El territorio de los pueblos indígenas, de las comunidades negras y demás habitantes se encuentra sitiado por los grupos armados. Se hace un llamado urgente desde las comunidades del pueblo Awá, ya que cuatro de sus miembros fueron asesinados en menos de 24 horas
Carolina Tejada
Varias organizaciones sociales e indígenas han denunciado en diversas ocasiones, en lo que va corrido del año, las graves situaciones de vulnerabilidad y de violencia que se han sembrado sobre las comunidades que habitan el Pacífico nariñense. La Organización Nacional Indígena de Colombia ha expresado que las comunidades se encuentran sitiadas por los actores armados, generando varias violaciones a los derechos humanos sin que, hasta los primeros días del mes de agosto, se atendiera dicha crisis en la región.
En la mira de los violentos
Dentro de las situaciones por las que han solicitado una intervención humanitaria para todo el territorio se encuentra la masacre del pasado 3 de julio en la que fueron asesinados Juan Orlando Moriano, de 35 años, gobernador suplente del resguardo Inda Sabaleta; John Faver Nastacuas, de 26 años; y Carlos José García, de 29 años, guardias escoltas por enfoque diferencial. Las víctimas, todos integrantes del resguardo Awá Inda Sabaleta de la Unidad Indígena del Pueblo Awá UNIPA, se encontraban desarrollando una reunión de derechos humanos cuando fueron atacados.
En la mañana del pasado 31 de julio, se presentó una nueva masacre en el corregimiento de Altaquer de Barbacoas. Cuatro indígenas del pueblo Awá fueron asesinados y dos más resultaron heridos luego de que hombres armados se bajaran de un vehículo y de manera indiscriminada dispararon contra las personas que se encontraban en un billar.
Según el registro de las cámaras de seguridad los delincuentes vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas de largo alcance, tipo fusil. Las víctimas pertenecían a los resguardos Chaguí Chimbuza, Nulpe Medio y comunidad La Primavera. Hasta hace apenas unas semanas se reportaban 88 familias desplazadas, 248 estaban en confinamiento y se habían reportado al menos 336 familias afectadas.
Desde el 2019 ya existía la Alerta Temprana No. 045 de 2019 de la Defensoría del Pueblo, en donde se destacan con especial situación de riesgo “los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos de la organización UNIPA” entre diversas formas de violencia que atentan contra la pervivencia del pueblo Awá.
Así mismo han sido visibilizadas por la Corte Constitucional, mediante el Auto 004 de 2009, el 174 de 2011 y el 620 de 2017, las medidas de especial protección. Sin embargo, lo que sí se ha dado es la violencia contra el pueblo Awá y de la protección para las comunidades nada.
Feminicidios en el Pacífico
Igualmente, y deslumbrando una aguda situación de DDHH contra las mujeres, la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y Pie de Monte Costero -ReDHPaNa y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, sacó un comunicado público en donde rechazan la recurrente situación de ataques contra las mujeres y que han sido presentados en los últimos 20 días, como asegura el comunicado publicado del dos de agosto.
Según expresan, “se han registrado y documentado estudio de violencia en contra de mujeres tumaqueñas: el 19 de julio, el de la lideresa social María Piedad Aguirre; quien fue ultimada a machetazos al interior de su vivienda; el 31 de julio el doble feminicidio de María Verónica Pai Cabezas y su hija no nacida de 6 meses de gestación y, hoy 2 de agosto, el de la joven Yuliana Estacio Cortés, a quien se declaró con muerte cerebral luego de sufrir quemaduras de 4º y 5º en más del 80% de su cuerpo tras ser agredida con gasolina.
Estos hechos victimizantes se suman a la cifra de más de 30 feminicidios ocurridos durante el año en el departamento de Nariño” cifras de la Corporación Casa De La Mujer y que se suman a los más de 450 en todo el país.
El pasado cuatro de agosto las organizaciones de mujeres, junto a la Defensoría del Pueblo, la Secretaria de la Mujer del Municipio de Tumaco, y organizaciones de DDHH, realizaron una “Velaton por la Vida” en el Teatrino del Malecón Bajito de Tumaco, en rechazo a los continuos feminicidios y violencias contra la mujer perpetrados en el Pacifico.
“Este conflicto no nos pertenece”
Para Javier Cortés Guanga, gobernador del resguardo indígena Awa, Piguambi Palangala, del corregimiento de Llorente, en Tumaco, dicho conflicto sobre todo el territorio Awa, se agudizó a partir de la firma de los acuerdos de paz. Cuando estaba el acuerdo, menciona Javier, “hubo un lapso de tiempo en el cual las comunidades sintieron de alguna u otra manera la tranquilidad en el territorio. Luego de un tiempo determinado, finalizando el 2017, 2018 y 2019, podemos decir que empezó a agudizarse realmente la situación en el territorio. Aunque la presencia de los actores armados siempre ha sido permanente y la afectación ha sido de manera directa e indirecta en las comunidades”.
Sin embargo, dado los últimos acontecimientos, expresa el líder indígena; “En esta época es invivible hacer la paz en medio del conflicto, construir y hacer gobernanza en medio de la situación que se presenta en el territorio. Para nosotros, en el caso del pueblo Awá, estamos asentados en Tumaco, las filiales a la organización Odipad, organización de resguardos del pueblo Awá del Pacifico. Es alarmante como nuestras comunidades de alguna u otra manera están siendo víctimas de manera directa e indirecta de todo este conflicto que no nos pertenece”.
Los actores armados que hacen presencia en el territorio, según las mismas organizaciones de DDHH, son alrededor de 13, entre paramilitares, grupos residuales de las Farc, ELN y Ejército Nacional, entre otros. Dice Javier: “En esta zona hay diferentes actores armados y todo el mundo sabe que el interés de todo esto es porque este es un territorio fronterizo en el cual se mueve muchas cosas. Eso es de conocimiento público”.
El efecto sobre las comunidades es amplio, “lo que están haciendo es contribuir al exterminio físico y cultural de nuestras comunidades, de nuestras costumbres, de nuestros principios como comunidades, como resguardos”
La alta presencia de estos actores, narra el líder, es producto de la vía libre que ha dejado el mismo Estado; “la presencia de los diferentes actores también corresponde al abandono histórico y social que hemos tenido por años las comunidades. Es decir que no hay una alternativa real, social, económica con oportunidades para las comunidades para mejorar las condiciones de vida, no para cambiar sus formas de vida, sino no para mejorar las condiciones de vida desde lo cultural”.
Lo que exigen las comunidades
Las organizaciones Redhpana, así como el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, expresan que una de las exigencias “es al gobierno nacional, departamental y local a activar e implementar las políticas públicas, y las rutas para prevenir todo tipo de violencias basadas en género. Así mismo instamos al aparato judicial y a la Fiscalía General de la Nación a actuar con celeridad para que estos hechos sean esclarecidos y sus actores judicializados”, enfatizando además que en el rechazo a cualquier tipo de violencia ejercida en contra de nuestras ñañas. “El cuerpo de las mujeres no es territorio de guerra”.
Para el líder Awá, las exigencias inician por “el respeto a la vida y al territorio por parte de cualquier tipo de organización armada, legal o ilegal y del mismo gobierno colombiano. Que respeten nuestras formas de vida y costumbres y se reconozca nuestro propio desarrollo dentro de las comunidades”.
Además, enfatiza en que el nuevo gobierno debe hacer una amplia inversión social “a la educación, la salud, los proyectos productivos y para el fortalecimiento a los derechos de la mujer. Necesitamos fortalecer la guardia indígena y reconstruir la paz estable y duradera, es decir; vivir en armonía y tranquilidad en el territorio porque no es fácil construir los sueños de las comunidades en medio de la guerra, de los muertos, del desplazamiento y de la desesperanza”.
