Una luchadora social que ha recorrido a pie su departamento, habla sobre tres grandes conflictos sociales y presenta algunas propuestas de solución de las organizaciones sociales y el Pacto Histórico
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
“Hasta la década del 90, el 40% del Producto Interno Bruto de la economía del departamento lo aportaba la actividad agropecuaria. 20 años después, ese mismo sector aporta el 18%. La población campesina de más bajos recursos es la más afectada con esto”.
Con estas cifras, la profe Martha Alfonso explica el estancamiento del agro en el departamento de Tolima. Agrega que ese abandono de las zonas rurales redunda en el deplorable estado de la malla vial. “Creo que es una de las más deterioradas del país. Estamos en el centro de Colombia y es como si estuviéramos en la última esquina. Desde su capital, y lo que pasa en la población rural en cuanto a vías terciarias es una desgracia para la gente y eso impacta de manera negativa el desarrollo social, cultural y económico”.
Martha Lisbeth Alfonso Jurado es una profesional en Ciencias Sociales y especialista en Salud Familiar y Comunitaria. Ha sido docente universitaria y ha trabajado con políticas públicas asesorando a municipios y gobiernos departamentales. También es ambientalista, investigadora en temas de género, feminista y cofundadora de la Red Departamental de Mujeres del Tolima.
Por petición de comunidades, estudiantes, profesores y organizaciones sociales y políticas alternativas, aceptó ser candidata a la Cámara de Representantes por una coalición del Pacto Histórico y el Partido Verde. En el tarjetón aparecerá con el número 106.
Abandono del campo
Con la seguridad que le da su experiencia y el conocer a pie municipios y veredas, la profe Martha, como le dicen quienes la tratan, identifica como el principal problema de su departamento el estancamiento y atraso del aparato productivo, especialmente de la agroindustria: “El Tolima tiene 47 municipios de los cuales 37 son rurales, es decir, la actividad agrícola es la fundamental fuente de la economía, sin embargo, es una economía de sobrevivencia”.
Señala que los causantes de esta crisis son los Tratados de Libre Comercio, que han permitido la importación de más de 14 millones de toneladas de alimentos por año. Esto afectó productos que se cultivaban en estas tierras como arroz, sorgo, ajonjolí, café, algodón, azúcar, maíz, y aunque no es una región lechera, fue perjudicada por el ingreso de leche y carne al mercado nacional.
A lo anterior se suma la locomotora minero-energética impuesta por los gobiernos nacionales y regionales, que la profe identifica como el segundo gran conflicto social: “Aunque eso genera trabajo por un corto tiempo, frena que se promueva la actividad agrícola”.
Hay que recordar que la población de Cajamarca, mediante una consulta en 2017, logró detener el proyecto minero de oro de la Anglo Gold Ashanti, pero, anota Martha, la multinacional sigue moviendo sus hilos políticos para echar todo abajo y lograr entrar, regresar.
Tercer problema
El tercer elemento que identifica como problema estructural de su región, es la existencia de gobiernos parásitos que decidieron enquistarse en las instituciones públicas para hacer de ellas las fuentes de los contratos. En otras palabras, el clientelismo y la corrupción.
“La clase dirigente roba lo que se la da la gana y eso afecta la inversión. Hace unos días escuché un debate en la Asamblea Departamental donde un diputado decía que un metro de capa asfáltica en Antioquia, con las mismas especificaciones técnicas de las que tenía un contratista de la Gobernación del Tolima, costaba 170 mil pesos y acá más de dos millones”, explica con indignación la profe Martha Alfonso.
También pone el ejemplo del municipio de Guayabal donde el acueducto fue contratado con unas especificaciones, pero los ciudadanos denunciaron irregularidades, intervino la Contraloría, informó, pero el contralor departamental hizo caso omiso. Se dice que el contratista ofreció los tubos de un diámetro e instaló unos más pequeños, y al ser kilómetros se presenta un alto detrimento patrimonial.
Seis por tres
La candidata comenta que desde hace años han estado construyendo una propuesta de unidad de movimientos alternativos que proponen una reactivación económica de la región con base en el fortalecimiento de la agroindustria. Esto requiere que esté en un plan nacional de desarrollo y una reforma tributaria en la que tributen más quienes más tienen.
“Hay que priorizar un macroproyecto de infraestructura vial y en el Congreso nos pelearemos por favorecer este departamento. También hay que fortalecer la pequeña y mediana empresa y fomentar incentivos tributarios para la contratación de jóvenes, ya que en desempleo juvenil este departamento tiene los índices más altos. Hay que tener en cuenta que las pequeñas y medianas empresas son las que aportan el 80% del empleo en Colombia”, argumenta Martha Alfonso.
La tercera línea es la defensa ambiental y territorial, “en la que defenderemos las consultas populares como un mecanismo constitucional y de autodeterminación de los pueblos. Nos opondremos al extractivismo como fuente económica en los municipios de vocación agropecuaria, impulsaremos el ecoturismo rural y comunitario, nos opondremos al fracking, desde el Congreso trataremos de que el agua se declare derecho fundamental y la declaración del campesinado como sujeto de derechos”.
Asimismo, está convencida de acompañar la agenda legislativa en lo relacionado con la defensa de la educación pública, con debates y control político para el mejoramiento de la infraestructura y la calidad de la educación rural, que comprende conectividad: “En el Tolima hay municipios en los que ni siquiera en el área urbana hay conectividad, no hay señal de teléfonos ni internet, hay zonas con escuelas sin internet. Es un atraso que uno no entiende cómo el pueblo lo soporta”.
Retos y compromiso
En lo cultural, desde varias organizaciones del departamento han propuesto la creación de una cámara de la cultura. “De la misma manera como hay una Cámara de Comercio, se cree una que recoja la tributación de artistas, museos, bares para la recreación y todos los centros culturales para hacer inversión territorial en investigación y creación artística.
La quinta línea es paz territorial o, “cómo logramos descentralizar el Acuerdo de Paz que logre entregar herramientas jurídicas y administrativas a alcaldes y gobernadores para implementar localmente lo pactado”.
Y la sexta línea de acción está relacionada con las mujeres. Hará control político para garantizar sus derechos y trabajará por atención a las víctimas de las violencias basadas en género.
La profe Martha confiesa que siente miedo de fallarle a tanta confianza que le ha dado la gente, pero también sabe que cuenta con el respaldo de organizaciones políticas y sociales. “Se está abriendo un boquete en medio de la adversidad, de la deslegitimación de la política, de la desesperanza de la gente, de la incredulidad. Hay una nueva energía, hay juntanza, hay una nueva manera de construir, hay esperanza en que esto puede cambiar. Sé que puedo responder porque crecí en la lucha y porque mi papá, que fue un campesino radical, de principios, me dio el ejemplo. Por eso soy seria y comprometida”.
