En audiencia pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, 17 militares reconocieron su responsabilidad en “falsos positivos” cometidos en la población antioqueña. Este caso ilustra la gravedad de lo sucedido
Mónica Andrea Miranda Forero
@Emedemoni_
Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba eran en su mayoría jóvenes campesinos engañados con promesas de trabajo para luego ser asesinados. Sus cuerpos fueron manipulados para hacerlos parecer como si hubieran sido abatidos en combate.
Los “falsos positivos” son una práctica macabra que ha sido utilizada por actores armados en Colombia desde hace décadas. Se trata de la ejecución extrajudicial de civiles inocentes, quienes son presentados como guerrilleros muertos en combate para inflar las cifras de bajas en el conflicto armado.
Esta práctica no solo es inhumana y violatoria de los derechos humanos, sino que también perpetúa el ciclo de violencia en el país. Los “falsos positivos” han sido perpetrados tanto por grupos paramilitares como por miembros del ejército, lo que demuestra la falta de control y regulación sobre las fuerzas de seguridad en el país.
En Colombia, los falsos positivos son una tragedia que ha dejado a muchas familias destrozadas. Pero en Dabeiba, el dolor es aún mayor, tanto así que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reconoció que lo ocurrido en la población antioqueña recogería dos de los 11 macrocasos que están en investigación, el 03 “Asesinatos y muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”; y el 04 “Situación territorial de la Región de Urabá”.
La JEP en el cementerio de Dabeiba
El 2 y 6 de agosto de 2019, el Sargento William Andrés Capera Vargas (R) del Ejército, declaró ante la JEP por su participación en las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Huila. Allí, espontáneamente, empezó a declarar sobre lo ocurrido en el cementerio Las Mercedes en Dabeiba, Antioquia.
Como consecuencia, la JEP y Capera, tras meses de investigaciones, llegaron a Dabeiba con el fin de indicar los puntos exactos de las 29 fosas comunes realizadas por el Ejército cuyo saldo eran 11 víctimas, varias de ellas menores de edad, una adolescente y dos personas con enfermedades mentales.
“Señora Rubiela, lamento ser el causante de la muerte de su esposo Edison Alexander, que ya no le puede cantar los vallenatos en la mañana. Lamento haber fracturado su hogar y ser el causante de su sufrimiento”, le dijo el Mayor (retirado) del Ejército Yair Alexander Rodríguez a Rubiela Manco, esposa de Edison Alexander Lezcano Hurtado, víctima de los “falsos positivos”. Es menester mencionar que este caso fue determinante para que la JEP determinara al Caso Ilustrativo de Dabeiba, por medio de la Sala de Reconocimiento, como el primer hecho descriptor del primer patrón de macro criminalidad.
Según Alejandro Ramelli, uno de los magistrados de la JEP que está llevando este caso, “este es el único caso donde se ha logrado rápidamente contrastar la versión de los comparecientes con la evidencia forense”.
En territorio paramilitar
“Y todo porque en ese entonces íbamos perdiendo la guerra”, concluye Edie Pinzón, coronel (R) del Ejército cuando está terminando su confesión sobre la relación entre el paramilitarismo y los militares. “En esa alianza que teníamos con las Autodefensas se decía ‘el enemigo de mi enemigo, es mi amigo’. La otra manera para referirnos a las Autodefensas era ‘Los primos’. Así mismo, decíamos que ellos (los paramilitares) eran la sexta división del Ejército, en esa ocasión solo había cinco divisiones del Ejército”.
Hay que decir que las Autodefensas Unidas de Colombia se “desmovilizaron” en 2006, sin embargo, grupos como “El Clan del Golfo” (autodenominados como Autodefensas Gaitanistas de Colombia) surgieron tras ese proceso. No obstante, presuntamente la alianza entre militares y paramilitares nunca cesó, sino que al contrario en el gobierno de la “seguridad democrática” esta relación se estrechó, trabajando en operaciones conjuntas.
“Los ojos de nosotros muchas veces eran las Autodefensas porque según ellos conocían a todos (…) Nuestros superiores nos empezaron a exigir resultados, pero tenían que ser con números de muertos, no de capturados”, le dijo a la JEP Fidel Iván Ochoa, sargento viceprimero (R) del Ejército Nacional.
El Ejército no es la única institución responsable de estas acciones, pues cuando se estaba haciendo la investigación para contrastar las versiones, se descubrió que la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Dabeiba, quien tenía la administración del cementerio de Dabeiba alteró los datos para desviar las investigaciones sobre lo ocurrido. Además, la Policía también tuvo relación con el ocultamiento de pruebas y con la orden de ejecutar a civiles ajenos a la guerra
“Chávez, el intendente de Dabeiba de la Policía era uno de los encargados de señalar personas – que tal vez le caían mal o no le obedecían – y nos decía para que lo ejecutáramos”. Esta es una de las confesiones que hizo Levis de Jesús Contreras, soldado profesional (R) del Ejército Nacional.
Táctica y estrategia
La estrategia para pasar desapercibidos y sin llamar la atención era confundir a la gente, un día los militares pasaban con su camuflado y al día siguiente con la bandera y el camuflado de las Autodefensas. “La brigada Móvil del Batallón 79 trabajaba de la mano de los paramilitares (…) Era tanto el descaro que había paras que patrullaban con nosotros y nosotros patrullábamos con “Los Primos” y muchas veces nos prestábamos el camuflado y compartíamos víveres, municiones, ropa, campamento y hasta armamentos (…) Ellos pasaban a ser un militar más”, aceptó Contreras.
Las torturas también fueron pan de cada día en Dabeiba entre 2002 y 2008, en diferentes partes de Colombia los métodos de la tortura cambiaban. El sargento Ochoa dijo “creo que fui yo el que me inventé la práctica de ‘la toalla’ que consistía en mojar una toalla y ponérsela en la cabeza a una persona y luego ponerle una bolsa para asfixiarla y para torturarla hasta que nos dijera la información”. Además, confiesa que tenían tabanos (instrumento parecido a un taser) utilizado para el arreo de las vacas “Teníamos tabanos para electrocutar a la gente para que nos dijeran lo que sabían”.
Declara además que convirtieron un combate “legal” en una guerra sucia, esto por cumplir con los resultados y ganar beneficios “si quedaba un herido, si capturábamos a alguien o si nos decían que era colaborador de las Farc-EP, lo asesinábamos”.
¿Quién dio la orden?
El General Mario Montoya es un militar retirado tras 40 años de servicio de las Fuerzas Militares. En el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez lideró las operaciones Orión (2002), Fénix (2008) y Jaque (2008) contra las FARC-EP, tiene más de 100 procesos abiertos en Colombia por la muerte de aproximadamente 100 civiles para presentarlos como ejecuciones extrajudiciales.
Las palabras del sargento Ochoa son escalofriantes: “Esta práctica de los falsos positivos se vuelve sistemática en el Ejército con la llegada del general al Comando de la Séptima División y posteriormente al Comando del Ejército. Él (Montoya) nos decía por radio ‘yo no necesito litros de sangre, yo necesito carrotancados de sangre’”.
