El relato del exjefe paramilitar fue crudo. Hechos nuevos y conocidos aportan nuevas perspectivas a la verdad. Ahora, los determinadores y autores intelectuales deben comparecer ante la JEP
Redacción política
En los cuatro días de comparecencia ante la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, el otrora poderoso comandante Salvatore Mancuso mostró el lado más oscuro y tenebroso del paramilitarismo, que no fue precisamente el esfuerzo de hacendados por defenderse de la guerrilla, como en un principio se quiso mostrar, sino una empresa criminal, en toda la extensión de la palabra, diseñada por varios gobiernos, en una campaña de exterminio contra grupos de población y sectores políticos de izquierda que ejercían oposición política.
En su relato ante la justicia transicional, Mancuso comenzó a mostrar hechos desgarradores, como las ejecuciones de campesinos que los patrullajes de las autodefensas encontraban a su paso. Les preguntaban por el paradero de guerrilleros, y si les contestaban que no sabían, los ejecutaban. Luego vinieron las desapariciones de personas por órdenes del mando militar en distintas regiones.
Los generales del ejército y la policía les indicaron a las ‘autodefensas’, particularmente las dirigidas por Mancuso, que había ya “muchos muertos”, y que la gente se estaba quejando, que las organizaciones de derechos humanos, colombianas y del exterior habían puesto sus ojos en el asunto y era necesario “disminuir” el número de cadáveres. Surgió entonces la idea tenebrosa, al estilo nazi, de llevar los cuerpos a hornos crematorios y borrar definitivamente su rastro.
Fosas comunes en Venezuela
Un episodio particularmente deleznable es cuando reciben la instrucción de “disminuir” el número de muertos que dejaban en los campos, en momentos en que Álvaro Uribe adelantaba su campaña electoral, para no dañar su imagen, crear un clima propicio a su elección y permitir que llegara a la presidencia. Disminuir el número de cadáveres no era aminorar el número de ejecuciones, sino ocultarlas, desaparecerlos.
En ese esfuerzo por ocultar a las víctimas es cuando Mancuso confiesa que empezaron a trasladar cuerpos a Venezuela y abrieron varias fosas comunes en territorio de ese país. Conocida la revelación, rápidamente las autoridades del país bolivariano han indicado que colaborarán con las de nuestro país en la búsqueda de esos enterramientos colectivos.
Interrogado por los magistrados de la JEP sobre los orígenes del paramilitarismo, Mancuso dijo que las llamadas Convivir, que recibieron gran impulso bajo la gobernación de Uribe Vélez, “fueron la manera como se le dio legalidad al proyecto paramilitar, se combina la legalidad con la ilegalidad. Hay un patrón que aprendí con la policía y con el ejército, un arma de guerra: la infamia, la estigmatización con el ‘enemigo interno’”.
Las autodefensas campesinas
“A finales de 1994 ya tenía mi grupo; me reunía con coroneles y con comandantes de brigada. Había un grupo especial con miembros del ejército y nos entregaban listados para ejecutar personas. Es importante hilvanar lo de las autodefensas, para llegar a las Convivir. Para finales del año 1994, habían crecido las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá.
“Me llamaron los hermanos Castaño y la Brigada me autorizó a hacer el contacto con ellos; me pidieron apoyo. Asistimos a una primera operación conjunta en la vereda Las Changas. Así nacieron las Autodefensas Campesinas. De manera simultánea surgieron las Convivir, fueron el instrumento perfecto para la multiplicación de las autodefensas”.
Mancuso hizo una serie de señalamientos a lo largo de sus declaraciones, refiriéndose a la expansión de las autodefensas en el norte del país, indicó que se hizo con la anuencia del entonces gobernador de Córdoba y del general Iván Ramírez Quintero, quien inició su carrera delictiva como jefe del Comando Operativo de Inteligencia del Batallón Charry Solano del Ejército Nacional.
Todo el apoyo militar
Precisó que de manos del comandante de la Brigada 11 del Ejército recibió un carné especial del ejército (salvoconducto), brazaletes, radios con frecuencia exclusiva del ejército. Agregó que todas las semanas se reunía con los comandantes de tropas; hacían análisis de inteligencia. Para su grupo más cercano recibió 15 pistolas, 15 subametralladoras y otro material operativo. Durante un tiempo dispuso de un helicóptero del ejército para movilizarse por todo el país y un piloto militar estuvo a su servicio al menos diez días de cada mes.
En una lista de cómplices y determinadores del paramilitarismo, Mancuso mencionó al entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; al vicepresidente Francisco Santos, quien le solicitó expresamente la creación del Bloque Capital de las autodefensas; a René Sanabria, comandante del B-2 del ejército en Córdoba; a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, implicado en el crimen de Manuel Cepeda y Jaime Garzón; entre otros funcionarios de distintos gobiernos.
Ampliando sus declaraciones, Mancuso admitió que las estructuras paramilitares en el país apoyaron la elección de Andrés Pastrana en 1998 y la de Álvaro Uribe Vélez en 2002. Aportaron recursos para la elección al Congreso de la República de Horacio Serpa Uribe. Mencionó que bajo la administración de Ernesto Samper se produjo una falsa desmovilización del EPL, que no fue otra cosa sino una maniobra para enmascarar la vinculación de esa “guerrilla” a las filas paramilitares.
La JEP tiene la palabra
Mancuso confesó que las estructuras paramilitares “actuaron en contra de personas que trabajaban con el gremio del periodismo (…) Tiene que ver con periodistas, que de alguna manera atacaban abiertamente las alianzas que teníamos las ‘autodefensas’ con la Fuerza Pública, con las instituciones del Estado (…) Hubo, por ejemplo, información que entregó el subdirector de inteligencia del DAS, José Miguel Narvaez, sobre Carlos Lozano Guillén, que fue director del semanario VOZ”. Sobre este punto, el extraditado paramilitar le dijo a la JEP que los detalles del caso los dirá en audiencia privada.
Mancuso también habló de uno de los crímenes más sensibles cometidos por las AUC. Se trata del asesinato del alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz cometido en abril 5 de 2003, luego de un consejo comunitario en el que éste denuncia que lo van a matar al frente del por entonces presidente Álvaro Uribe.
“Eudaldo denunció ante Uribe que lo iban a matar (…) Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema y nosotros lo matamos”, dijo fríamente el que fuera comandante del Bloque Norte de las AUC.
Capítulo especial fueron las sesiones sobre la relación de las estructuras paramilitares con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Al respecto, Mancuso rindió testimonios complejos sobre la articulación entre instituciones del Estado y los comandos paramilitares, macabro vinculo que fue dejando un sinnúmero de víctimas fatales.
Sobre las ordenes impartidas por José Miguel Narváez, exjefe de inteligencia del organismo estatal, Mancuso dijo: “insistió en Alirio Uribe, insistió muchísimo en Piedad Córdoba, que liberarla de su secuestro había sido un error, que había que asesinarla. También al secretario general del Partido Comunista, Jaime Caycedo. El mismo canciller de hoy, Álvaro Leyva, y el presidente Gustavo Petro fueron parte de los objetivos militares que nos entregaba el señor José Miguel Narváez. (…) Todo lo que tuviese que ver con la izquierda, él lo consideraba un enemigo”.
A lo largo de las cuatro jornadas de comparecencia, en lo que se consideró una audiencia única ante la JEP, Mancuso pidió expresamente a uno u otro magistrado que lo interrogaba, que le permitiesen aportar otros nombres concretos y otras situaciones particulares en privado, sin las cámaras de televisión y sin la presencia de otros invitados.
Previo a la diligencia, la JEP había advertido que “Mancuso no podrá repetir lo que ya se sabe. Deberá hacer aportes presentes, efectivos, suficientes y novedosos”. Habrá que esperar las decisiones de la justicia transicional.
VOZ comparte los links de las cuatro sesiones de la Audiencia Única de Verdad de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
