Editorial
El Gobierno de Iván Duque empeñó todos sus esfuerzos para sabotear el Acuerdo de Paz del Teatro Colón y así sumir al país en una nueva ola de violencia. Aunque la anterior administración repetidamente negó en público que su objetivo fuera “hacer trizas” el Acuerdo, como lo declarase uno de sus copartidarios, durante los últimos cuatro años vimos cómo la implementación de lo pactado entre el Estado colombiano y las FARC-EP nunca se hizo.
El pasado fin de semana el presidente Gustavo Petro tomó una decisión que rompe con lo que el país vivió durante el gobierno del Centro Democrático, al relanzar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).
Con estas medidas, la presidencia hizo pública su iniciativa de retomar la ruta de la paz decididamente al implementar el Acuerdo conseguido en 2016, así como retomando el camino para la construcción de una política de Estado que proteja la vida de los líderes sociales, los reincorporados de la guerrilla y los defensores de los derechos humanos.
Al relanzar ambas comisiones, Petro reconoce los escenarios nacidos de la paz reafirmando el derrotero que las partes suscribieron en La Habana para la superación de conflicto que azotó al país desde mediados del siglo XX, escuchando así el clamor de millones de colombianos que se expresaron en las urnas y en las calles por la salida negociada de la guerra.
Esos Acuerdos crearon las condiciones adecuadas para orientar las acciones políticas que dieron como resultado la creación del Pacto Histórico, su programa democrático y el triunfo de Gustavo Petro.
A septiembre de 2022, poco más de cinco años después de firmado el Acuerdo, los puntos fundamentales del mismo, como la reforma rural integral, la participación política o la solución al problema de las drogas ilícitas, muestran muchos rezagos, que se agudizaron por la reducción de recursos asignados a los diversos programas ligados a la construcción de paz.
Con la reactivación de la CSIVI se retoma el camino del diálogo a nivel estratégico entre las partes para cumplir con los decretos reglamentarios, revisando decretos y acciones normativas que tengan que ver con la implementación del Acuerdo de paz para que estén acorde con lo pactado en La Habana. Este es una muestra más de como la política del cambio y Colombia potencia mundial de la vida llegó al poder para hacer que la paz destierre para siempre la prevalencia de la muerte en las relaciones entre los partidos políticos y los colombianos.
Mientras tanto, la CNGS, que se había dejado de reunir durante el gobierno de Duque, tiene como objetivo el desmantelamiento del paramilitarismo y la formulación de una política efectiva para la defensa de la vida ciudadana. Garantizar que todo lo pactado en los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colón se cumplirían a cabalidad y acelerando su implementación para recuperar el tiempo malgastado por Iván Duque, en cumplimiento del saboteo a la paz ordenado por Álvaro Uribe Vélez.
La paz total, como la denomina el gobierno de Gustavo Petro, se inicia con la implementación de lo pactado en La Habana. En primer lugar, porque con la reactivación de las comisiones se envía un mensaje contundente del interés definitivo de avanzar en la implementación del Acuerdo, mediante el desarrollo de un diálogo fluido, eficaz y orientado a potenciar la convivencia, la democracia y la eliminación de inequidad y la extrema pobreza en el país, condiciones sin las cuales no es posible vivir en paz.
Además, este escenario abrirá la posibilidad de reactivar y potenciar las demás instancias que surgieron de los Acuerdos de La Habana, que claramente serán herramientas para la construcción de una paz duradera en nuestro país. En segundo lugar, porque con esta decisión Petro renueva el compromiso del Estado con las comunidades que se la jugaron por la paz. Y por último, porque al retomar actividades la CSIVI, el gobierno nacional da una señal clara de su voluntad de paz a los demás actores armados que siguen activos en varios puntos de la geografía.
Así, es posible que las organizaciones armadas no guerrilleras se convenzan que las propuestas de Gustavo Petro de propiciar condiciones para que dejen las armas tienen el propósito de llegar a acuerdos reales y con voluntad de cumplir.
De esta manera, lo que ahora se abre es la necesidad de plantear, de cara a los diálogos regionales, el fortalecimiento del financiamiento a puntos fundamentales del Acuerdo, principalmente los concernientes al desarrollo económico. Además, deben apoyarse las formas de organización popular que tienen como objetivo la protección de la vida y de los territorios.
Debemos ser conscientes de que ahora se abre una nueva oportunidad para la construcción de paz, pero esta no saldrá adelante por la mera fuerza de las instituciones, sino que debe contar con el respaldo decidido de la gente y las organizaciones populares.
El Estado tiene el deber de ofrecer a las comunidades hasta ahora excluidas, opciones y apoyo reales para superar las carencias que impiden el goce del bienestar que disfruta el pueblo en otros países.
