Luis Jairo Ramírez H.
@JairoRamirezH
Toda la demagogia del Establecimiento según la cual “Colombia es la democracia más antigua de América Latina”, se desmoronó el 19 de junio de 2022, cuando los resultados electorales determinaron que el Pacto Histórico, una coalición de fuerzas de signo popular y democrático, sería gobierno.
Inmediatamente los más caracterizados dirigentes civiles y militares del viejo régimen dominante comenzaron a expresar su saña con el rumbo económico y social que anunciaba el nuevo Gobierno y con la integración de su gabinete ministerial. Desde ese día, las derechas tradicionales dejaban ver que no aceptaban “el juego democrático”, que ellos mismos habían diseñado.
Cada paso positivo del nuevo gobierno de inmediato era ferozmente estigmatizado: la rápida normalización de las relaciones con el Gobierno de Venezuela; una estrategia de Paz Total que incluye nuevas metodologías en la erradicación de la violencia, el Acuerdo de Escazú y la eliminación del fracking, como punto de arranque de una transición energética; la reforma tributaria que determinó impuestos para los sectores más ricos y favoreció a los pobres; la reducción de la inflación y de los precios de los alimentos; un nuevo enfoque del problema de los cultivos de coca, con la reconversión productiva de la hoja de coca y la despenalización de los campesinos.
Igualmente, el aumento del empleo y el impulso de la economía popular; la constitución de los campesinos como sujetos de derechos y creación de la Jurisdicción Agraria; la eliminación del servicio militar obligatorio; creación del Ministerio de la Igualdad a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez; la intervención del Programa de Alimentación Escolar, PAE, para extenderlo a los 365 días del año; un audaz Plan Nacional de Desarrollo que organiza los territorios alrededor del agua y promueve nuevos sujetos sociopolíticos; la gratuidad de la matrícula universitaria y la organización de la renta ciudadana, para atender a más de 3.4 millones de hogares que encabezan mujeres en condiciones de extrema pobreza.
Durante estos doce meses del nuevo gobierno, los poderes industriales, financieros y latifundistas usan a diario y en forma sibilina y sistemática, la guerra jurídica, con la connivencia de la Fiscalía, la Procuraduría y algunos alfiles del poder judicial; el saboteo parlamentario y el más aleve ataque de las corporaciones mediáticas.
Al mismo tiempo que avanza semejante plan de desestabilización, se busca distraer la atención publica de los sucesivos escándalos de los personeros del poder, las confesiones de generales y oficiales de la fuerza pública reconociendo la responsabilidad oficial en los crímenes de Estado, masacres y despojo de tierras a los campesinos; el escándalo de corrupción del magnate Sarmiento Angulo con Odebrecht; la política de impunidad que ejerce el fiscal Barbosa para favorecer a miembros de los partidos de la derecha. El saqueo sistemático de los recursos de la salud, educación, la SAE; la defraudación contra Ecopetrol, Reficar y OCAD-Paz, que no se investigan por la justicia.
Sabemos que la oligarquía no va a renunciar a su poder y sus privilegios “por las buenas”. Tenemos claro que las clases dominantes son capaces de violar “su propia legalidad” cuando lo consideren necesario. Está demostrado que cuando pierden el gobierno conspiran y preparan las condiciones para recuperarlo, por las buenas o por las malas.
Así pues, tarea prioritaria está en acumular fuerzas para consolidar un bloque social y político capaz de enfrentar a los sectores reaccionarios que se oponen al cambio.
