El Gobierno colombiano quiere llegar a un acuerdo con el país centroamericano en el histórico diferendo fronterizo del Mar Caribe. El cambio en la estrategia responde al propósito de proteger la soberanía nacional y la integridad de la población afectada
Redacción Internacional
El 12 de agosto la Organización de Estados Americanos, OEA, citó a una sesión extraordinaria del consejo permanente de esa instancia internacional para votar una resolución que condenaba las presuntas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
En esa ocasión, el gobierno de Colombia no envió ningún delegado y tanto la oposición de extrema derecha como los medios corporativos de comunicación estallaron en “indignación” en contra del canciller Álvaro Leyva Durán y del presidente Gustavo Petro por considerarlo un mensaje equivocado para la región pues legitimaba abiertamente la “brutal dictadura” sandinista.
Carácter confidencial
Al respecto, Noticias Caracol por medio de un derecho de petición interpuesto ante el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer el testimonio del viceministro encargado de asuntos multilaterales Juan José Quintana donde se explicó por qué el gobierno de Colombia se abstuvo de participar en la resolución en contra del país centroamericano.
De acuerdo con el funcionario, después de recibir la notificación y consultar sobre la participación del país en la sesión extraordinaria, fue el mismo viceministro quien tramitó la orden ante la OEA para que el Estado colombiano no hiciera presencia en el espacio. Las razones de la decisión, “se relacionan con delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”.
No obstante, el periodista Daniel Coronell reveló un día después en el reporte matutino que hace para W Radio que la disposición oficial del Estado está relacionada con el diferendo fronterizo que tiene Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Importante recordar que el pasado 21 de abril, el alto tribunal internacional determinó que, en la zona de disputa, donde se encuentran las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia “ha violado los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en la zona económica exclusiva del país centroamericano (…) al interferir con las actividades de investigación científica marina y pesquera de las embarcaciones con bandera o con licencia nicaragüense”. En el litigio que ya cumplió dos décadas, el país ha perdido 75 mil kilómetros cuadrados de jurisdicción que antes tenía sobre el mar Caribe.
Por eso, según Coronell, el gobierno de Gustavo Petro se abstuvo de participar de la sesión extraordinaria de la OEA. Al parecer, el cambio en la estrategia que aplicará el Estado colombiano será la de buscar una conciliación con el gobierno del presidente Daniel Ortega y así permitir a los pescadores raizales el desarrollo de sus actividades en aguas que se encuentran en disputa.
Cambio en la política
Independientemente de las opiniones que se tengan sobre el proceso político nicaragüense, este semanario insistió en abril de este año que el único camino para resolver el diferendo fronterizo era negociar.
Teniendo en cuenta la equivocada e ideologizada agenda internacional que implantó por cuatro años la administración de Iván Duque, el gobierno colombiano acertó con una posición prudente en una instancia que carece de toda legitimidad para condenar violaciones a los derechos humanos si se considera el papel que tuvo la OEA en el golpe de Estado en Bolivia o la posición desestabilizadora que sigue manteniendo en contra de Venezuela.
Además, responde a un cambio en la política exterior, que en el caso puntual del diferendo con Nicaragua, ha estado plagado de equivocaciones y errores estratégicos. Al asumir que en la geopolítica no se mueven ideologías sino intereses, y que la prioridad del Estado colombiano debe ser proteger la soberanía nacional y la integridad de la población, en este caso salvaguardar los derechos de la población raizal que habita el archipiélago, el gobierno Petro le da un viraje diplomático al “chicharrón” con el país centroamericano.
Si bien es una decisión condenada mediáticamente a ser impopular y que indudablemente la han capitalizado tanto la extrema derecha como el centro con superioridad moral, esta responde a lo emitido desde el primer momento por el gobierno del cambio en materia de política exterior: reconstruir las relaciones internacionales de Colombia sobre la base de la independencia nacional, el mutuo respeto con todos los países y fomentar la integración latinoamericana.
