Editorial VOZ 3189
La formulación de cargos que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha hecho por estos días contra el general en retiro Mario Montoya fue una decisión largamente esperada por las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales sucedidas en un periodo oscuro de la historia reciente de nuestro país, conocidas en forma eufemística como los ‘falsos positivos’.
El fallo inicial, que está a consideración de las partes intervinientes, tiene varias virtudes. Una de ellas es mostrar a una JEP que comienza a dar resultados en sus investigaciones, que muestra un contraste entre la justicia transicional y la ordinaria, generalmente paquidérmica, y, lo más importante, que, por fin en este caso, comienza a resplandecer la verdad.
La imputación de cargos al alto oficial del ejército, hace referencia a la época en que Montoya fue el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, entre los años 2002 y 2003. Falta todavía examinar la responsabilidad del alto mando en el período siguiente en el que asumió como comandante de las Fuerzas Militares del país. Una investigación en esa dirección seguramente mostrará que la dimensión del magnicidio fue aún mayor.
La investigación hasta ahora adelantada por la JEP, a pesar de que muestra episodios desgarradores, de una frialdad criminal inaudita, no responde todavía al interrogante que desde hace años se hacen las víctimas: “¿Quién dio la orden?”.
El episodio de los ‘falsos positivos’, en realidad crímenes de Estado, se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, empecinado en ese momento en desarrollar su política de “seguridad democrática”, que encajó a la perfección con las órdenes de los jefes de los batallones de mostrar resultados, “en litros de sangre”, como fue la orden dada por el general Montoya.
Los que dieron la orden permanecen en la sombra, lejos todavía de la mano de la justicia. Pero no será por mucho tiempo. Las cortinas comienzan a correrse y a arrojar luz sobre sus siluetas siniestras. En reciente episodio en el que el presidente Petro acudió a una ceremonia de legalización de títulos de propiedad de tierras a un grupo de familias campesinas, el mandatario citó el caso de la cementera Argos, que adquirió predios expropiados por paramilitares.
Y cuando se produjo un fallo que ordenaba la devolución de esos dominios, consiguió que el expediente permaneciera por más de diez años en el despacho de un juez, sin que fuera ejecutado, en desmedro del dolor y la orfandad de decenas de familias que día tras día esperaban un acto de justicia, de reparación.
El caso de Argos no es el único. Mediante la industria del despojo, de las desapariciones forzadas, del asesinato de líderes sindicales y agrarios, prosperó la industria del banano en Urabá, la del carbón en La Guajira, la de la caña de azúcar en el Cauca y en el Valle. La lista es larga.
Otros perpetradores están en la mira de la justicia. Acaba de abrirse una investigación contra el exdirector del DAS, el general Miguel Maza Márquez, por el asesinato del candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19 Carlos Pizarro León Gómez. Maza Márquez ya purga una condena a 30 años de prisión por el asesinato de otro candidato presidencial: Luis Carlos Galán Sarmiento.
El expediente que compromete a Maza Márquez indica que el contexto en el que se cometió el delito sería un patrón criminal al que habrían recurrido agentes del DAS en el caso del sacrificio de líderes de la Unión Patriótica como Bernardo Jaramillo y José Antequera.
Por su lado, el Gobierno nacional debió realizar un acto de perdón por el crimen del grafitero Diego Felipe Becerra, cuya investigación demostró que se trató un crimen de Estado.
Entonces, lo que ahora muestra en toda su crudeza el expediente del general Mario Montoya, no es de ninguna manera el relato de acontecimientos del pasado. Los determinadores siguen en la sombra, disfrutando de la mayor impunidad. Los crímenes contra líderes populares se siguen cometiendo. La máquina de muerte paramilitar sigue intacta. La hidra de mil cabezas sigue viva. Pero la JEP o la Corte Penal Internacional, ya los sacará de sus lujosos palacios que por sus actos criminales convirtieron en terroríficas cuevas de delincuentes.
El representante a la Cámara por Bogotá, David Racero, escribió una interesante nota, Acordar es cuestión de método, publicada en El Tiempo en su edición del pasado primero de septiembre.
Allí plantea que el acuerdo nacional que propone y defiende el presidente Petro busca un fin ambicioso: “la materialización efectiva de la justicia social, la construcción de una sociedad menos desigual y en paz”. Ese diálogo que el gobierno del cambio propone, “tiene como centro a los más excluidos y segregados de la sociedad colombiana”. Y allí están todas las víctimas del conflicto. Sus reivindicaciones, su clamor de justicia, de reparación, de construcción de memoria, pasan hoy por ese proyecto ambicioso y noble de la Paz Total.
