El Gobierno del cambio, las fuerzas políticas y la clase trabajadora, están comprometidos con la tarea fundamental de sacar adelante las reformas sociales que el país necesita
Juan Pablo Montero Sánchez (*)
El tema de las reformas sociales es un medidor importante en la política del cambio. En ellas se encuentra consignada la coherencia del programa de Gobierno que se eligió en la segunda vuelta presidencial del 2022. En ese sentido, estos proyectos son la materialización de una apuesta democrática que se contrapone a las más de tres décadas de neoliberalismo, caracterizadas por la acelerada pérdida de derechos en la clase trabajadora.
Una de las consignas del movimiento obrero, en especial de los comunistas, siempre ha sido la construcción de un Estatuto del Trabajo que regule las relación capital-trabajo. Desde la misma creación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en la década de los ochenta y posteriormente en el parlamento, la hoy ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez le apostó a la construcción de dicho instrumento constitucional, que busca no solo dejar atrás el viejo Código Sustantivo del Trabajo (herencia del franquismo en la década de los cincuenta), sino también derogar la Ley 50 del 90 y la Ley 789 de 2002, esta última implementada en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Correlación de fuerzas
Las reformas sociales del proyecto del cambio son un termómetro de la actual correlación de fuerzas entre los representantes de un viejo mundo neoliberal, semifeudal (en el agro) y patronalista, con los sectores que luchan por la recuperación de los derechos consignados en nuestra Constitución, más las sentencias emitidas por las altas cortes en materia de lo laboral y la ratificación de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
En síntesis, la apuesta en este primer escenario de la confrontación de la lucha de clases es brindar mínimas condiciones para la democratización del mundo laboral en un país donde la informalidad está por encima del 50%, el desempleo es de 11,4% y los niveles de precarización laboral son cada día más elevados.
La reforma laboral debemos ubicarla en las dimensiones de la actual confrontación política que vive el país. Plantear un proyecto más radical tiene que ver con mayores condiciones objetivas de la lucha revolucionaria en nuestro país. Por ello, debemos dimensionar lo que se busca en este escenario de la arena política, que es un paso significativo para la acumulación de fuerzas.
La reforma laboral tiene la urgencia de cerrar las brechas sociales en el mundo del trabajo, tanto en el campo, en las políticas de género, las plataformas digitales, el trabajo doméstico y la informalidad, evitando la ya precarización creciente en nuestro país.
Las contradicciones
En esta coyuntura histórica, el escenario central que convoca a la clase trabajadora es recuperar la estabilidad laboral, el reconocimiento del valor del trabajo y reivindicar la importancia de las organizaciones sindicales por medio de la libertad de asociación, la negociación colectiva y los derechos a la protesta.
Además, uno de los objetivos centrales la reforma laboral es que nos debemos trazar, terminando la presente década, que las tasas de afiliación sindical estén por encima de los 10 puntos de la población económicamente activa.
Por su parte, los sectores empresariales del país han planteado desde su visión neoliberal las siguientes tesis. Lo primero es una reforma alejada de la realidad empresarial y la recuperación económica del país, que no fue concertada en su totalidad y que no genera empleo.
Lo segundo, es que el empresariado dice que, el proyecto es a imagen y semejanza del movimiento sindical (quienes ya tienen resuelta su vida económica y laboral), anunciando de forma abierta la preocupación de laboralizar y contratar de forma indefinida, reconocer el aumento de las horas extras y la reducción de la jornada de trabajo a 42 horas.
Finalmente, agregan que la reforma presenta problemas técnicos y de redacción; explicación vacía que no tiene un sustento político sólido y que se basa en la estrategia opositora de desprestigiar todas las iniciativas políticas del cambio.
La principal tarea
No solo el Gobierno del cambio y las fuerzas políticas que lo acompañan, sino también la clase trabajadora en general debemos plantear que hoy nuestra principal apuesta tiene que centrarse en las reformas sociales.
Tanto la Ley 50 como la Ley 789 nunca atacaron la informalidad y mucho menos generaron empleo. De acuerdo a lo anterior, hay que decirlo con claridad: son los modelos de desarrollo los que generan el empleo y en este país el neoliberalismo lo que ha hecho es desmontar el trabajo y profundizar el modelo que ha reprimarizando la economía, donde las fuentes de riqueza para la clase trabajadora son cada vez más escazas.
Por el otro lado, el proyecto busca la formalización y estabilidad laboral, y no una política de generación de empleo, que depende de otras discusiones ideológicas con respecto al modelo productivo. Este último argumento en contra de la reforma ha sido utilizado por la derecha para desprestigiar de manera desleal la iniciativa.
Los y las trabajadoras estamos de acuerdo y comprometidos con el proyecto del actual Gobierno nacional que busca la reindustrialización del país, el campo y la ruralidad como motor de cambio, los procesos asociativos y cooperativos, la economía popular, los créditos blandos y acompañamientos financieros.
La reforma laboral hace parte de todo el engranaje de la política del cambio donde los trabajadores debemos hacer pedagogía, ser propositivos y respaldarla en acciones efectivas de movilización.
* Profesional en ciencias sociales, MG en desarrollo rural, instructor de derechos fundamentales del Sena. Integrante de junta nacional de Sindesena, SEC de asuntos políticos.
