El proyecto de Ley en curso en el Congreso establece los mecanismos para su efectiva realización
Karen Acosta Celi
Esta semana continúa la discusión en segundo debate, en la plenaria de la Cámara de Representantes, del proyecto de ley que busca regular el derecho fundamental a la educación. Esta iniciativa legislativa es impulsada por el gobierno del cambio en cabeza de la ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara, y liderada por el representante Gabriel Becerra, que desde septiembre de 2023 cursa su trámite en el Congreso de la República. El proyecto ha suscitado múltiples discusiones sobre su pertinencia y alcances pero, sin duda, ha logrado hasta el momento un amplio consenso en todos los sectores por su importancia y sus implicaciones en la unificación del actual sistema educativo, disperso y fragmentado en sus niveles, y por sus posibilidades de otorgar garantías para la universalidad, gratuidad, cobertura, cierre de brechas y ampliación de este derecho fundamental.
En las últimas décadas, con el desarrollo del modelo económico neoliberal y su respectivo andamiaje normativo, se ha hecho todo lo posible por la privatización de la educación. Su mercantilización hizo que hoy en día lo que debería ser un derecho esté reducido a un servicio ─o bien de consumo─ al cual solo pueden acceder aquellos sectores acomodados con los recursos económicos suficientes. Con la premisa de proveer un servicio bajo las reglas del mercado compitiendo en “eficiencia y calidad”, buscando mayor rentabilidad, se minimizó el papel del Estado y se creó un marco institucional favorable a los intereses económicos del capital privado, en detrimento de la oferta pública estatal y de la dignidad educativa, limitando el financiamiento y el acceso y ampliando las profundas desigualdades económicas, sociales y territoriales que por décadas han marginado a las poblaciones de menores ingresos al analfabetismo, la precariedad y la pobreza.
Educación y desigualdad
Según el Índice de pobreza multidimensional, calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que integra el análisis de las principales privaciones o carencias de los hogares respecto a cinco criterios: educación, salud, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, vivienda y servicios públicos básicos. Para 2022, a nivel nacional, el 12,9 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza multidimensional, siendo Vichada (75,4%), Vaupés (47,1%), Guainía (46,5%), La Guajira (42,9%) y Chocó (36,8%) los departamentos con más altos índices de pobreza ─muy por encima de la media nacional─ evidenciando una vez más la permanencia de las enormes brechas de desigualdad y concentración de la pobreza en territorios históricamente marginados.
Así mismo, en el total nacional, el criterio que más contribuyó a la pobreza fue el de educación (35%) que recoge los datos sobre analfabetismo, inasistencia escolar, bajo logro educativo ─como, por ejemplo, los años de enseñanza cursados por los miembros adultos de una familia─ y rezago escolar. En zonas rurales y dispersas pasa al 36,6 por ciento, razón por la que es imperativo brindar garantías para el acceso y permanencia de acuerdo al contexto territorial, ya que es en esas zonas en donde no se ha logrado avances y donde la poca inversión en educación es claramente insuficiente.
Una ley fundamental
Es claro que pensar una reforma educativa no es un capricho del gobierno de turno, sino un justo reclamo de la sociedad. Iniciar con la elevación de la educación como derecho fundamental en todos los niveles ─desde la educación inicial y a la superior─ es un buen comienzo si se piensa en hacer transformaciones de fondo a las condiciones y realidades sociales que hoy limitan otras posibilidades de desarrollo individual y social en el marco de la dignidad humana.
En tal sentido, el proyecto de ley estatuario establece garantías de acceso a la educación desde la primera infancia, para que los menores de seis años tengan un proceso formativo más robusto desde el inicio de la vida y que desarrolle todo su potencial; establece también condiciones de permanencia en las que el Estado deberá incorporar en la oferta pública programas de bienestar que incluyan alimentación y transporte; y amplíe el rango de obligatoriedad a la educación media (grado 10° y 11°) preparando a la juventud para la vida y articulando esfuerzos para que su proceso continúe con la educación superior que, contrario al ideario de otra época, se hará a través del fortalecimiento de la oferta pública estatal con financiación adecuada para ampliar la cobertura y resolver los problemas de infraestructura.
Proyecto de resistencia
Son muchos otros aspectos los que recoge este proyecto de ley ─como una atención especial para el campesinado, respetando sus costumbres y saberes; dignificación docente; formación para adultos mayores; personas privadas de la libertad; entre otros─ por lo que es de importancia capital acompañar y movilizarse en defensa de esta reforma histórica e integral que será, seguramente, la hoja de ruta que por décadas establecerá las condiciones para que generaciones de niñas, niños y jóvenes puedan superar las condiciones de pobreza, desigualdad e ignorancia a la que los sectores más rancios de la sociedad les quieren condenar.
