Fecode denuncia modificaciones al proyecto de Ley estatutaria de educación, en Comisión Primera de Senado, con las que se desvirtúan sus propósitos originales
Redacción Laboral
Cambios esenciales en el proyecto de Ley estatutaria de educación consensuados en la Comisión Primera de Senado, el pasado 5 de junio, denunció la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, al punto que no corresponden con lo acordado entre el Gobierno nacional y esa organización.
“Sorpresivamente se incluyeron propuestas regresivas que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación”, comentó Fecode mediante comunicado.
Para los profesores, la enmienda al proyecto aprueba que la educación entre en las lógicas del mercado, permite la privatización “y mercantilización de la misma bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación, que plasma el interés de imponer la simbiosis entre el recurso público y el sector privado”.
Las trampas en la enmienda
Según la profesora María Eugenia Londoño, fiscal de Fecode, lo que está de fondo es que el Estado tiene enquistada la vieja clase dominante en todas sus instituciones, “cuyo propósito es profundizar las desigualdades sociales y sabotear cualquier política social y democrática. Por ello, no es extraña la apuesta mercantilista de los partidos tradicionales para seguir acabando con la educación pública estatal”.
Asimismo, los docentes manifiestan que se pretende golpear objetivos de la educación, porque se reafirma el enfoque basado en competencias, se niega la posibilidad de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria y debilita el carácter y la función social que tiene la educación.
“Restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con más dificultades, al imponer como criterio la meritocracia. Incluye el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado”, explica la comunicación de los docentes.
Fecode también considera que tal como salió el proyecto de esta Comisión del Senado, se niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y prejardín en las instituciones educativas públicas bajo la administración del Estado, con planta docente titulada y vinculada por concurso.
Respuesta de la ministra
Para la dirigente sindical, con la enmienda el proyecto de Ley fue destrozado en su esencia y ya no representa una transformación de la educación en favor de las mayorías: “Se pretende hacernos creer que hubo un acuerdo nacional cuando realmente se priorizó la más retardataria propuesta expresada por Paloma Valencia, del Centro Democrático, y de David Luna, de Cambio Radical, junto con los sectores que le apuestan a la educación como negocio y privilegio para las élites”.
Agrega que la pretensión es desfinanciar la educación pública estatal entregando los recursos al sector privado; implementar la evaluación castigo para los maestros y maestras descargando la responsabilidad de la evaluación en los resultados académicos de los estudiantes, lo que constituye un chantaje que desconoce factores como la infraestructura, la canasta educativa, la financiación de la formación académica y pedagógica del magisterio, y las condiciones socioeconómicas y culturales de los territorios.
Por su parte, sobre el reconocimiento del proyecto de Ley al sistema mixto de educación, la ministra de esta cartera Aurora Vergara Figueroa respondió en una entrevista con El Espectador: “La Constitución Política de Colombia reconoce el derecho de los particulares a fundar establecimientos educativos y establece la obligación del Estado de crear un sistema público educativo. Este mandato y la realidad de la cobertura educativa en el país nos exigen reconocer la existencia de un sistema educativo mixto, en el que tanto la institucionalidad, con la oferta pública, como los particulares, con la oferta privada, colaboren de forma armónica para garantizar el derecho a la educación en todos los niveles”.
Además, sobre la evaluación docente a partir de los resultados de los estudiantes en las pruebas de Estado, dijo: “Este es uno de los temas que debe revisarse. Tenemos varias propuestas de artículos sustitutivos que estamos estudiando”.
La decisión de Fecode
En la red social X, Fecode respondió: “La ministra de Educación se ‘sale por la tangente’ y no responde a los verdaderos cuestionamientos sobre los nefastos ‘micos’ que le incluyeron a este proyecto de Ley. Debe reconocer que como está va en contra de su norte de reconocer a la educación como derecho fundamental”.
Por todo lo anterior, la Federación hace un llamado al Senado, a la Cámara de Representantes, a todos los sectores sociales y populares a defender la educación pública como bien común y derecho fundamental, de manera gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el Estado.
Así mismo, le plantean al Gobierno tomar la determinación de no permitir la aprobación del proyecto y convocar a una amplia movilización, alrededor de un nuevo diálogo social participativo, que consolide y garantice la educación como derecho fundamental.
Desde el pasado lunes, la dirección nacional de Fecode adelanta un lobby parlamentario y con ministros. Los sindicatos departamentales se reunieron con congresistas de las regiones, y hacen asambleas informativas, con otros sectores de la educación como el SENA y los universitarios.
“La exigencia central es que se retire el proyecto de Ley, no estamos buscando que se vaya a consensuar, o que se revise la enmienda, sino que se retire porque la enmienda está viciada, se aleja de la esencia que inicialmente le imprimimos al proyecto de Ley estatutaria donde Fecode aportó para que la educación fuera derecho fundamental”, acota la dirigente sindical María Eugenia Londoño.
Finalmente, el pasado 10 de junio, en junta nacional virtual, Fecode ratificó el paro nacional para el 12 de junio, el jueves habrá asambleas en los departamentos y el viernes iniciarán caravanas hacia Bogotá para manifestarse frente al Congreso de la República el lunes 17, cuando está planeado votar el proyecto.