Editorial VOZ 3186
Justo cuando avanza en serio la paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el fiscal Francisco Barbosa denuncia un supuesto plan para asesinarlo. Según la Fiscalía, las informaciones provienen de acciones de inteligencia del ente acusador, del Ejército y la Policía. ¿Son creíbles? Muchos interrogantes se producen alrededor de esta denuncia.
“¡Señor presidente, a mí me van a matar!”, le dijo a Álvaro Uribe el alcalde de El Roble, Sucre, hace 23 años. Ya se sabe hoy que el mártir le hablaba a uno de sus verdugos. El gobernador Salvador Arana y Álvaro Uribe Vélez sabían, por inteligencia de la fuerza pública, que Eudaldo León Díaz Salgado tenía muchas pruebas de la corrupción y del contubernio del gobernador, el presidente y los grupos de extrema derecha. En este caso, la inteligencia del Estado estaba al servicio del paramilitarismo y los corruptos de Sucre.
La frase “a mí me van a matar” la siguen pronunciando miles de líderes y lideresas. Para ellos y ellas la inteligencia del Estado, en la gran mayoría de casos, no ha servido. En cambio, se afianza el peligro a que se consuma el asesinato, la desaparición y el desplazamiento forzado.
La inteligencia del Estado fue clave en el exterminio en más de cinco mil militantes y dirigentes del Partido Comunista y la Unión Patriótica, por ello, entre otras razones, el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También, la información de inteligencia fue clave en magnicidios como el de Luis Carlos Galán Sarmiento o Jaime Garzón. Y lo ha sido en el saboteo permanente a los procesos de paz que se han intentado en el país.
Es paradójico que el fiscal Barbosa, que ha utilizado la inteligencia para entorpecer el esclarecimiento de las graves violaciones de los derechos humanos, para afianzar la impunidad e inacción contra los corruptos y paramilitares uribistas, se pronuncie ahora con la misma frase que les ha costado la vida a miles de colombianos inocentes, “a mí me van a matar”.
La diferencia con el resto de los colombianos que fueron asesinados después de pronunciada esta frase, es que la versión del fiscal es una mentira, es la utilización de la inteligencia del Estado como arma política para atacar al presidente, entorpecer el diálogo de paz con el ELN e ir encubriendo sus fechorías con un ataque defensivo e irse al exilio como “perseguido político”.
Para VOZ, tiene mucha más credibilidad un columnista como Yohir Akerman, quien en la revista Cambio desmanteló la mentira del fiscal: “La verdad es que no (…) Esta columna tuvo acceso a dos fuentes militares que manejan varios agentes de campo infiltrados en diferentes niveles de esa guerrilla. Estas fuentes confirmaron que hasta ahora no han oído de ese supuesto plan que el fiscal denunció. Para tener clara la magnitud de la contradicción, estas son las mismas fuentes que han indicado, en el pasado, con antelación, acertadamente, planes del ELN, como el carrobomba a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Así como se oye”. El periodista ha construido a través del tiempo y sus columnas credibilidad, el fiscal Barbosa ha cimentado deshonestidad.
Pero de todo esto surgen preguntas. ¿La inteligencia y la contrainteligencia del Estado, al servicio de quién? El cuestionamiento es válido en tanto vemos que las acciones desplegadas por la Fiscalía son selectivas y manipuladas. En el caso de Nicolas Petro, el fiscal escogió sus víctimas, todas relacionadas con el proyecto de cambio, con el gobierno y con el Pacto Histórico, las expuso públicamente en un mediocre organigrama delictivo, a la vez que invisibilizó a Alejandro Char, quien en las grabaciones es un profuso interlocutor con Daysuris Vásquez. Es la inteligencia del Estado que sirve al golpe blando para tumbar al Gobierno.
¿La inteligencia y contrainteligencia del Estado y del Gobierno, hacen parte hoy del foco de cambios y reformas que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico? Los temas de inteligencia y contrainteligencia generalmente han pasado invisibles en el marco de los debates y en la construcción del proyecto político de cambios democráticos que se impulsan. Claro, no es un tema de fácil manejo en lo público, pero, como lo estamos viendo, afecta e incide de manera sustancial en los temas públicos como la paz y los derechos humanos.
El uribismo y el fiscal Barbosa utilizan la información de inteligencia como arma política, la manipulan a su antojo, extraen y publican lo que les sirve y esconden y borran lo que los afecta.
Conociendo al melindroso funcionario, es lógico preguntarse, ¿el fiscal Barbosa estará desarrollando al interior de la institución una operación de limpieza de rastros y pruebas, borrando y eliminando asuntos, documentos y registros que pudiera implicar una comprobación de sus fechorías y actos delictivos?, ¿puede la inteligencia y contrainteligencia del Gobierno y del Estado comprobar esta información y actuar preventivamente?
