Para nadie es un secreto que al Pacto Histórico le espera una dura labor al frente del gobierno, pues la situación del país no solamente responde a la crítica coyuntura que vivimos por cuenta de la administración uribista y las secuelas de la pandemia. Los problemas de Colombia son mucho más profundos, se han configurado a lo largo de décadas de exclusión, corrupción y violencia.
En su discurso de victoria, Gustavo Petro dio un atisbo de cómo pretende abordar la difícil tarea que se avecina. Habló de un Acuerdo Nacional para sacar adelante los cambios que exige la realidad nacional; y en aras de construir semejante Acuerdo, propuso el desarrollo de diálogos regionales vinculantes que terminen por darle forma a la agenda de gobierno.
Reconociendo que esta propuesta no se deslinda de un documento formal, y que por lo tanto deja preguntas abiertas sobre la metodología, alcances, límites y restricciones de la misma, es claro que el mentado Acuerdo Nacional se plantea como una iniciativa global que nos permitirá avanzar como sociedad en los principales cambios que requiere el país. Además, es una apuesta para que exista gobernabilidad mientras se lleven a cabo las transformaciones necesarias, y por eso se impone el diálogo con todos los sectores políticos.
Esto no quiere decir que el Acuerdo derive en un pacto burocrático, de élites, impuesto desde arriba, pensado para la repartición de prebendas y cargos. Para que logre su objetivo, este Acuerdo debe girar en torno a los grandes temas nacionales, y deben recogerse los intereses del país, sin importar diferencias de orden ideológico, político o identitario.
En ese sentido, el Partido Comunista considera que el Acuerdo Nacional debe contemplar como punto central la paz real. Esto significa un compromiso decidido de sacar las armas de la política, rompiendo con la tendencia de las instituciones a la guerra, lo que implica eliminar la doctrina del enemigo interno. De igual modo, se debe trabajar por la consecución de la paz completa, lo que significa cumplir con lo pactado en La Habana con las FARC-EP, y asimismo concretar la negociación con los grupos armados remanentes, como el ELN y el EPL.
Otro elemento fundamental debe ser la lucha contra el hambre y la desigualdad. Más allá de las diferentes visiones que hay sobre el curso que debe tomar la economía, no podemos construir un país diferente en tanto la desigualdad siga siendo tan profunda, y el hambre permanezca afectando entre los colombianos, especialmente a la niñez.
Y a su vez, la lucha contra la desigualdad debe prestar especial atención a la garantía y cumplimiento de los derechos de las mujeres, así como el acceso a la educación superior de calidad y a un sistema de salud oportuno y digno para todos.
Ahora bien, no podemos engañarnos y pensar que el Acuerdo será la ruta que nos llevará a la implantación del socialismo. Este es apenas el primer gobierno alternativo y popular de la historia republicana. El Pacto Histórico debe pensar por ahora en lo que serán los cuatro años de gobierno que tiene por delante, y al mismo tiempo considerar que le preceden dos siglos de régimen oligárquico excluyente y carente de soberanía, entregado a los grandes emporios capitalistas.
Para avanzar en el Acuerdo, los diálogos regionales resultarán primordiales. Como decíamos previamente, dadas las condiciones en que fue enunciada la propuesta, quedan abiertas muchos interrogantes. Pero consideramos que los protagonistas de estos deben ser las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, juveniles, de mujeres y hombres etc. Las mismas que vienen construyendo desde abajo cambios que a la larga se expresaron en la victoria electoral del Pacto Histórico.
Además, solo con la participación del pueblo organizado se puede salir al paso a los poderes y redes clientelares locales -a través de las cuales el bipartidismo se mantiene vivo-, que buscarán monopolizar y manipular el diálogo para truncar cualquier transformación que tienda a romper los entramados de su poder y la corrupción.
Al mismo tiempo, solo la presión de las organizaciones sociales podrá lograr obligar al gobierno a cumplir las garantías de participación básicas, que tendrán como principal corolario la desmilitarización de las regiones, especialmente aquellas golpeadas por la violencia (Catatumbo, Arauca, Cauca, Valle del Cauca).
Por todo lo anterior, debemos estar prestos a impulsar una participación dinámica y masiva del pueblo históricamente excluido en los diálogos territoriales; pero sobre todo, debemos trabajar en función de que los diálogos sean realmente vinculantes, lo que implicará que estos no se conviertan en una disertación sin fin y sin fines, sino que en ellos se ponga en evidencia la pauperización de las condiciones de vida de la gente del común, y desde allí se planteen propuestas y salidas que incidan directamente en soluciones dinamizadas en el curso del nuevo gobierno.
La acción de los miles de electores debe convertirse en el apoyo necesario para que el Gobierno del Pacto Histórico realice los cambios prometidos para implantar democracia e inclusión en Colombia. Bienvenidos los cambios que el pueblo necesita y exige.
