Estado, empresarios y medios de comunicación corporativos son responsables de haber generado una cultura que normaliza prácticas contra el sindicalismo como persecución, desplazamientos, despidos de trabajadores y asesinatos. El Gobierno nacional inicia la reparación
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Aunque han pasado muchos años, Lorena Sánchez recuerda con impotencia, dolor e indignación los tres meses que estuvo detenida en las instalaciones de la Novena Brigada del Ejército Nacional, en Neiva. Sin importar sus cinco meses de embarazo, fue torturada y aislada en un calabozo.
Había sido encarcelada acusada de ser miliciana de las FARC. Sus únicos “delitos”: estar sindicalizada, desarrollar trabajo organizativo con Fensuagro, luchar por los derechos de los campesinos y vivir en una zona golpeada por el conflicto armado.
Todo ocurrió en 2006, en el Gobierno de Álvaro Uribe. “Fuimos capturados varios campesinos de manera irresponsable. Nos subieron en helicópteros, nos pegaban y yo estaba embarazada. Les gritaba a los militares que estaba embarazada, que yo era un habitante de la región, sin embargo, eso no les importó. Me gritaban ‘perra guerrillera’. A los tres meses fui dejada en libertad y solamente me pidieron disculpas por haberme hecho ese daño, pero el proyecto de vida que tenía quedó destruido”.
Lorena dice que aún está en el proceso de superar lo que le hicieron: “Al menos psicológicamente ya lo puedo hablar y no me afecta tanto. Ha sido un impacto para mí y para mi hija. Mi niño tenía ocho años. Todo eso está denunciado ante la Unidad de Víctimas”.
Las cifras de la impunidad
Como este, miles de casos han sido denunciados en diferentes instancias, aunque impera la impunidad. Según cifras publicadas por las centrales obreras CUT, CTC y CGT y la Federación de Trabajadores de la Educación, Fecode, 3.323 sindicalistas fueron asesinados entre 1971 y 2023, 449 sufrieron atentados contra su vida, 254 trabajadores sindicalizados fueron víctimas de desaparición forzada, 7.884 amenazados de muerte y 1.987 trabajadores y dirigentes, desplazados.
Es por esto, que el presidente de la República Gustavo Petro expresó: “En Colombia no se ha permitido la organización obrera, no se ha permitido la organización de quien trabaja. Han asesinado a la organización, lo que han querido es la barbarie”. El pronunciamiento lo hizo en el acto de reconocimiento público del sindicalismo como colectivo víctima del conflicto armado, que se realizó en Bogotá el pasado 14 de septiembre.
Al evento asistieron cientos de sindicalistas; Gustavo Petro; la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez y la directora general de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí quienes se comprometieron con la reparación.
Matar por ganancias
La decisión gubernamental, en línea con las políticas de cambio, se justifica en la necesidad de hacer una ruptura con las prácticas que por décadas han acompañado a muchos empresarios. Así lo identifica Petro al hacer un paneo por los acontecimientos.
“Estos obreros asesinados, hombres y mujeres sindicalizados, estos 1.954, casi 2.000 –ya sumamos 5.000– que fueron desalojados a la fuerza de su lugar de trabajo y de su lugar de vivienda para que no organizaran obreros, para que no dirigieran trabajadores y trabajadoras, para que el esfuerzo de organizarse no fructificara, porque ese era el objetivo, estos 7.650 obreros y obreras amenazados, para que sucediera lo mismo, para que se callaran, para que se silenciaran, para que no pensaran en los demás.
“¿Qué es lo que quieren suspender a partir de la muerte, el desalojo, desplazamiento forzado o amenaza en una persona, hombre o mujer?, ¿qué es lo que buscan?
“Pues que no se organicen, que no piensen los demás. Muerto, por lo que sabemos hasta el día de hoy, no lo logra hacer. Amenazado logra el mismo objetivo. Desplazado logra el mismo objetivo. Ese poder de pensar en los demás, entre el mundo del trabajo, ni más ni menos se plasma en organización. Y cuando hay organización obrera, se plasma en mejores condiciones laborales.
“Y ciertos empresarios y empresarias creen que, si hay mejores condiciones laborales, entonces tienen menos ganancias. Y matan por la ganancia”.
Por aspectos como los anteriores, para Fabio Manuel Herrera Martínez, director del Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la CUT, la decisión del Gobierno con el sindicalismo es un hito en la historia política de Colombia: “Esto es uno de los actos más grandes que un gobernante puede hacer ante los trabajadores, ante la sociedad y ante el mundo. El reconocimiento del genocidio permanente por parte del Estado contra liderazgo sindical y social de este país. Aquí ha habido un genocidio y así lo demuestran los estudios, no solamente que hemos hecho nosotros como central, sino los mismos estudios de las ONG internacionales”.
De la impunidad a la reparación
Al acto de reconocimiento asistieron varios familiares de los inmolados, en búsqueda de verdad y justicia. Uno de los casos es el de Juliana Ochoa, hija de Guillermo Ochoa Serna, profesor asesinado en Medellín en 1988 por ser dirigente del sindicato de maestros de Antioquia, Adida: “Él fue perseguido durante años, fue retenido ilegalmente, lo torturaron. Eso fue antes de que yo naciera. Fue el Estado, parece que fue el B2 del Ejército quien lo asesinó. Lo asesinaron en Caldas, municipio cerquita a Medellín, o sea, su cuerpo estuvo a punto de perderse y en este momento sería un desaparecido”.
El dirigente sufrió hostigamientos desde años antes de su muerte. También fue señalado y perseguido por varios profesores que se oponían a la actividad sindical, al punto que lo echaron del Liceo Marco Fidel Suárez de Medellín.
Cuando había sido detenido ilegalmente, logró escaparse: “Yo existo porque él se escapó. Él se voló, parece que se salió del lugar donde lo tenían y se echó a rodar por una loma y se aporreó y todo, pero sobrevivió y yo nací en el 81”, comenta Juliana, minutos antes de intervenir en el evento de reconocimiento del movimiento sindical como víctima colectiva del conflicto armado.
Miles de casos como los anteriores en la impunidad, llevaron a que el Gobierno del cambio viera la necesidad del reconocimiento y la reparación al movimiento sindical.
Sindicalismo y democracia
Por otra parte, para Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, la reparación al sindicalismo consiste en “constituir el espacio de democracia en el mundo del trabajo; en reivindicar sus derechos de asociación negociación y huelga en el marco de la libertad sindical que se le reconoce a nivel global y a nivel local. En reconocernos a todos como portadores de los conductos de mejoras sociales de reconocimiento de derechos en el trabajo, no solo desde el punto de vista laboral, sino en la sociedad. El sindicalismo tiene un papel en la sociedad que desafortunadamente en Colombia ha sido victimizado, objeto de múltiples ataques y desconocimientos”.
En ese sentido, existe una Mesa Nacional de Reparación, liderada por el Ministerio del Trabajo, con el objetivo de encontrar los mejores canales de reparación en clave de reivindicación de derechos, reposicionamiento y reconocimiento del espacio en la democracia que constituye el sindicalismo en el mundo laboral y en la sociedad.
Y fue justamente en este tópico en el que hizo énfasis el presidente Petro en su alocución: “¿De qué se trata ahora? Se trata de que esto cambie. El cambio consiste en eso. El cambio consiste en decirles a nuestros empresarios y empresarias, que muchos lo comprenden, ‘oiga, esta historia en donde mandaron a matar en la zona bananera, tanto en el 28 como en los años setenta y ochenta, no debe repetirse’. Esta historia donde destruyeron la organización obrera, no debe repetirse. Esta historia en donde le dicen a los niños y a las niñas, incluso en las escuelas, que el sindicalismo es malo, no debe repetirse. Sin sindicalismo no hay democracia. Así de simple”.
Persecución dentro del Estado
Pero no solo los empresarios tienen responsabilidad en el exterminio al movimiento sindical. Este cáncer hizo metástasis en diversas instituciones, y aunque parezca paradójico por ser centros para la construcción de democracia, en universidades infectadas por la política paramilitar.
Antonio José Flórez González fue presidente nacional de Sintraunicol y presidente de la subdirectiva de esa organización en la Universidad de Córdoba. Manifiesta que ese centro educativo fue tomado por el paramilitarismo, como lo ha reconocido el comandante paramilitar Mancuso: “Se tomaron a sangre y fuego a la Universidad y pusieron a las directivas, al rector y empezaron una fuerte persecución contra el movimiento estudiantil, contra el movimiento profesoral y contra los trabajadores y empleados sindicalizados”.
Antonio fue víctima de desplazamiento forzado cuando dirigía la subdirectiva en 1997. Posteriormente, “cuando ingresa el señor Víctor Hugo Hernández, hoy prófugo, rector condenado por el asesinato de Hugo Iguarán, nos quitaron derechos de las convenciones colectivas, nos reclasificaron a empleados públicos, siendo trabajadores oficiales, y comenzaron las amenazas más fuertes, un hostigamiento contra mí y mi familia, al punto que secuestraron a mi compañera a quien llevaban hacia Ralito, pero fue rescatada en un retén de la Policía. Y desde ahí tuve que salir con ella. Estuve por fuera 14 años”.
Aunque esa universidad ya fue reconocida como centro piloto de reparación, las víctimas y las organizaciones sindicales insisten en que se conozca toda la verdad, saber quiénes estaban detrás de los paramilitares: “Le hemos pedido a través de las conferencias que hace televisadas que diga la verdad, quiénes son sus fichas que aún están en la administración de la Universidad. Quiénes más estuvieron detrás de todos los asesinatos de profesores, trabajadores de estudiantes y de todos los casos de violaciones de derechos humanos”, exige Antonio Flórez.
A buscar las formas de reparar
Por su parte, el dirigente sindical de la CGT, Percy Oyola, destacó el proceso iniciado por el Gobierno. Sobre la reparación aseguró que varios temas que contiene la reforma laboral, en materia de libertad sindical y negociación colectiva, son determinantes.
“Que avance la comisión de alto nivel y que comience la reparación, que conozcamos la verdad. Hay que recordar que hay un 90% de impunidad como lo ha reseñado la JEP y la Comisión de la Verdad. Esperamos que cese la horrible noche de la violencia antisindical, y que este Gobierno haga una contribución importante a que la libertad sindical y la negociación colectiva tengan un futuro mejor”, señaló Oyola, quien agregó que la comisión establecerá las maneras de reparar, en las que se tendrán en cuenta las propuestas por el movimiento sindical.
Sobre el mismo asunto, las maneras de reparar, Fabio Herrera de la CUT, piensa que el Gobierno debe ser claro en el reconocimiento, porque “no venimos a ponerle valor monetario a nuestros muertos, pero el hecho que sí reconozca el Estado su responsabilidad en esto, es para nosotros suficiente y, sobre todo, que se den garantías de no repetición, que es lo fundamental”.
Para Oyola es prioritario que también haya un cambio de cultura, de la cultura antisindical, lo que implica políticas de Gobierno dirigidas a acabar con la estigmatización y persecución: “También debe haber acceso a los medios de comunicación al movimiento sindical, que permita que sea mucho más visible”.
Los primeros pasos
Sobre el mismo asunto se pronunció Juliana Ochoa: “Siento que la reparación es muy difícil. A mí todo el oro del mundo, todos los actos de reconocimiento no me van a devolver a mi papá, pero al menos esa pretensión de justicia y verdad es muy importante porque no fueron solo los paramilitares, ni empresas, el Estado tuvo parte activa como en mi caso. Necesitamos que el Estado nos pida perdón”.
Por todo lo anterior, el presidente Petro finalizó su discurso aseverando: “Hoy por hoy, en la época que nos corresponde, entonces que Colombia transite a la democracia de verdad y entonces en la democracia de verdad —que es la base de la paz— se escuche la voz del pueblo trabajador y que en el Acuerdo Nacional lleguemos a las concertaciones, pero escuchando y no solo escuchando la voz del pueblo trabajador, que el pueblo trabajador pueda participar en las grandes decisiones del Estado y de la empresa y del barrio y de la vereda y de Colombia. Esa será la democracia.
“Le pido ministra (de Trabajo, Gloria Inés Ramírez) que en esto que se llama un plan de reparación colectiva, que hay que construir desde el Ministerio del Trabajo, se contrate centenares de organizadoras y organizadores de sindicatos en el país como una reparación verdadera para el movimiento sindical”.
