El adverso resultado en las recientes elecciones al Consejo Constitucional enseña lecciones sobre la construcción de los relatos y la necesidad de seducir a las mayorías que buscan el cambio
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
El domingo 9 de mayo se celebraron en Chile las elecciones para escoger a los miembros del Consejo Constitucional, cuerpo que elaborará el nuevo proyecto de Constitución que reemplazará a la actual Carta, redactada por la dictadura de Pinochet en 1980.
El resultado de las votaciones muestra un triunfo inobjetable de las fuerzas de derecha y ultraderecha, quienes han sumado más del 56% de los votos y tendrán 34 escaños en el Consejo, conformado por 51 miembros. Ello les otorga mayoría de dos tercios, suficiente para aprobar sus propuestas sin necesidad de hacer negociaciones con la otra fuerza, la coalición gubernamental Unidad para Chile que obtuvo el 28,6% de los votos y solo 16 escaños.
Con un 20,9% de votos nulos y en blanco –en Chile el voto es obligatorio–, dicha participación minoritaria le otorga a la centroizquierda una fuerza meramente testimonial, pues las verdaderas negociaciones se darán al interior de la derecha entre el Partido Republicano, heredero de las fuerzas pinochetistas más reaccionarias, y la coalición Chile Seguro, formada por los partidos conservadores tradicionales.
¿Qué ocurrió? ¿Por qué Chile pasó de ser un ejemplo de movilización social a entregar la redacción de su nueva Constitución a la ultraderecha más intolerante y fanática? La respuesta no es sencilla.
Del estallido social al Consejo Constitucional
El actual ciclo político chileno se abrió con el estallido social desatado en octubre de 2019. Una súbita alza en los precios del transporte provocó que la contenida ira popular contra un sistema neoliberal caduco y violento se expresara con toda intensidad en las calles del país.
Durante cuatro meses, el pueblo manifestó su hartazgo con el orden social impuesto brutalmente por la dictadura militar y cuyas consecuencias en desigualdad, pobreza y marginalidad se han hecho insoportables para la mayoría e imposibles de ocultar por la propaganda.
El estallido tuvo dos consecuencias importantes: la apertura de un proceso constituyente con la elección en abril de 2021 de una Convención Constitucional, que redactó un proyecto de Carta Magna, y la elección en diciembre del mismo año de Gabriel Boric como presidente de la República.
La composición de la Convención –plural, diversa y popular– reflejó el estado de ánimo del pueblo chileno que, en aquel momento, concedió la mayoría a las fuerzas democráticas y de izquierda. La elección de Boric –un social-liberal proveniente del movimiento estudiantil– aglutinó también a las fuerzas del cambio y permitió conformar un gobierno de reformas sociales dentro de los cauces institucionales.
Una vez redactado, el proyecto de nueva Constitución fue sometido a plebiscito en septiembre de 2022 y, de una forma cruelmente similar a la nuestra, se impuso la opción del “Rechazo” con más del 61% de la votación. Dicha situación inédita, se había rechazado ese proyecto de Constitución, pero no el proceso constituyente en sí, fue resuelta por el Congreso con la convocatoria de elecciones a un nuevo cuerpo, el Consejo Constitucional, elegido el pasado domingo y que tiene la tarea de redactar otro proyecto de Constitución que también será sometido a refrendación popular.
Por supuesto, la pérdida del plebiscito y la minoría conseguida por la izquierda en el Consejo, abren una nueva coyuntura donde las fuerzas conservadoras toman la iniciativa.
Poder constituyente y poder constituido
Según el pensador posmarxista Antonio Negri, el poder constituyente se manifiesta cuando el pueblo se moviliza y su fuerza es capaz de transformar las estructuras sociales. No obstante, una vez esos reclamos por la transformación se comienzan a tramitar a través de lo institucional (unas elecciones, una constituyente o un gobierno revolucionario) ese poder popular pasa a ser poder constituido.
En otras palabras, pierde su fuerza original y su impulso se encauza a través de procedimientos burocráticos que, si no son democráticos, terminan por impedir que se materialice el potencial transformador o revolucionario del poder constituyente.
En el caso chileno, el poder popular sacudió los cimientos del orden social y obligó a las clases dominantes a abrir un proceso constituyente que, hay que reconocerlo, no logró seducir a la mayoría de la ciudadanía.
Durante la institucionalización del proceso, es decir, la elección de la Convención, el plebiscito y la reciente elección del Consejo, las fuerzas progresistas y democráticas no lograron construir un relato que aglutinara a las mayorías necesarias para concretar los cambios, lo que no significa que la mayoría del pueblo no quiera cambiar, lo que ocurre es que no hay acuerdo sobre el sentido de ese cambio.
Muchos errores se cometieron por el camino. Durante las sesiones de la Convención, por ejemplo, varios miembros protagonizaron escándalos que minaron la legitimidad de la corporación y del proceso en sí. Además, algunas fuerzas políticas –ausentes en la reciente elección del Consejo– hicieron propuestas muy audaces que no se concertaron durante las sesiones y fueron incluidas en el proyecto de Constitución. Ello provocó que amplios sectores conservadores, que en el plebiscito hubiesen apoyado el “Apruebo”, se asustaran y votaran “Rechazo” al sentirse amenazados tanto por el alcance como por la forma poco pedagógica con que se defendió el proyecto.
Por otra parte, el cambio en el carácter del proceso constituyente –al pasar de ser amplio y popular con la Convención, a ser un concilio de expertos con el Consejo– provocó la abstención de muchas personas que habían apoyado las candidaturas de izquierda en las elecciones de 2021, mientras que la votación por la derecha se mantuvo más o menos estable.
Finalmente, la personificación del debate alrededor de la figura del presidente Boric también es una causa del resultado. En el momento de su elección, Boric despertó enormes expectativas, pero su imagen se ha deteriorado rápidamente, tanto por errores propios como por el papel jugado por los medios de comunicación. Por ello, la estrategia de la derecha consistió en presentar exitosamente las votaciones no como parte de un proceso de cambio sino como plebiscitos a favor o en contra del Gobierno.
Mentiras y desinformación
Capítulo aparte merece el rol de los medios de comunicación corporativos. Desde el estallido social de 2019 y durante todo el proceso constituyente, los medios han implantado el discurso de que el principal problema en Chile es la inmigración y la seguridad.
Si bien el país no tiene altos índices de delincuencia, sí tiene la mayor sensación de inseguridad en el mundo, lo que demuestra la potencia de los mensajes mediáticos y la importancia que tiene la percepción de la realidad sobre los acontecimientos mismos.
Uno de los principales fracasos fue no haber podido llevar el debate hacia lo importante, el injusto orden social, mientras los medios impusieron el “orden público” como la principal, cuando no la única, preocupación de la ciudadanía. Ello contribuyó a vincular la idea de la Constitución con la delincuencia, con Venezuela, con Maduro y con el socialismo, todo metido en el mismo saco.
Queda esperar que la derecha concierte un proyecto de Constitución que, sin repetir los errores del pasado, presente un texto que convoque a las mayorías. Una Carta hecha a la medida del pinochetismo solo provocará otro ‘rechazo’ y alargará de forma preocupante la incertidumbre sobre el futuro político chileno.
Chile fue la cuna del neoliberalismo. Aún está pendiente que sea su tumba.
