Del asunto se venía hablando desde el momento en que se definió que la elección presidencial iba a segunda vuelta. Hay artículos de prensa e información de inteligencia que alertaron sobre los planes golpistas y de violencia callejera
Ricardo Arenales
La asonada bolsonarista del pasado 8 de enero contra las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Brasilia, mostró a un presidente Lula, ganador de tres elecciones presidenciales, como el estadista con la madurez y serenidad necesarias para tomar el toro por los cuernos en la peligrosa intentona, y al único capaz de conducir a Brasil hacia una potencial pacificación democrática, hacia una paz total.
Se trató, sin lugar a dudas de un evento de indudable gravedad por su connotación política e institucional, un cortocircuito que alteraría todo el mapa político en el país más densamente poblado y desarrollado del continente latinoamericano.
Analistas coinciden en señalar que se trató de un ataque frontal a la democracia, una especie de conato insurreccional, similar al asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021, pero con formato brasileño.
Había alerta de golpe
Era un objetivo multipropósito de la ultraderecha brasileña, utilizando un término de moda. Tomando en cuenta el llamado que los asaltantes hicieron a las fuerzas armadas para que concretaran el golpe militar, se buscaba frustrar en las primeras horas de su gestión, el gobierno del presidente obrero Luiz Inacio Lula da Silva.
Al mismo tiempo, afianzar en Brasil, la mayor potencia latinoamericana, un proyecto ultraderechista de corte fascista. Y golpear de paso a las nacientes democracias progresistas del continente, cerrándole el paso a los proyectos de integración regional, de paz y democracia.
El conato de la primera semana de enero en Brasilia estuvo precedido de varias movilizaciones bolsonaristas para impugnar la victoria de Lula y comprometer al estamento militar en el desconocimiento del veredicto de las urnas. No se trató pues de un movimiento ‘espontaneo’ ni una sorpresa.
Del asunto se venía hablando desde el momento en que se definió que la elección presidencial iba a segunda vuelta. Hay artículos de prensa e información de inteligencia que alertaron sobre los planes golpistas y de violencia callejera.
Narrativa del fraude
El bolsonarismo mantuvo a sus seguidores fanatizados tras la victoria de Lula, nucleados en torno a la narrativa del fraude, prolongó el ánimo de movilización y con ello fueron creando la atmósfera de tensión psicológica necesaria para apostar por la acción violenta del primer domingo de enero, una vez solidificadas las vinculaciones previas en la policía militar, cuerpo a cargo de la seguridad de la Plaza de los Tres Poderes que terminó escoltando a los asaltantes.
En los primeros balances de los hechos y las reacciones del ejecutivo, el primer mandatario brasileño aseguró que los militares bolsonaristas, tanto los que se encuentran en servicio activo como personal en retiro, prestaron “ayuda interna” a los amotinados. “Mucha gente de las fuerzas armadas conspiró aquí dentro”, precisó Lula.
“Estoy convencido de que las puertas del Palacio de Planalto fueron abiertas para que las personas entraran, porque no hay puertas rotas. Significa que alguien les facilitó la entrada aquí”, enfatizó el gobernante.
Implicados
Sugirió que hubo connivencia del personal de seguridad del palacio presidencial con los manifestantes que ingresaron al recinto. Prometió “revisar” esa situación e imponer los correctivos necesarios. De hecho, se confirmó que al menos dos mil personas fueron detenidas por su participación en los hechos, y después de los primeros interrogatorios, 1.159 permanecen privadas de la libertad. Los excarcelados, sin embargo, siguen vinculados a la investigación.
En desarrollo de las pesquisas se encontró, a manera de evidencia, el borrador de un proyecto de decreto que desconoce el resultado de las elecciones. El documento estaba en la casa de Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro y actual secretario de Seguridad del Distrito Federal, justamente el encargado de velar por la seguridad de las sedes asaltadas, función que no asumió. De hecho, la justicia dictó orden de aseguramiento contra Torres.
Los asaltantes, se estableció después, actuaron con particular sevicia contra los inmuebles objeto de su ataque. Destruyeron valioso mobiliario, vidrios, dañaron irremplazables obras de arte. Tal fue la rabia mostrada contra símbolos de la nacionalidad brasileña que, de una parte, revirtió el apoyo a Bolsonaro, que parece iniciar un proceso de asilamiento en el país, y de otro lado fortaleció la imagen de Lula.
En las horas siguientes a los hechos, Lula se reunió con los presidentes de los poderes legislativo y judicial y los gobernadores de los 27 Estados en que se divide administrativamente la nación. Todos coincidieron en la necesidad de fortalecer la democracia. Este voto de confianza incluye al sector de gobernadores elegidos con el aval de Bolsonaro, que entienden que el país no puede caer en el precipicio del caos y la anarquía.
En este trance, Lula se granjeó un importante apoyo nacional e internacional. Ahora tiene en sus manos nuevas herramientas para fortalecer la democracia brasileña y aislar el bolsonarismo. Lula se ha posicionado como el gran árbitro de la política de su país.
