Traspiés de intenciones privatizadoras de Claudia López

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Bogotá cuenta con una de las mayores coberturas de fibra óptica en América Latina. Foto ETB

La actual burgomaestre se suma a la lista de mandatarios de Bogotá que han intentado vender el patrimonio de los ciudadanos

UAN – Heidy Sánchez

El pasado 7 de febrero se desarrolló el debate de control político sobre el futuro estratégico de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, que se había programado desde diciembre del año pasado. En este, quedó en evidencia cómo se le cayó a la administración de la alcaldesa Claudia López un intento de privatización soterrada de la infraestructura en fibra óptica de la ciudad, hoy de propiedad de la ETB, que, de no ser por una intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, se hubiera cedido a capitales privados, renunciando a uno de los negocios estratégicos en la era digital.

Es necesario entender cómo funciona el asunto. Estamos en una era en donde internet se convierte en un importante medio de producción y una de las más avanzadas tecnologías para proveerlo es la fibra óptica, que consiste en un cableado de fibras de vidrio ligeramente más gruesas que un cabello humano promedio. Estas permiten la transmisión en distancias y en un ancho de banda (velocidad de datos) más grandes que los cables eléctricos.

La administración de Gustavo Petro, consciente del estratégico negocio, no solo en términos lucrativos para la ciudad, sino de seguridad y soberanía informática (por estos cables pasa toda la información que circula en internet) hizo una cuantiosa inversión para la construcción de infraestructura de fibra óptica en Bogotá, de propiedad de la ETB.

Pagar por lo que ya tiene

Pues bien, la actual gerencia de la empresa había resuelto que ya no era una buena idea seguir construyendo su propia infraestructura, sino que iba a estructurar un negocio del siguiente calado: ETB ponía su infraestructura de fibra óptica, UFINET -el socio privado con quien se había sellado este negocio- construye la nueva y también les arrienda a todos los operadores de telecomunicaciones esta infraestructura, sin exclusiones, incluyendo a la ETB.

El argumento de la gerencia es que es ineficiente que todos los operadores construyan su propia infraestructura y que como ETB ya tiene la autopista (parte de la fibra óptica construida) ¿Por qué no arrendarla en vez de invertir en más? En la práctica, lo que esto significa es que ETB pasa de tener una fibra óptica que, en lugar de expandir, como era el plan inicial, prefiere ceder a un privado para luego tener que pagar por usar lo que antes era solo suyo.

Es en extremo difícil comprender qué es lo estratégico de esta decisión, claro, eso si asumimos que el objetivo es fortalecer la empresa y seguir teniendo un actor competitivo y fuerte en el mercado rentando continuamente para la ciudad. Sin embargo, si se entiende como una estrategia para entregarle a los privados un activo estratégico de Bogotá en un momento de agresiva digitalización de la vida cotidiana, tiene todo el sentido del mundo. En primer lugar, este negocio pretendía concesionar la fibra óptica existente de la ETB y permitir que fuera un privado el que la extendiera hacia la futura Región Metropolitana, en ese sentido, ETB renunciaría a su negocio principal, un negocio estratégico para el porvenir de la ciudad y la región.

Preguntas sin respuestas

Pero, además, para hacer este negocio se había recurrido a un acto de contorsión jurídica sin precedentes en la historia nacional. Se inventaron un nuevo tipo de sociedad, una “sociedad de vehículo especial” (SPV, por sus siglas en inglés), semejante rareza no existe en el ordenamiento jurídico colombiano, y así lo confirmó la Secretaría de Hábitat. ¿Qué lleva a la ETB a esta aventura jurídica?

Esta nueva compañía será el primer operador de red de fibra óptica neutral en Colombia, hoy en día, esas redes son públicas en una buena porción. Quieren hacer de Bogotá el piloto para esta modalidad de privatización, entregar a un privado la infraestructura que ya construyó la empresa pública, de manera que se les arriende ese activo estratégico a todos los operadores privados.

Asimismo, hay otras preguntas que merecen respuestas, respuestas que, por demás, no se obtuvieron en ese debate. En gracia de discusión, si se trata de buscar socios para ampliar la capacidad de proveer internet por medio de fibra óptica ¿Por qué con Ufinet? ¿Por qué no con UNE o Internexa, el mayor agente de este mercado?

Internexa es la filial de ISA para la provisión de infraestructura pasiva en el segmento de fibra óptica oscura, tiene el 44% del mercado con una red de 54.034 km desplegados ¿Por qué no se escogió al agente público que es el más fuerte competidor del mercado en lugar de un competidor privado de menor calado? ¿No era una mejor alianza? Explicación que la debe ETB a la ciudad.

Hoy ETB es el segundo más importante competidor de internet fijo después de Comcel (Claro), es decir, le va muy bien en el mercado y, con corte del tercer trimestre de 2020, los accesos por fibra en Bogotá representan solo el 25,38% mientras que el 54,62% de los hogares accede a Internet a través de cable.

Esto quiere decir que es un negocio con muchísimas oportunidades de crecimiento, oportunidades que, en lugar de capitalizar para beneficio de la ciudad, prefieren entregarle a un privado.

Catorce intentos de venta

Es necesario recordar que desde el año 1996 se vienen realizando reiterados intentos por parte de los alcaldes en turno para privatizar esta empresa, argumentando déficit del Distrito Capital para asumir los gastos asociados a su operación, pero solamente a partir del año 2003 se procedió a la venta de una parte de su capital, convirtiéndose en una empresa de carácter mixto con la enajenación del 10.8% de su capital.

El movimiento social de la ciudad y en específico de trabajadores ha identificado al menos catorce intentos por entregar la empresa a los privados, siendo el último el que pretendía la venta de la totalidad de las acciones del distrito en el año 2017 por más de dos billones de pesos con la intención de ser usados para proyectos requeridos en la ciudad pese a la inversión de $2,2 billones realizada por la administración anterior, entre 2012 y 2016 en las actividades digitales de fibra óptica, televisión y telefonía celular.

Estas propuestas han sido frenadas con movilización social y presión política, por ello no es la primera vez que esta temática llega a esta corporación, pero el actual modelo es silencioso ya que la administración promueve un debilitamiento de la empresa frente a los competidores y en un grave detrimento patrimonial, al desconocer la inversión que ha tenido la empresa para robustecerla, entregando la comercialización de sus servicios a terceros.

Privatización también es cesión de infraestructura, también lo es retirarse de la competencia sin más y, de no ser por la decisión de la SIC que impidió esto, eso es lo que hubiera conseguido la Alcaldía “cuidadora” de Claudia López que, como se ve, tampoco cuida los recursos públicos.

Si bien la SIC objetó la conformación de la nueva empresa entre ETB y Ufinet, esto no implica que el acuerdo se haya detenido, por lo que la concejala Heidy Sánchez reitera el compromiso para continuar haciendo el control político a la administración de Claudia López, e invita a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general a estar atentos porque no cesarán en intentar vender el patrimonio de los bogotanos.