Pietro Lora Alarcón
La integración latinoamericana y caribeña es el tema central de la agenda regional. Fue así tanto en la Celac realizada en enero en Buenos Aires, como en la Cumbre de Presidentes del 30 de mayo que proclamó el Consenso de Brasilia; también en el XXVI Encuentro del Foro de Sao Paulo, concluido exitosamente el 2 de julio, y hoy lunes, cuando escribimos esta columna, en la conmemoración de los 45 años de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA. El tema será retomado en la Reunión Técnico-Científica de la Amazonia el 8 de julio en Leticia y en el encuentro de jefes de Estado y gobierno el 8 y 9 de agosto en Belém do Pará.
En este nuevo ciclo de relaciones entre los gobiernos de la región se evidencian pasos más decididos en la búsqueda de la unidad. El protagonismo de gobiernos democráticos se concretiza en decisiones políticas que generan condiciones de diálogo, que a su vez posibilitan acuerdos en torno a iniciativas cuya intención es que impacten positivamente en la vida de las sociedades, reduciendo la desigualdad y la pobreza, garantizando la soberanía sobre los recursos naturales y actuando en defensa de la paz regional.
De hecho, la integración para la justicia social y la busca de ventajas competitivas y distributivas, reposicionando la región en el contexto internacional, es parte indispensable de un proyecto de desarrollo soberano, internacionalista y solidario, que pasa por un proceso de reconocimiento de las potencialidades macrorregionales. Esto implica superar la fragmentación y sentarse a conversar.
Y aunque parezca fácil y hasta natural, recordemos que los presidentes suramericanos no se reunían hacía más de nueve años, cuando en curso estaba exactamente lo contrario, es decir, una agenda suicida e impuesta para desintegrar, cuya premisa es aislar al otro. El Grupo de Lima y el Prosur, por ejemplo, obedecen a esa lógica y tienen como premisa que cada Estado es enemigo del otro, que los intereses no son coincidentes y que algunos deben ser considerados parias, específicamente Venezuela, Cuba y Nicaragua.
En ese camino de unidad existen responsabilidades y compromisos importantes en el campo geopolítico, geoeconómico y comercial. La paz y la seguridad regional implican, por ejemplo, que nuestros pueblos no sean sometidos a las presiones de la OTAN y que se desmilitarice la vida y la protesta social, exigiendo el cumplimiento de las directrices de la CELAC de 2014, cuando se proclamó convertir América Latina y el Caribe en una zona de paz.
Desde luego, la integración energética, el comercio bioeconómico y la preservación de la Amazonia, afirmando la soberanía, son relevantes factores de disuasión ante pretensiones de dominación extra-regionales que pretenden explorar las vulnerabilidades de los países del área. En tal sentido, los recursos naturales son garantía para un proceso de reindustrialización necesario y urgente, con proyectos sostenibles, viables y factibles, sustentando una no-alineación creativa y propositiva en el ámbito de las relaciones globales, que rechace las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos.
En otros temas, como la migración, una integración para los derechos debe orientar la modificación del paradigma infeliz de que las personas migrantes son “ilegales”, como si no fueran seres humanos castigados por el desempleo, el hambre y la violencia.
Por eso la integración regional es un eje central para profundizar la democracia y avanzar en el camino de las transformaciones, en sentido estratégico.
