Editorial 3226
Con la sentencia de un tribunal de Estados Unidos que condena a Chiquita Brands, se rompe una larga tradición de violaciones a los derechos humanos y alianza con los poderes criminales en Colombia, de esta empresa que es tristemente recordada por la Masacre de las Bananeras en 1928, cuando se llamaba United Fruit Company.
El fallo es por su participación en el asesinato de nueve campesinos en Urabá a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, financiados por Chiquita Brands entre 1997 y 2004. Apoyos económicos que, hasta donde se conoce, pasaron de los dos millones de dólares, lo que se suma a su historial como empresa cómplice y sustentadora del paramilitarismo en Colombia.
Damos todo el reconocimiento a las valientes víctimas que no desistieron, que persistieron en la búsqueda de la verdad y que lograron, con el apoyo de periodistas como Ignacio Gómez, actual director de Noticias Uno, y de las y los defensores de Derechos Humanos de la Fundación Forjando Futuros, que esta denuncia tuviera este final reparador y de responsabilidad sobre esta transnacional estadounidense.
La sentencia le obliga a pagar a las familias afectadas la suma de mínimo 38 millones de dólares, suma que podría aumentar de acuerdo con el arreglo final al que se llegue. Hay quienes afirman que estas cifras son “irrisorias, para todo el daño humanitario, psicológico y social que han ocasionado a las familias y al territorio”. Varios familiares, padres, madres, tíos, abuelos y hermanos, murieron en estos 25 años de reclamos.
Es claro que la decisión, siendo tan importante, no devolverá a la vida a los seres queridos de estas familias, pero tiene un efecto reparador, envía un mensaje de que no todo se vale en la guerra ni en las estrategias económicas y que tiene un costo salirse del marco legal y ético de los negocios. La sentencia, además, sienta un precedente para persistir en el reclamo y las demandas contra otras empresas multinacionales que las comunidades y las organizaciones sociales y sindicales han denunciado, como Coca-Cola o Drummond, empresas bananeras asociadas a Augura y algunas empresas contratistas de Ecopetrol. A estas se le puede enviar un recordatorio: También caerán.
Lo cierto es que la reparación no debe ser solo económica. Está por verse qué sucede con las serias denuncias que existen de despojo violento de tierras. Una efectiva reparación a las víctimas debe tener en cuenta el desplazamiento forzado, las propiedades despojadas por los paramilitares, los cultivos de los que vivían y las infraestructuras civiles que perdieron.
La operación de Chiquita Brands en Colombia la obligaba a cumplir con la legislación nacional. Sus acciones fueron contra ciudadanos colombianos y aunque el proceso legal se desarrolló en Estados Unidos, la empresa debe someterse al Código Civil colombiano para efectos de las indemnizaciones y reparaciones a las víctimas.
El movimiento de víctimas exige que la justicia colombiana actué ahora contra los empresarios y políticos colombianos que fueron y son aliados hoy del paramilitarismo y del narcotráfico y que, como Chiquita, siguen despojando y desplazando.
También caerán.
