El Acuerdo de Escazú, y el debate por su aprobación, ha generado mucho revuelo. Pero como suele ocurrir con temas sensibles, en los que el gran capital tiene interés, se busca distraer la atención pública del asunto, llevando el debate por las tangentes y generando polémicas inanes para mediante distracciones desorientar a la opinión pública en torno a cuestiones realmente vitales para lograr instituciones más incluyentes, que amparan y defienden a los diferentes liderazgos territoriales y nacionales.
Así ha ocurrido con Escazú. La semana pasada, finalmente las dilaciones llegaron a su fin y el acuerdo fue ratificado en el último debate en la Cámara de Representantes. Sin embargo, las noticias no surgieron de las implicaciones y alcances de la ratificación, sino de las acusaciones del Centro Democrático hacia ambientalistas que acompañaron las sesiones de discusión, pues supuestamente estas personas estaban haciendo brujería. Estos subterfugios no sorprenden pues son propios de las trapisondas de quienes tienen mentalidades mágico religiosas.
Tras el escándalo, poco quedó del asunto, y aún la sociedad colombiana sigue sin discutir la relevancia de lo que acaba de ocurrir en el Congreso. En septiembre de 2018, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se firmó el Acuerdo de Escazú. Este busca dotar a América Latina y el Caribe de herramientas para contribuir de manera efectiva a la protección del derecho de cada persona a vivir en un medio ambiente sano, esto garantizando el “acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación”.
En otras palabras, este Acuerdo contribuirá a que los Estados trabajen en la protección del medio ambiente, y más concretamente, insta a las instituciones a salvaguardar a líderes y defensores medioambientales y a contribuir a elevar el nivel de conciencia colectiva en torno a los asuntos ambientales y así aprender a convivir con la naturaleza y su fauna y flora.
En Colombia, país que durante varios años ha sido vergonzosamente el primero a nivel mundial con más asesinatos de personas implicadas en la defensa del ambiente, las autoridades, en cabeza del presidente Iván Duque, hicieron todo lo posible para evadir la ratificación del Acuerdo de Escazú. A finales de 2019, Duque se vio obligado por las movilizaciones sociales a firmar el Acuerdo. Además, el expresidente buscaba oportunistamente captar recursos de la Unión Europea con esa acción.
Sin embargo, aún podía dilatar el asunto, pues el acuerdo no tendría implicaciones hasta que el Congreso lo ratificara. El debate se postergó varias veces, y en abril del año pasado, el proyecto que ratificaba Escazú se hundió por la intervención de los partidos tradicionales.
Nuestro país es una de las naciones con más conflictos socioambientales a nivel mundial, y ya que desde hace tres décadas las autoridades decidieron que el desarrollo del país se fundamentaría en el extractivismo minero. Tal modelo, que se profundizó con las administraciones uribistas, fue además una imposición del capital trasnacional, que llevó a que las economías latinoamericanas volvieran a concentrarse en la exportación de materias primas.
La extracción de minerales, es controlada en nuestro país por trasnacionales que cuentan con una gran cantidad de gabelas tributarias, lo cual les garantiza altos niveles de utilidad. Al país, en cambio, le queda destrucción ambiental, un impacto negativo en los ecosistemas, comunidades afectadas por la contaminación y, además han tenido que padecer el conflicto armado. Diversas corporaciones han patrocinado grupos paramilitares para combatir la organización sindical y atacar a las comunidades que se oponen a los megaproyectos mineros.
Por eso no es de extrañar que Duque rehuyera ratificar el Acuerdo de Escazú. Así pues, lo ocurrido la semana pasada en la Cámara es una victoria sobre las fuerzas reaccionarias que se seguían oponiendo a su ratificación, ya que la aplicación de este protege a los defensores ambientalistas y a sus organizaciones gremiales. Mientras María Fernanda Cabal vociferaba para impedir su ratificación su partido y Cambio Radical se retiraron del debate para disolver el quorum, los parlamentarios del cambio lo aprobaron con 119 votos a favor de Escazú.
Este hecho comienza a abonar el camino para un mayor compromiso estatal en la defensa de la vida de los defensores del medio ambiente. Además, esta decisión contribuye a que la sociedad tenga acceso a la información que le permita enterarse a tiempo de las pretensiones de las multinacionales extractivistas de seguir explotando zonas del país que vulneran el medio ambiente y contaminan las fuentes de agua.
Esto es vital en un país donde la consulta previa tiene falencias que aprovechan las empresas extranjeras y sus cómplices nacionales para hacerle conejo a las comunidades defensoras del medio ambiente y primeras víctimas de las acciones depredadoras del capital multinacional extractivista.
Es necesario relevar que Escazú hace parte de medidas que persiguen un fantasma, el llamado “desarrollo sostenible”. Es el capitalismo y sus formas de acumulación, el que ha puesto a la humanidad en riesgo de extinción, por tanto, esta ratificación también constituye un avance en la brega por el debilitamiento del capitalismo enemigo de la humanidad y la naturaleza.
