Editorial VOZ 3191
Los delicados hechos que ocurrieron en la zona rural de Tierralta, Córdoba, deben llamar al conjunto de la sociedad a una discusión sobre el papel que cumplen las Fuerzas Militares en el cambio político, así como identificar la difícil realidad que viven las comunidades que habitan la Colombia olvidada.
El pasado 11 de septiembre se conoció un video donde hombres armados, autoidentificados como disidentes de las Farc, intimidan, amenazan y agreden a la población de Bocas del Manso, una vereda ubicada en la profundidad del Parque Nacional Natural ‘Nudo de Paramillo’.
La comunidad denunció que los encapuchados amenazaron con sus armas a las personas, cometieron un abuso sexual contra una mujer de la vereda, además de robar algunas pertenencias y usarlas como escudos humanos. Igualmente, señalaron que los hombres armados retuvieron a 50 personas donde había mujeres, adultos mayores y menores de edad.
Las imágenes que rápidamente circularon por las redes sociales, obligaron a que el propio Ejército Nacional confirmara que los misteriosos encapuchados del video eran en realidad diez militares disfrazados pertenecientes al Batallón de Infantería N.º 33, “Batalla de Junín” de la Décima Primera Brigada. Horas después, la fuerza castrense también informó que los uniformados ya no se encontraban en la zona, que fueron retirados del servicio y que responderían ante la justicia ordinaria.
Como era de esperarse, la oposición instrumentalizó los hechos para continuar con su ofensiva en contra del Gobierno nacional, específicamente, con la mira puesta en el ministro de Defensa Iván Velásquez, quien respondió que la gravedad de los hechos exigía la adopción de drásticas decisiones. “Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares”, fueron las palabras del alto funcionario.
Si bien hasta el momento el conjunto de las fuerzas armadas mantiene el respeto por el orden constitucional, incluso de iniciativas que aparentemente le puedan ser adversas, como lo es la política de Paz Total, también es cierto que sería ingenuo pensar que no existen elementos reaccionarios al interior de la fuerza pública. Los hechos de Bocas del Manso así lo confirman.
Si bien valoramos como positivo nuevos enfoques, como el rol que están cumpliendo las Fuerzas Militares en la nueva política de drogas, donde no se persigue al campesinado cocalero sino al empresariado narco, también es preciso identificar que se necesitan las reformas estructurales en materia de seguridad y defensa.
Aunque hoy la fuerza se encuentra ordenada por la maquillada Doctrina Damasco (Doctrina de Seguridad Nacional), lo cierto es que en la práctica su enfoque sigue regida por tres anacrónicos principios que obstaculizan la modernización de las Fuerzas Militares: la eliminación del enemigo interno, el anticomunismo y el accionar contrainsurgente.
En consecuencia, la reforma doctrinal es imprescindible para construir un nuevo enfoque de defensa basado en la paz, la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza.
Por otro lado, unas fuerzas armadas comprometidas con la paz, la democracia y los derechos humanos necesitan desmilitarizar la vida social, para que hechos como los ocurridos en Tierralta no vuelvan a ocurrir. Eso implica un nuevo relacionamiento con las poblaciones donde el Estado tiene profundas deudas.
El caso de Bocas del Manso se configura como el ejemplo perfecto. La vereda que se encuentra a cuatro horas del corregimiento de Puerto Fresquillo por el imponente río Sinú y donde habitan campesinos con indígenas emberá-katío, se caracteriza por ser una región olvidada. Tanto en el pasado como en el presente, las fuerzas paramilitares han controlado a sangre y fuego el territorio.
Asimismo, muchas personas que habitan la vereda se acogieron al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que emergió del Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero como se ha denunciado en múltiples oportunidades, el Estado no cumplió. Esto ha conducido a nuevas siembras de coca en un momento de inestabilidad para el mercado de los narcóticos, donde el campesinado sigue siendo el eslabón más débil. A esta situación se le agregan necesidades básicas insatisfechas y una desbordante desigualdad, realidad que sufren muchos territorios que se encuentran en el completo abandono.
El presidente Gustavo Petro ha dicho que el caso no es un hecho aislado y que fue motivado para revivir el paramilitarismo en el territorio. Coincidimos con el jefe de Estado. Pero también insistimos en que el compromiso como Gobierno del cambio es saldar la deuda con esta y con todas las comunidades que sobreviven al desamparo. Y la única salida es transformar el territorio con el protagonismo de su gente.
En la memoria quedará la escena de la mujer con un niño en brazos que se enfrentó con valor a los militares disfrazados. Representa el enojo de los pueblos con el accionar de los actores armados. También simboliza que a la comunidad de Bocas de Manso le quitaron todo, incluso el miedo.
Aplausos de pie para esas comunidades valerosas que desde los remotos territorios del país nos enseñan que la dignidad sí se puede volver costumbre.
