Editorial VOZ 3167
“Pareciera más un pliego de peticiones sindicales que una reforma laboral”, afirmó la procuradora Margarita Cabello al salir de una reunión con algunos gremios económicos. Semejante expresión, viniendo de una defensora de fracasadas reformas de los últimos 30 años.
Las reformas laborales desde 1990, primero con la Ley 50 de 1990 y posteriormente con la Ley 789 del 2002, impulsadas, sostenidas y profundizadas por los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, le arrebataron derechos fundamentales y empobrecieron a los y las trabajadoras colombianas y enriquecieron a unas cuantas familias del poder económico y político del país. Semejante expresión de una procuradora que hace parte de las elites responsables del desastre económico y social que hoy el Gobierno de Petro y la ministra del Trabajo intentan resolver.
Para demostrar estas reformas falaces, la ministra Gloria Inés Ramírez citó al excontralor Edgardo Maya, quien hizo la siguiente afirmación ante el Congreso de la República frente a la ley 789: “Una muestra de la ineficacia generada por la vigencia de esta ley se precisa del siguiente esquema: en el cuatrienio 2003-2006 a decir del gobierno, se generarían 710.000 empleos como resultado de la reforma laboral; según la Contraloría General de la República y el Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social, en dicho período se generaron tan solo entre 160.000 y 200.000 respectivamente, es decir una quinta parte de la meta propuesta (22%)”. En lo que sí fue exitosa esta ley fue en consolidar la concentración de la riqueza en una elite.
Pero es más grave aún, que esta afirmación peyorativa y antisindical salga de quien hace parte del ministerio público y cabeza de la Procuraduría General de la Nación, que conforme al artículo 118 de la Constitución tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos. La procuradora actúa descaradamente como representante de los intereses de los que se han beneficiado como empleadores de las reformas anteriores, que vendían ilusiones y humo, y engañaban a la sociedad colombiana.
Pareciera que la procuradora tuviera un alzheimer selectivo, se le olvida que Colombia a partir del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como instrumento hace parte de lo que conocemos como Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, a criterio de nuestra Corte Constitucional, hacen parte del llamado Bloque de constitucionalidad, que sirven de parámetro de protección de los derechos humanos en el mundo de trabajo. También, en 1997, a través de la Ley 319, Colombia aprobó el Pacto de San Salvador, que es el tratado regional en el continente americano que se adicionó a la Convención Americana de Derechos Humanos, y que, al desarrollar el derecho al trabajo, en su artículo 7 señala entre otros derechos, los siguientes:
“Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo; Remuneración que asegure a los y las trabajadoras, condiciones de subsistencia digna para ellos y sus familias; Un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; El derecho del trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud y seguridad; El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales”.
Una clase básica de derechos humanos laborales, que dictan en el primer semestre de derecho en las facultades de derecho en el país.
Por eso, los trabajadores al votar democráticamente por el programa Colombia potencia mundial de la vida, votaron por la materialización de reformas sociales que intenten retornar a los trabajadores el poder adquisitivo y la generación de puestos de trabajos en condiciones justas y equitativas.
Podemos concluir que la reforma laboral es ese gran pliego de peticiones y de exigencias democráticas, de quienes sustentan y desarrollan la base productiva de bienes y servicios en el país, que mueve la economía y a través de este Gobierno por el que votaron, esperan que por fin se constitucionalicen sus derechos humanos en el mundo del trabajo. Las reformas van, así exista la oposición de quienes han asesinado los derechos de los trabajadores desde 1990 en Colombia, y así haya una procuradora descabellada que se burle de las reformas y actúe como jefe de prensa de los gremios económicos.
