Se actualizará la política minera

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Inauguración de la Cumbre Minera

El Gobierno nacional prepara los contenidos de la reforma para un sector estratégico en la economía del país. Transformar las relaciones, orientar una minería responsable y cerrar las brechas sociales que ha dejado la extracción, son algunos de los objetivos más urgentes

Hernán Camacho
@camachohernan

El Gobierno nacional avanza en su interés de reformar la ley minera del país. Los pasados 27 y 28 de mayo sesionó la Cumbre Minera Nacional, última instancia de consulta y participación ciudadana para reformar el actual Código de Minas.

Después de realizarse 28 audiencias públicas, la Cumbre le ha entregado los insumos al Ministerio de Minas y Energía, para así presentar el articulado del proyecto de ley al Congreso de la República e iniciar el proceso legislativo para actualizar el sector a la realidad del país.

Diagnóstico

La actual regulación minera es obsoleta, privilegia la política extractiva y desconoce las implicaciones ambientales en los procesos mineros.

Por eso la nueva política pretende cerrar o reducir los conflictos creados entre comunidades afectadas por la explotación minera y empresas nacionales o multinacionales con licencia para extraer recursos, así como delimitar los territorios dónde se puede y cómo se debe hacer la extracción. Regular las relaciones del sector e iniciar la articulación de la ley con la política de transición energética, son algunos de los objetivos.

“Tenemos que ordenar el territorio a partir del agua, crear los mecanismos para reconocer los derechos de la naturaleza y, a la vez, que la minería sea para la construcción de paz. Estamos seguros que el actual Código derivó en procesos de criminalización contra los pequeños mineros, los artesanales y ancestrales. Es una deuda social que nos corresponde corregir”, indicó Irene Vélez, jefa de la cartera de Minas y Energía en la instalación de la Cumbre Nacional Minera.

Cerrar brechas

Entre otros objetivos que persigue la reforma al Código Minero es el cierre de las brechas sociales producidas por la actual legislación. Esas grietas se acentúan en los departamentos de mayor producción y extracción de hidrocarburos que coinciden en ser los de mayores necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, en La Guajira, el 42,9% de la población está sobre el índice de pobreza multidimensional, pero en su territorio se encuentra la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina.

La ministra de Ambiente Susana Muhamad advirtió a los asistentes de la Cumbre Minera que existen líneas que el Gobierno no retrocederá como la legislación que protege los páramos: “Allí no se puede hacer minería así exista presencia de minerales. Somos el país de la biodiversidad y del agua, como dice el presidente Gustavo Petro. Hay zonas qué necesitamos proteger para que puedan cumplir con esas funciones que son del orden público”.

Conflictos territoriales

La reforma minera toca los poderosos intereses de grandes capitales que desde hace décadas han estructurado sus negocios de extracción, acabando con los recursos naturales y produciente grandes utilidades, sin considerar no solo los daños en la estructura ecológica de la nación, sino también en la salud y la vida de los ciudadanos. La ministra Irene Vélez está empeñada en sacar adelante la transición energética y su agenda política va en esa dirección, designando oficialmente la comisión legislativa para el trámite de la reforma al interior del parlamento.

La senadora por la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, Aída Avella, hace parte de esa comisión parlamentaria y fue la responsable de organizar y convocar la audiencia minera en el departamento de Boyacá. Allí, como en todas las audiencias regionales y nacionales, se realizó un diagnóstico del sector minero y una radiografía de los conflictos entre minería y ambiente en cada departamento de Colombia. Las audiencias permitieron escuchar no solo al empresariado, sino también a mineros de todo tipo, ambientalistas, comunidades afectadas por la contaminación y el gremio del sector.

“La reforma al Código de Minas no es una tarea de trámite, hay que escuchar a las comunidades, entender sus peticiones y atender las injusticias sociales. Nosotros estuvimos en la audiencia de Boyacá sobre este tema, hablamos con las comunidades principalmente del Occidente que se quejan por las dificultades, cada vez más apremiantes, que tienen para subsistir de las esmeraldas en sus propios territorios, así como escuchamos a las comunidades de Socha que se levantan contra los socavones de minería de carbón que inundaron su municipio y que amenaza con agotar el agua de la región”, expresó la senadora Avella.

Reconocimiento e inclusión

Barequeo artesanal a orillas del río Cauca. Foto Bibiana Ramírez

Por su parte, la senadora por el Pacto Histórico y la Colombia Humana, Isabel Cristina Zuleta, señaló que la reforma es histórica por el reconocimiento de otros protagonistas del sector distintos a las empresas multinacionales: “La actual legislación minera excluyó a la gente humilde. El propósito de la reforma es un nuevo Código sin excluir a los barequeros, a quienes por tantos años han heredado mucho saber ancestral de la minería o a los pequeños mineros. Hoy confirmamos que los industriales dedicados a la minería se equivocaron cuando promovieron un instrumento jurídico que excluía a la gente de los territorios”.

La senadora Zuleta reclamó la urgencia de organizar la vida de la gente alrededor del agua, y para ello, se pretende delimitar las áreas de conservación, así como ceder las riberas de los ríos o fuentes hídricas. La congresista considera que esos títulos o licencias de explotación en las áreas de preservación y conservación hídrica hoy pueden ser legales, pero son ilegítimos, porque hasta los mineros saben perfectamente que no puede existir explotación de minerales en zonas de recarga hídrica.

Consulta previa y participación

La representante de los colombianos y colombianas en el exterior, Carmen Ramírez, también hace parte de la comisión parlamentaria por la reforma. La congresista señaló la importancia en exigir el reconocimiento de los derechos sobre las comunidades a la consulta previa, que está deje de ser un mero acto administrativo y comience a gozarse como un derecho.

“Hoy las comunidades quieren que se revisen las consultas hechas. Afianzar el derecho a la consulta previa armonizándolo con lo que tiene que ver con el conocimiento previo, libre e informado; y el pleno ejercicio de la declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Seguiremos el camino del cambio en este nuevo periodo legislativo, para la muestra está la adopción y aprobación de la Declaración para los Derechos de los Campesinos”, expuso la representante Ramírez.

Mientras el precio de los hidrocarburos suba por las dinámicas económicas del mundo, poderosos sectores harán una férrea resistencia a que nada cambie. La Cumbre Minera y el diálogo social con ese sector será importante para recuperar los territorios, hoy degradados y convertidos en pasivos ambientales por efecto de la minería extractivista.