El 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans. VOZ habló con Charlotte Callejas, la primera mujer trans en ocupar un cargo público en Colombia, sobre su trayectoria profesional, las políticas públicas dirigidas a la comunidad trans y los prejuicios que aún existen
Anna Margoliner
@marxoliner
Charlotte Callejas es bioquímica egresada de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, especialista en Estudios Feministas y de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Su experiencia en su país natal incluye el trabajo en el Ministerio del Turismo en Cuba como profesora titular de nutrición e higiene de los alimentos en la Escuela de Hotelería y Turismo Playas del Este. En el Ministerio de Salud, fue coordinadora de proyectos de nutrición y VIH, con enfoque en la prevención en comunidades religiosas de la santería cubana y la atención integral a personas viviendo con VIH/sida.
En Colombia ha sido coordinadora de proyectos e investigaciones en la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA durante 6 años. Trabajó en la Alcaldía de Bogotá como referente de políticas públicas en temas variados: LGBTI, mujeres, equidad de género, sistema distrital de cuidado, lucha contra la trata de personas y prevención de la ESCNNA.
Además, fue miembro del grupo asesor de género y diversidad sexual en el despacho del ministro del Interior, encargándose de relaciones de alto gobierno, cooperación internacional y alianzas estratégicas con la academia en proyectos y programas relacionados con enfoque de género y derechos humanos.
Discriminación y trabajo
Charlotte señala que, a lo largo de su carrera profesional y vida personal, ha enfrentado numerosos desafíos debido a su identidad de género transfemenina: “en el ámbito laboral, como suele suceder con otras personas trans, se nos exige constantemente mayores esfuerzos y resultados. Sentimos la responsabilidad de demostrar a la sociedad nuestra competencia, responsabilidad y compromiso, con la esperanza de abrir espacios de inclusión para otras personas trans. Esto nos lleva a dedicar un tiempo considerable al trabajo y a menudo a renunciar a otras cosas.”
“Los entornos laborales suelen estar impregnados de estigmas, prejuicios, violencia y discriminación, tanto evidentes como sutiles. En mi experiencia como secretaria de salud en 2016, enfrenté la discriminación y los prejuicios basados en mi identidad de género y orientación política, lo que estuvo a punto de costarme mi continuidad laboral. Sin embargo, mediante una tutela, mi caso llegó a la Corte Constitucional, resultando en un fallo histórico (T 392 de 2017).”
Asimismo, al asumir roles directivos en entidades como Prosperidad Social y el Ministerio de la Igualdad, ha sido objeto de ataques, violencia y acoso en redes sociales: “A pesar de estas adversidades, me he centrado en lograr resultados en mi trabajo. Recientemente, mi nombramiento como directora de Mujeres en Actividades Sexuales Pagadas en el Viceministerio de las Mujeres ha generado violencia en línea, que he tenido que enfrentar y procesar.”
Señala que es ciudadana cubana, refugiada por motivos de identidad de género, lleva 24 años en Colombia: “Quiero dejar claro que mi presencia en diversos escenarios laborales se debe a mis conocimientos, logros y resultados en la gestión pública, así como a mi activismo como defensora de derechos humanos en diversos movimientos sociales, incluidos los de la comunidad LGBTI, mujeres, transfeminismos, feminismos decoloniales, antirracistas, culturales, migrantes, refugiados, personas con VIH y comunidades afrocolombianas.”
Sobre la Ley Integral Trans
La funcionaria considera que, dadas las circunstancias actuales en el Congreso y las correlaciones de fuerzas políticas, no se dan las condiciones para que sea aprobado un proyecto de ley integral trans. Sin embargo, cree que es importante que exista la iniciativa como un ejercicio de generación de opinión pública y debate, ya que coloca en el centro de la discusión un tema crucial para el movimiento social trans del país:
“Es importante señalar que la iniciativa ciudadana presenta ciertas debilidades, ya que mezcla varias técnicas legislativas y aborda una amplia gama de temas, algunos de los cuales podrían ser tratados en otras iniciativas legislativas. Considero que un proyecto de ley integral trans debería centrarse en aspectos específicos relacionados con el reconocimiento y garantía de la identidad de género, sin incluir temas que podrían abordarse de manera separada.”
Finaliza enfatizando que “es preocupante que en el actual Congreso existan proyectos de ley anti derechos LGBTI, especialmente anti-derechos trans, promovidos por diversas bancadas. Estos proyectos son inconstitucionales, limitan derechos y están motivados por fundamentalismos religiosos y posturas radicales. Representan un retroceso respecto a los avances jurisprudenciales y las garantías establecidas por la Corte Constitucional para las personas LGBTI, consideradas sujetos de especial protección”.
Retos para el Gobierno
Desde su experiencia, Charlotte concluye que: “El gobierno nacional y los gobiernos territoriales deben crear oportunidades de inclusión socio laboral para las personas trans tanto en el sector público como en el privado. Esto implica acercar la oferta social e institucional a este grupo, facilitar su acceso a educación, vivienda digna, emprendimientos, salud, seguridad, servicios sociales, participación social y política, así como garantizar su autonomía económica. También es necesario promover procesos de cambio cultural para asegurar el pleno respeto de los derechos de las personas trans”
Este cambio cultural es necesario porque en la sociedad persisten los prejuicios que, incluso, cobran vidas trans a diario. Finalmente, la funcionaria afirma que: “El principal desafío radica en desestructurar las normas establecidas en diversos ámbitos culturales, políticos, socioeconómicos, históricos y religiosos que perpetúan y reproducen violencias por prejuicios de género, estigmas y transfeminicidios.”
“Para abordar esta problemática, es necesario implementar estrategias interinstitucionales e intersectoriales centradas en la prevención, fortalecimiento de mecanismos de denuncia y sanción, identificación y gestión de riesgos, así como la atención integral a las víctimas de violencia. Además, se deben generar mecanismos de seguridad, cuidado y protección, incluyendo la autoprotección, en colaboración con trabajadoras sexuales y personas trans.”
