El pasado 24 de febrero en Bogotá, culminó la gira de la XIX Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz, que hizo un informe de verificación de las violaciones a los derechos humanos en varias regiones. La impresión de la delegación es que sigue existiendo violencia, pero hay una luz de cambio y esperanza
María Galeano
En el informe preliminar de la comisión, conformada por Rafael Palacios García, diputado y portavoz del grupo político Podemos en la junta general del principado de Asturias, Javier Ajona Muñoz, de Soldepaz Pachakuti, Mateo González Cid, de Ingeniería sin Fronteras, Rubén Fernández Gutiérrez del Movimiento Asturiano por la Paz, Cristina Fernández Alonso de la Asamblea Moza D’Asturies, entre otras personas, la delegación detalló algunas impresiones de lo que sería el informe general que será socializado en Asturias, en el parlamento español y europeo.
En esta ocasión la delegación visitó los municipios de Tumaco y Pasto en Nariño, Puerto Guzmán, Villagarzón, Pitalito, Yopal, Arauca y Saravena, poblaciones que han logrado resistir a la violencia, pese “al ofrecimiento del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez de dialogar, cesar el fuego y acordar los términos que lleven a la “Paz total””, expresaron en su informe preliminar. **
Hallazgos de la delegación
El recorrido de la delegación se dio de extremo a extremo en el territorio nacional. En medio de la diversidad cultural y social conocieron las realidades del Pacífico nariñense, a su población rodeada de mar y principalmente afrodescendiente que se bate entre los más de 13 grupos armados en confrontación y el deseo de vivir en paz, llegando hasta la población fronteriza con Venezuela, en Arauca, en medio de la Orinoquia colombiana, cuyo departamento ha resistido a la disputa territorial de tres agrupaciones armadas que no cesan la guerra que se agudizó desde enero del 2022.
Por estos territorios y en medio de la conflictividad que se vive a diario, transitaron con sus cámaras y cuadernos de apuntes en los que iban recogiendo las impresiones de la gente, de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y afros. Su único motor, como expresaban algunos, era la solidaridad, el apoyo a la paz y la defensa de los DDHH.
Luego de los extensos recorridos y del trajín de once días de trabajo, en rueda de prensa compartieron algunos detalles: “Nos reunimos con organizaciones sociales, víctimas, autoridades civiles, policiales y militares, además de las reuniones con funcionarios del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, la Cancillería colombiana, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la embajada de España”.
Resaltaron la “voluntad del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez de respetar los DDHH y construir la paz, propósitos que generan esperanzas en Colombia y simpatías en Europa y de manera especial en Asturias”, pero también fueron contundentes en referirse a la “degradación creciente del conflicto armado interno con graves afectaciones a la población civil, jalonado por el narcotráfico, la minería ilegal y los agronegocios”, además de los continuos ataques contra la dirigencia social, los firmantes de la paz, las mujeres en Yopal y Nunchía, entre otros, y la falta de efectividad del sistema de protección y de garantías.
El grupo de observadores también llamó la atención sobre “el carro bomba contra la sede de las organizaciones sociales en Saravena, los ataques contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena y contra la residencia del líder comunal Jhony Díaz, ocurran en una ciudad totalmente militarizada”. Así como de la impunidad y el oscuro papel de la Fiscalía, que según analiza la comisión, “no toma en serio las denuncias de las mujeres lideresas de los asentamientos humanos de Yopal y Nunchía, pero se muestra diligente para judicializar a la dirigencia social de Arauca y Casanare, lo que contrasta con su lentitud para establecer las autorías intelectuales, los responsables políticos y los financiadores del plan de exterminio contra la dirigencia social”.
La información que recibió la comisión, también da cuenta de la re-paramilitarización en el departamento del Casanare, “admitida por la comandancia de la policía departamental, y la negativa de mandos del Batallón Mecanizado Revéis Pizarro a reconocer la existencia del paramilitarismo en Arauca”. Así mismo, y a pesar de las dificultades la delegación accedió a la cárcel central La Picota en Bogotá y logró conocer “las pésimas condiciones de reclusión de miles de prisioneros hacinados, sin atención médica, mal alimentados y obligados a hacer huelgas en las prisiones de La Dorada, Palo Gordo y Jamundí”. Entre otras situaciones de violencia que lograron evidenciar en cada lugar al que llegaron.
Para esta comisión, en medio de la presente violencia política en el país, fue de gran importancia la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso del exterminio de la Unión Patriótica y la condena al Estado colombiano como responsable por las violaciones de DDHH cometidas contra más de seis mil víctimas militantes de este partido a partir de 1984.
La importancia de la delegación
En diálogos con la VOZ, Rafael Palacios García, diputado de Asturias, relató que esta delegación resulta de gran importancia en este nuevo momento político para el país: “Cuando planificamos esta 19 visita bajo el contexto del gobierno del cambio y, cuando se plantea que las cosas van a cambiar, pensamos que tenía sentido seguir con una delegación de derechos humanos. Y planteamos esa cuestión que tiene todo el mundo tan claro; que no es lo mismo tener el gobierno que tener el poder y, por eso mismo, pensamos que iban a presentarse reacciones quizás más fuertes que en otros momentos contra sindicalistas, líderes y defensores de derechos humanos, porque si había una disputa por el poder, ahora que las fuerzas del cambio están en el gobierno, seguramente iban a reaccionar con más violencia que nunca. Y no nos equivocamos”.
El análisis que hace Palacios es que en el año 2022 hubo un nivel de violencia muy alto en Colombia. “La experiencia que tenemos, quienes hemos estado en el gobierno, es que cuando llegamos nos encontramos con resistencias, con corrupción, con situaciones que hay que seguir denunciando, apretando y otras apoyando. Pero por eso mismo es necesario seguir acompañando. Por lo tanto, pensamos que la 19 delegación y las que van a seguir, porque vamos a seguir acompañando, son más necesarias que nunca. En un momento de cambio en el que por primera vez hay un gobierno progresista en Colombia, es más necesario que nunca una delegación de acompañamiento y verificación para poder trasladar también a la comunidad internacional lo que vimos y lo que está pasando”.
Siguen matando, afirma Palacios: “pero no pueden matar la esperanza”, es decir, “lo que vimos es que hay mucha esperanza, aunque también hay miedo, se están rearmando grupos en algunos espacios, discutibles sus objetivos, no es cuestión nuestra profundizar, pero sigue habiendo problemas graves y pensamos que eso tienen mucho que ver con las elecciones locales y regionales que vienen y, pensamos que en las veredas, en los municipios, la insistencia de la extrema derecha va a hacer mucho más dura y fuerte”.
Comentó que siguen existiendo denuncias por la violencia militar y policial: “Ahora en la ONIC, nos informaban que se había presentado una injerencia del ESMAD en un territorio indígena de manera violenta, ahora mismo hay una manifestación de jóvenes por el desarme del ESMAD. Son cosas que deberán cambiar. Pero en general, lo que vemos en un nivel de resistencia, de esperanza y la capacidad de organización. Llevan ustedes una tradición de lucha, de levantarse de las cenizas y de reinventarse”.
Para el mes de abril la comisión asturiana prevé hacer una presentación pública del informe en el parlamento de Asturias, de España, en el parlamento europeo y por las comunidades autónomas en España. “La idea es ponerlo en conocimiento de Naciones Unidas también, ellos están muy interesados en los territorios. Queremos que el informe sirva como elemento de reflexión, de diplomacia ciudadana que viene implementándose hace más de 20 años.
“En Asturias, por ejemplo, acabamos de aprobar una proposición o de ley en apoyo a los acuerdos de paz y que se refuerce la cooperación con Colombia, porque sí tenemos miedo de que la gente piense que ya está todo resuelto. Ahora más que nunca es necesario apoyar para que el proceso se consolide”.
Hay que acompañar este gobierno y a las organizaciones sociales y de derechos humanos, reflexiona el diputado. “En Colombia siguen habiendo muchos problemas, pero aquí hay un gobierno que quiere avanzar hacia esa paz total y una voluntad de su gente, una esperanza de cambio y no la podemos abandonar”.
