Editorial VOZ 3184
No terminamos de conocer los alcances de la ultraderecha y las mafias que controlan partes importantes del Estado como la Fiscalía y la Procuraduría. Utilizan el poder que da un alto cargo para arrasar con las mínimas garantías que en derecho tienen todos los ciudadanos, incluidos los que cometen un delito y aprovechan el caso para recusar al presidente de la República, Gustavo Petro, para que no pueda presentar la terna de donde saldrá el nuevo fiscal. Es realmente repugnante.
La captura de Nicolás Petro Burgos y Daysuris Vásquez por solicitud de la Fiscalía imputándoles cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito tiene todas las garantías, no solo del presidente, sino el respaldo del Pacto Histórico para actuar en ley, en derecho y con arreglo a las garantías procesales y humanas que tienen los acusados, en el campo jurídico y judicial. Eso es claro y lo sabe la oposición. El problema entonces es político y de una malsana intencionalidad de afectar humanamente al presidente y su familia.
En torno al aspecto humano, al presidente no le ha faltado la solidaridad del pueblo, las organizaciones sociales y de sectores políticos nacionales e internacionales. Lo han hecho sobre la premisa aprendida del maestro de la salsa Rubén Blades: “Familia es familia y un padre es un padre”. En concierto en Bogotá, el cantante salsero, expresó “a pesar de los problemas… familia es familia. ¡Presidente! Y cariño es cariño…”.
Es el espíritu del mensaje que publicó el presidente en Twitter: “Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”.
En lo político son claras las sucias intensiones del fiscal. Primera, impedir que el presidente pueda presentar ante la Corte Suprema de Justicia la terna para elegir fiscal y segunda, lanzar una cortina de humo sobre las denuncias de la billonaria corrupción en Ecopetrol descubierta por el gobierno y que involucra altos funcionarios del expresidente Duque y del círculo cercano a Uribe, círculo del que hace parte el actual fiscal general. Y como si fuera poco, además, aprovechan y afectan los procesos político-electorales del Pacto Histórico en el Atlántico, ya que Nicolás Petro es diputado de esta coalición en este departamento. Con esta nueva “jugadita” del fiscal, el negocio sucio es redondo.
La preocupación de Barbosa es lógica desde sus sucios intereses. La Corte debe elegir como fiscal a una de las tres personas que postulará el presidente. El nuevo fiscal comenzará su gestión desde febrero del 2024 y tendrá a su cargo avanzar en las investigaciones de corrupción de Odebrecht que involucra al exfiscal Martínez Neira, al excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga y varios uribistas más. Tendrá a su cargo los nuevos hallazgos de corrupción en Ecopetrol que involucra a altos funcionarios del gobierno de Iván Duque y deberá acelerar y mostrar resultados en las investigaciones de la parapolítica y de los asesinatos de líderes y lideresas sociales y de derechos humanos.
Este fiscal ha sido recurrente en utilizar el ardid de las cortinas de humo, los shows mediáticos y la institucionalidad para atacar políticamente al presidente. La captura de Nicolás Petro Burgos se realiza precisamente cuando sale Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, a denunciar el entramado de corrupción “Bunkering Imperio”, sobre el robo de crudo provenientes de Venezuela y Panamá. Este robo lleva dos décadas y no se dieron cuenta ni los tres gobiernos uribistas ni los dos de Santos. Red de corrupción que el presidente Gustavo Petro caracterizó como “uno de los mayores robos al Estado”. Más de 80 millones de dólares en desfalco. Este nuevo caso de corrupción involucra unas 400 personas de las cuales se destacan 17 empresarios, algunos de ellos reconocidos uribistas según fuentes consultadas. Esto es lo que quiere tapar el fiscal Barbosa, utilizando a Nicolás Petro y a su exesposa utilizándolos como chivos expiatorios.
Mientras tanto, el gobierno del Pacto Histórico, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez siguen dando lecciones de humanidad, rectitud y buen gobierno. La sabiduría del amor y control, del cariño por el pueblo y de sentir el dolor ajeno, sabiduría que jamás aprenderán estos grises, oscuros e insensibles mensajeros de la mezquindad, sigue guiando los buenos resultados del cambio.
