De acuerdo con el documento de reforma tributaria presentado, el nuevo gobierno propone eliminar las preferencias tributarias a los sectores privilegiados para aumentar los ingresos del Estado e implementar políticas públicas que erradiquen el hambre y reduzcan la pobreza y la desigualdad
Simón Palacio
@Simonhablando
El equipo de gobierno de Gustavo Petro presentó la nueva reforma tributaria. Encabezado por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, sus viceministros y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, se radicó ante el Congreso de la República el tan esperado proyecto fiscal.
De acuerdo con el documento presentado, esta propuesta “supone una nueva oportunidad para aumentar los ingresos tributarios e implementar políticas públicas que permitan erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad en el país, así como desmontar los tratamientos tributarios preferenciales que benefician a los sectores más pudientes”.
Según el nuevo gobierno, el objetivo es que con esta propuesta de reforma tributaria se busque la equidad, la justicia y la paz. Pero más allá de los tecnicismos, existen múltiples dudas sobre las diferencias entre este proyecto con el presentado en 2021 por el exministro Alberto Carrasquilla, así como los verdaderos impactos económicos del articulado presentado. ¿Cuáles son las características de esta nueva reforma tributaria?
Reforma y presupuesto
Dos de las principales metas que tiene el Ministerio de Hacienda, liderado por el reputado economista José Antonio Ocampo, tiene que ver no solo con la reforma tributaria, sino también con el Presupuesto General de la Nación. A propósito del nuevo proyecto fiscal, el gobierno de Gustavo Petro quiere recaudar cerca de los $25,9 billones durante el primer año.
Frente al presupuesto, a pesar de que el gobierno saliente deja la estructura del instrumento financiero para el próximo año, el gobierno de Gustavo Petro hará los ajustes necesarios antes del 14 de septiembre para que estos recursos vayan acordes a la nueva línea política. Sin embargo, el ministro Ocampo ha dicho que “estamos trabajando en reordenar otros planes porque nos han dejado el presupuesto con mínimas flexibilidades y es uno de los problemas serios que vamos a tener”.
Por otra parte, la reforma tributaria va a tener algunas prioridades que la hacen diferente a otras propuestas discutidas en el Congreso de la República. En la exposición de motivos, queda el propósito del proyecto fiscal que es reducir la deuda social. “La pobreza es uno de los principales problemas estructurales del país, que se traduce en hambre y falta de acceso a bienes y servicios de primera necesidad. Los indicadores de Colombia están entre los más altos de la región”, identifica la reforma.
Para el Ministerio de Hacienda, “la pandemia agravó este problema social, y la recuperación en 2021 no fue suficiente para llevar a estos indicadores a niveles prepandemia”. En 2021 la pobreza monetaria extrema se ubicó en el 12,2% y la pobreza monetaria estuvo sobre el 39,3%. La persistente desigualdad social del país, que supera ampliamente a la de países en la región, “impide que la buena dinámica del crecimiento económico se traduzca en desarrollo”.
El diagnóstico
El ministerio encargado de definir, formular y ejecutar la política económica del país, identifica que el sistema tributario rompe con el principio de equidad vertical y capacidad de pago, porque en palabras claras, beneficia a los contribuyentes con mayores ingresos.
“A medida que el ingreso del contribuyente aumenta, se incrementa su ingreso disponible y su capacidad para realizar planeación tributaria. Esto facilita el uso de rentas exentas y deducciones vigentes en el estatuto tributario para disminuir su impuesto a cargo. El diseño es doblemente regresivo al permitir mayores rentas exentas a los contribuyentes que perciben ingresos más altos. Esto reduce la capacidad de recaudo de la Nación, así como la progresividad del sistema tributario”, dice la exposición de motivos.
Es decir, el país no recauda los ingresos suficientes para suplir las demandas sociales de la población. De hecho, estos ingresos tributarios son menores al promedio en América Latina y los países miembros de la Ocde. “El complejo sistema tributario y el poco recaudo por impuesto de renta a personas naturales explican los bajos niveles de ingresos tributarios en el país”, reconoce Ocampo sobre un sistema donde todo recae sobre el IVA y el impuesto de renta a personas jurídicas.
La propuesta
Con el fin de garantizar progresividad y justicia tributaria, en primer lugar, se modificará el Impuesto de Renta de Personas Naturales, IRPN, de altos ingresos debido al bajo recaudo. La OCDE señaló en 2021 que este impuesto solo representa el 1,2% del PIB y adicionalmente, los más altos ingresos tributan menos en la práctica.
Las personas que ganan 10 millones mensuales o menos no pagarán más. Esto quiere decir que solo el 2,4% de personas con mayores ingresos en el país pagaran impuestos. De igual forma, ningún pensionado que gane 10 millones o menos -solo por ese concepto- va a pagar IRPN. Es decir, solo el 0,2% del total de jubilados pagará más impuestos.
La segunda prioridad son nuevas normas contra elusión y evasión tributaria que, de acuerdo con los cálculos oficiales, son entre 50 y 80 billones de pesos. De acuerdo con lo dicho por el ministro Ocampo, se busca eliminar la práctica de algunas empresas extranjeras que trabajan para pasar utilidades al exterior pero que no pagan impuestos en el país. Habrá cárcel para evasión.
Otras iniciativas
La tercera prioridad dentro de la reforma tributaria son los límites para los beneficios en lo que tiene que ver con el pago de impuestos. Se revisarán los beneficios a empresas mineras para que estas paguen más impuestos.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, también hace parte de la reforma. Se propone la ampliación de la unidad administrativa que recauda los tributos en su planta de empleados y la modernización de los sistemas de información, trámites y procedimientos aduaneros como elementos claves para avanzar en la tributación. Así se tiene contemplado en el proyecto y se buscará que las exportaciones tengan garantías y transparencia en los procesos aduaneros.
Sobre las Zonas Francas, vale la pena recordar que estas fueron creadas como una estrategia para incentivar la exportación de productos hechos en Colombia. Sin embargo, en la actualidad no están cumpliendo con el objetivo de su creación ya que muchas de estas zonas están participando principalmente en el mercado interno. “Si una empresa está en el mercado nacional paga el 25% de impuesto de renta, pero el resto el 20%, entonces este beneficio configura una competencia injusta”, afirmó Ocampo.
Lo que busca el nuevo Gobierno nacional es establecer un mínimo de exportación dentro de esos planes de internacionalización. Se propone subir gradualmente del 40% al 70% las exportaciones en las Zonas Francas, de tal forma que aquellas centrales que no cumplan con el requisito deban renunciar a su carácter de extraterritorialidad aduanera.
Al Congreso
Por otro lado, el sector financiero tiene una tasa de tributación del 38% y por ahora no está contemplado algún cambio. Sin embargo, sí se propone proteger el beneficio que tienen para poner la tasa más baja a los créditos de Vivienda de Interés Social, esto como parte de la política social que implementará el nuevo gobierno. Finalmente, se planteó un impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro que busca insertar rápidamente al país al proceso de transición energética mundial.
Ahora el proyecto de reforma tributaria llega al Congreso de la República, donde será discutido como prioridad por parte de la bancada de gobierno. Si bien el proyecto fiscal ha sido identificado como una iniciativa que busca saldar la deuda social, el paso por el parlamento puede modificar sustancialmente su articulado.