúa reajustándose para disminuir el impacta en las finanzas públicas.
Otro de los pasivos heredados tiene que ver con la Opción tarifaria, una deuda con el sector energético que corresponde a la diferencia entre el precio que se debía pagar por este servicio y el que se pagó debido a la congelación de las tarifas autorizadas durante la pandemia. La mayor parte de este saldo acumulado se en encuentra en los estratos 1, 2 y 3, equivalente a $2,7 billones aproximadamente, situación que de no atenderse por el Estado podría afectar los ingresos de los más vulnerables y la inflación que ha sido controlada con éxito.
Análisis sectorial
Nuevamente la apuesta central del Gobierno está en el sector Educación, cuyo incremento fue 12% respecto a 2024 y una asignación de recursos por $79,2 billones -el más alto después del servicio de la deuda-; seguido de Salud y protección social con incremento del 9% y asignación de $67 billones; defensa y policía con incremento del 10% y asignación de $59 billones; trabajo con un representativo incremento del 20% y asignación de $53 billones -dirigidos principalmente al Ministerio del Trabajo y al SENA-; y hacienda que aunque redujo en un 30% sigue teniendo una de las asignaciones más altas con $36 billones.
Preocupación por los recortes
Los mayores recortes de presupuesto se encuentran en el sector deporte y recreación, con una disminución del -66%, es decir, $899 mil millones menos que en 2024; agricultura y desarrollo rural, con una disminución de -45%, es decir, $4,1 billones menos -esencialmente afectando el rubro de la Agencia Nacional de Tierras-; e inclusión social y reconciliación con variación del -34%, es decir, $5 billones menos; entre otros. Lo anterior, es preocupante porque ralentizará la ejecución de programas bandera de este gobierno u obligar a tomar otro tipo de medidas para la obtención de más recursos que den paso a la reactivación económica, como lo vemos en la propuesta de las inversiones estratégicas o
El impacto de la inflexibilidad
En la presentación que el ministro de hacienda Ricardo Bonilla, hizo ante las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, encargadas de discutir y aprobar el presupuesto, mencionó un dato inquietante y que a conveniencia de los “críticos del gobierno” se olvida tener en cuenta en los análisis económicos: el Presupuesto General de la Nación tiene un enorme porcentaje de “inflexibilidades” que limitan la capacidad de acción y la toma de decisiones del gobierno sobre el gasto público, ejemplo de ello, es que para 2024 esa inflexibilidad corresponde al 92% del monto total.
Lo inflexible en gran medida obedece a esos compromisos nacionales e internacionales ineludibles, determinados por la Constitución Política, la Regla Fiscal y la ley. Es claro que el gobierno ha sido responsable en la construcción de este proyecto o sino, ¿qué sucedería si por ejemplo, no se realiza el pago del servicio de la deuda, de las transferencias al sistema general de participaciones -SGP, de las Pensiones, de los gastos de personal, del Aseguramiento en salud, de las Vigencias futuras, o, del FOMAG?
La discusión está abierta
El debate sobre el PGN 2025 apenas está iniciando, el Congreso de la República tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobar el proyecto e incluir modificaciones o adiciones. Ya las comisiones económicas conjuntas avanzan en la tarea de escuchar a cada ministerio, evaluar sus necesidades y el estado de ejecución de cada de cartera, para presentar los ajustes del caso hasta el 25 de septiembre. Se espera que sea presentado el proyecto de ley de financiamiento y otras medidas necesarias para que la reactivación económica sea un hecho.
Los esfuerzos del gobierno están orientados a sanear las finanzas públicas; reducir los impactos que el recorte en inversión pueda generar; mantener la confianza inversionista; y cumplir con el programa de gobierno al que la ciudadanía le apostó.
El proyecto de cambio no contaba con la enorme talanquera que resultó ser una estructura institucional obsoleta y vetusta, pero hoy continúa por el camino de las transformaciones para la reducción de la pobreza y las desigualdades.
* Representante a la Cámara por el Valle del Cauca. Pacto Histórico – Unión Patriótica.
