Dos hechos recientes provocarían nuevas posibilidades para la política de paz del Gobierno nacional: la reaparición del comandante de la Segunda Marquetalia y la designación del ex jefe paramilitar como gestor de paz
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Sorpresa causó en las diversas opiniones públicas la designación por parte del presidente Gustavo Petro del exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, el 24 de julio.
Las reacciones oscilaron entre quienes les parece importante el trabajo que el exjefe de las AUC puede adelantar para la consecución de una paz integral con verdad y reparación a las víctimas, y quienes se oponen con el argumento o pretexto de su pasado criminal y de que es solo una forma del Gobierno nacional para hacer política.
La polémica comenzó cuando, a través de Twitter, el mandatario de los colombianos expresó que el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares no había terminado, que no se sabe toda la verdad, que parte de las haciendas entregadas se han perdido en manos del Estado al ser recicladas a nuevos grupos herederos del paramilitarismo, que muchos cuerpos de víctimas no han sido encontrados, y que para terminar el proceso y lograr la paz completa nombraba a Salvatore Mancuso como gestor de paz.
Uno de los primeros en pronunciarse en contra fue el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, quien fue secundado por otros líderes políticos del Establecimiento: “Nombrar a Mancuso como ‘gestor de paz’ es un error. El presidente no está acabando la guerra, está haciendo política. Lo que está haciendo con él es premiarlo, porque él deberá venir a Colombia a pagar sus delitos”.
Por verdad y reparación
Ahora bien, la decisión crea nuevas condiciones en el proceso de acercamiento con los paramilitares o sus estructuras herederas, porque como lo afirmó el analista León Valencia después de la aceptación de Mancuso: “Quiere decir que el proceso con los paramilitares tiene una nueva oportunidad de legitimarse, porque fue roto por el presidente Uribe con la idea de que los paramilitares habían incumplido, y los paramilitares quedaron con la idea de que el Estado les había incumplido, y Petro les da una nueva oportunidad. Lo que busca Petro es que Mancuso contribuya a que los herederos del paramilitarismo, como el Clan del Golfo, salgan de la violencia y los negocios ilícitos y se vinculen a la paz total”.
Es pertinente aclarar que en la política de Paz Total del Gobierno nacional se busca la finalización de los diferentes conflictos armados, mediante procesos de negociación con los grupos insurgentes y de sometimiento, con diálogos sociojurídicos con bandas criminales, paramilitares, narcotraficantes y otros.
Para algunos analistas, esto provoca enormes dificultades a la hora de que el Estado deba definir qué y cómo ofrecer a estas estructuras, a cambio de su desarme e inserción a la sociedad.
Aspectos positivos
Francisco Daza, coordinador de la línea de paz, posconflicto y derechos humanos de la Fundación Paz & Reconciliación, Pares, le dijo a VOZ que lo del exparamilitar es algo positivo que se suma a la puesta en marcha o la publicación de los protocolos de cese de fuego con ELN, y a la posibilidad de reactivar la mesa de negociación con el Estado Mayor Central.
Daza asevera que la designación de Mancuso sería para tender un puente entre el Gobierno y las organizaciones criminales, y aunque sin conocer el decreto, sería para acercar al Clan del Golfo que derivó de un proceso de desmovilización incompleto, teniendo en cuenta lo que fue Mancuso en su momento, “ya que puede ser una figura simbólica para este grupo armado, porque es heredero del paramilitarismo y pueden encontrar en él una figura con un antecedente de paz, que puede ser funcional para ellos y también para el Gobierno nacional”.
Sin embargo, para Francisco Javier Toloza, docente de la Universidad Nacional y analista político, la designación de Mancuso exige al Gobierno aclarar qué tipo de función cumpliría, con qué tipo de grupos armados y dentro de qué marco conceptual, porque no está claro que sea hacia el Clan del Golfo, ya que no se sabe si a los que se denominan “herederos” son paramilitares, o simples bandas criminales.
Vacíos jurídicos
“El señor Salvatore Mancuso se ha declarado agente de facto del Estado, entonces, qué papel cumpliría la gestoría de paz teniendo en cuenta que él se considera partícipe de la violencia del Estado”, cuestiona Toloza.
Para el profesor universitario, una de las dificultades jurídicas de la política de Paz Total es meter en un mismo costal a “un grupo de raponeros de Transmilenio y a una banda neoparamilitar, porque los paramilitares, aunque criminales y delincuentes que también buscan lucro, siguen cumpliendo una función en el orden contrainsurgente, lo que genera problemas”.
Para ejemplificar las dificultades de la falta de claridad jurídica, Toloza dice que podría darse la situación de que Chiquito Malo le diga a Mancuso, “si usted negoció en política y terminó extraditado, ¿ahora me va a decir que me someta, que me va a ir mejor?”.
Por su parte, el investigador de Pares también identifica una falencia en el nombramiento de Mancuso, y es que está en una cárcel en Estados Unidos y tiene una condena en la justicia ordinaria, por lo que hay que esperar el decreto que dé luces o detalles sobre su designación.
La Segunda Marquetalia
Otra de las novedades en la búsqueda de la paz es la reaparición del comandante guerrillero de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, quien publicó un documento con reflexiones alrededor del natalicio de Simón Bolívar y las posibilidades y necesidad de las luchas antiimperialistas en América Latina.
De esta manera, desmintió a los medios de comunicación corporativos que lo dieron por muerto producto de una emboscada. Como lo informó VOZ la semana pasada, está vivo y fue víctima de un atentado con una caja de tabacos que le provocó graves heridas.
Para Francisco Daza, el hecho es positivo porque Márquez es una figura política y una voz muy fuerte que ha tenido acercamientos a la paz, entre ellos el Acuerdo de 2016 y su liderazgo es importante para la Segunda Marquetalia, porque facilita puentes de negociación con el Gobierno.
Con esta agrupación, se quieren poner trabas jurídicas al ser identificada como desertora del Acuerdo de La Habana, luego de que retomara las armas al descubrir el entrampamiento con el objetivo de extradición del que fueron víctimas Santrich y Márquez, y los incumplimientos por parte del Estado.
Sobre la reaparición de Márquez, Toloza cree que contribuye en las negociaciones con las disidencias porque tiene la condición de ser signatario del Acuerdo de La Habana, “Acuerdo que Petro ha considerado que no se ha cumplido y que está en riesgo de incumplirse, por lo tanto, tiene todo el derecho de reclamar”.
Aunque también, porque es un comandante que recoge a todos los comandos de fronteras bolivarianos de Putumayo, Nariño y Huila, a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y a los frentes originales de la Segunda Marquetalia, lo que facilitaría unas negociaciones, aunque no es claro el carácter político con el que el Gobierno se acerca a esta organización insurgente, señala el docente de la Nacional.
Así las cosas, aparecen elementos que permiten avanzar en los diálogos y las negociaciones, aunque también óbices políticos y jurídicos que el Gobierno debe resolver, en su objetivo de conseguir una paz completa e integral para todos los colombianos.
