Editorial VOZ 3172
El fiscal Francisco Barbosa, con sus acciones y posiciones, demuestra que es un pelele al servicio de la extrema derecha y un idiota útil para los autores del golpe blando. Además, es un farsante que pretende posar como un gran jurista cuando apenas llega a tinterillo.
La reciente tensión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa no tienen orígenes ni personales ni de competir por el poder. En la discusión el mandatario sube el nivel de sus reflexiones, mientras que el fiscal acostumbrado a tratar y tener amistad con delincuentes, baja el nivel hasta convertirse en el vocero de la “oposición inteligente” en Colombia.
Ubiquemos los problemas que realmente interesan en este debate. El primer trasfondo que tensiona a los dos altos funcionarios es que el jefe del ente acusador se empeña en no cumplir con un compromiso del Acuerdo de Paz de La Habana, que es la desestructuración del crimen organizado. Esta línea negacionista que desarrolló, el también nefasto fiscal Néstor Humberto Martínez, Barbosa la mantiene y la consolida en su gestión. Esto se corrobora con el persistente boicot aduciendo impedimentos constitucionales a los procesos de acercamiento y propuestas de sometimiento de las organizaciones paramilitares y narco criminales, como el Clan del Golfo.
En segundo lugar, otra clara actitud y decisión de Barbosa ha sido volver inoperante a la Unidad para el Desmonte de las Organizaciones consideradas como Sucesoras del Paramilitarismo, al quitarle presupuesto y reducirla a un comité de diálogo improductivo. Durante todo el periodo en que el compañero de pupitre de Duque ha estado al frente de la Fiscalía General de la Nación, no ha podido funcionar dicha instancia que hace parte del sistema de justicia transicional para la paz.
Una tercera realidad es que la Fiscalía actual posa de débil ante el avance paramilitar. En concreto, ante el Clan de Golfo, se muestra “maniatado” e “impotente” pero al mismo tiempo es diligente y eficaz para judicializar y encarcelar a jóvenes luchadores, líderes y lideresas que participaron del estallido social, etiquetándolos y estigmatizándolos de guerrilleros y terroristas, obstaculizando y dilatando las ordenes de libertad a las que tienen derecho.
Un cuarto aspecto grave, que deja al descubierto esta tensión, es que la Fiscalía, así como actúa en impunidad, articulada a procesos de corrupción económica, política y electoral, también termina siendo un instrumento del terrorismo de Estado y parte del nido de mal ambiente, de fábrica de mentiras contra el gobierno del Pacto Histórico y de persecución en contra del movimiento social. Un ejemplo de ello fue el caso del “Ñeñe” Hernández donde dineros del narcotráfico financiaron la campaña presidencial de Iván Duque y de la cual participó de manera orgánica el abogado Barbosa, actuando en complicidad, al servicio del uribismo y de la extrema derecha guerrerista.
Una quinta, y no menos importante cuestión, es la máxima alerta en que deben entrar la institucionalidad de la justicia y el Congreso de la República. Al uribismo, sus cómplices y sus operadores se le están cerrando las posibilidades de maniobras impunes: están asustados.
El ascenso y éxitos recientes del gobierno de Gustavo Petro, tanto nacional como internacionalmente, la prohibición de entrada y posible pedido de extradición por parte de Estados Unidos a tres exmilitares colombianos: los coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa Suárez y el general Iván Ramírez Quintero –por ser ejecutores y responsables de “graves violaciones a los derechos humanos”– hacen que uno de los mayores peones de la ultraderecha, como es el fiscal Barbosa, monte todo este espectáculo para justificar una posible renuncia, un exilio aduciendo persecución política del gobierno y la izquierda. No es gratuito que inmediatamente se dio este debate con el presidente, se publicara una carta de las fuerzas de derechas a nivel internacional quienes han declarado de “un riesgo constitucional en Colombia”.
En conclusión, lo que Barbosa está haciendo es montar una distracción para esconder la verdadera alianza de la actual Fiscalía General de la Nación con el paramilitarismo, lo que constituye una clara omisión del deber constitucional, una actuación delictiva, que refleja una conveniencia de tener desde la Fiscalía una fuerza paramilitar armada que sea funcional y actuante a la estrategia de golpe de Estado “suave” contra el gobierno del Cambio.
Estos problemas y tensiones con el Fiscal no atañen solo al presidente Petro. “El país merece respuestas” y en concreto las víctimas del paramilitarismo y de la guerra esperan la verdad. “Las vidas de 200 personas no solo se pusieron en peligro, sino que fueron asesinadas por el Clan del Golfo cuando, según el periodista Gonzalo Guillén, la Fiscalía ya sabía el listado antes del asesinato”, publicó el presidente Petro desde su cuenta en Twitter.
Parte del cambio avanzado y democrático en Colombia, es la necesidad de un poder judicial y una Fiscalía General de la Nación que estén comprometidas realmente con la justicia y la verdad, con la política de Paz Total.
