Editorial 3237
La oposición acusa a Petro de gobernar con el retrovisor puesto; una estrategia que busca invalidar las serias investigaciones que el Gobierno actual está llevando a cabo en entidades clave, que son fundamentales para avanzar en las reformas, implementar cambios y desarrollar políticas de inclusión social y económica en poblaciones que viven en los territorios más empobrecidos de Colombia.
La corrupción, componente también articulado a la guerra, es el principal obstáculo para el desarrollo socioeconómico y la democracia con justicia social, en general, para impulsar la modernización de nuestra infraestructura productiva en Colombia.
La corrupción es de carácter sistemático y estructural; tiene orígenes históricos; es un problema del pasado que afecta el presente. Y afecta el presente porque reconocemos que hay incluso sectores del proyecto democrático que se dejan tentar y sucumben ante la “atractiva” propuesta de enriquecerse de manera fácil y, peor aún, esquilmando los recursos destinados a la inversión social para los más pobres.
Afecta el presente porque no hay recursos para apalancar el cumplimiento de las políticas de inversión social comprometidas desde el programa de gobierno y contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia “Potencia de Vida”. Es lo que técnicamente llaman, los que se ocupan del presupuesto de la Nación, el déficit fiscal, el cual está alrededor de 12 billones de pesos, los mismos que se han robado las mafias politiqueras tradicionales solo en el Sistema General de Regalías, SGR.
Si se tiene en cuenta que el presupuesto general de la Nación tiene unos gastos intocables, llamados técnicamente “inflexibilidades”, que “limitan la capacidad de acción y la toma de decisiones del gobierno sobre el gasto público. Para 2024 esa inflexibilidad corresponde al 92% del monto total del presupuesto”, lo que produce un impacto de reducción en los recursos de inversión social de 17,4 por ciento. La corrupción y las inflexibilidades detienen el desarrollo y avance en las políticas de inclusión social de nuestro país.
En un informe del 2022, según Transparencia por Colombia, los últimos cinco años identifican 92,77 billones de pesos comprometidos en hechos de corrupción administrativa, política, privada y judicial, de los cuales “se perdieron 13,67 billones de pesos y se recuperaron 4,94 billones de pesos”.
Así mismo, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y Transparencia por Colombia afirman que, entre 2016 y 2022, se registraron 1243 hechos de corrupción en el país, que hicieron se perdieran más de $21 billones. Es una realidad denunciada antes y ahora por el Gobierno del Cambio. Es una situación que obstaculiza trabajar por el bien de miles de colombianos y colombianas.
El director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Alexander López Maya, planteó que con estos $12 billones del Sistema General de Regalías, que están en riesgo, se podría solucionar definitiva e integralmente el acceso al agua de todo el pueblo de La Guajira o realizar el acueducto y alcantarillado de Quibdó y de Buenaventura, el acueducto de Tumaco y el abastecimiento de agua potable de todo el Urabá.
Debe mantenerse la línea inflexible de acción contra la corrupción en el Gobierno actual, de denuncia implacable de lo que se encuentra heredado de los gobiernos anteriores. Las denuncias realizadas antes por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, las que acaba de hacer el director del DNP, las que han venido informando otros ministros y congresistas, no se constituyen en un espejo retrovisor, sino que, en realidad, debemos cambiar radicalmente para poder construir una democracia verdadera. La lucha contra la corrupción debe ser parte integral del acuerdo político nacional en construcción.
