Libardo Santos
Otra vez las comunidades seguirán exigiendo acciones sociales, económicas y humanitarias en el Pacífico nariñense.
Durante esta semana una importante delegación de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, Redhpana, y el colectivo socio-jurídico Orlando Fals Borda, OFB, realizaron una gira de incidencia en Bogotá con diferentes autoridades nacionales, el Congreso de la República, entidades defensoras de los derechos humanos y agencias humanitarias, denunciando la situación que está sufriendo el Pacífico y sus 11 municipios, en que viven comunidades negras e indígenas que habitan este territorio, una vez más amenazado por la guerra y el olvido.
Redhpana expuso la situación que viven miles de familias negras, indígenas, sus autoridades y representantes; además, actualizó las cifras de vulneraciones cometidas en el territorio. La exigencia es una, incluir en el Plan Nacional de Desarrollo para el cambio, con todo vigor, a los territorios, involucrándolos y haciéndolos parte de las decisiones nacionales de la Paz total, de la inversión social y de infraestructura a cada una de estas comunidades.
El cambio definitivamente es con la gente, para transformarse en un proyecto de humanidad, de desarrollo alternativo, para el uso y propiedad de la tierra, para la construcción colectiva de proyectos socioeconómicos, de saneamiento básico, de restitución de tierras con enfoque étnico territorial y de género, que reconozca en esta diversidad su máxima capacidad de diálogo y de construcción de paz y convivencia.
Las exigencias concretas que se le presentaron al Gobierno nacional y a todo el gabinete, inician por solicitar una respuesta humanitaria de emergencia ante la guerra activa que se mantiene, atender la problemática de minas, los desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y asesinatos a líderes y lideresas sociales.
La reactivación y compromiso con la Mesa Territorial de Garantías, que tiene una importancia trascendental en la tarea de articulación y seguimiento de todas las acciones que el Estado realice en el Pacífico nariñense y gestionar la llegada al territorio de los proyectos y programas de paz en coordinación con las autoridades étnicas. Se insiste en que La Paz Total y la implementación del Acuerdo de Paz, requieren atender las demandas de las comunidades y las víctimas.
Igualmente es vital fortalecer la gestión y celeridad en cumplir las órdenes contenidas en el Auto 620 de la Corte Constitucional referente al estado de cosas inconstitucional frente a comunidades negras concretando el mandato de alto nivel para la articulación de las políticas de paz, derechos humanos, víctimas y Acuerdo de Paz para el Pacífico nariñense.
Este aporte es vital para que se integren a estas comunidades al conjunto de planes, programas y proyectos, así como una política pública que supere el racismo estructural que han padecido estos territorios y sus comunidades. Contando con un compromiso del Gobierno nacional, basado en disponer de toda la voluntad política para lograr superar esta situación de exclusión y olvido. Así es como se logró fortalecer el diálogo directo entre comunidades, sus autoridades y las instituciones.
Sigue ahora, un proceso de concreción de las acciones y cronogramas que las entidades se han comprometido a realizar, fijar la fecha de la Mesa Territorial de Garantías del Pacífico Nariñense y que se activen las voluntades de autoridades municipales y departamental, como parte de este ejercicio en que los territorios y comunidades negras son parte de la solución para superar la guerra, la exclusión y la pobreza.
