Editorial 3247
Se desarrolla en el Congreso el debate de la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, SGP, otra reforma fundamental para avanzar en el proceso de transformación territorial y hacia una democracia real donde el protagonista sea el constituyente primario.
Aunque el proyecto no es iniciativa del Gobierno, cuenta con el aval del presidente Gustavo Petro. “He tomado la decisión de apoyar el proyecto de reforma constitucional que adelanta el Congreso al Sistema General de Participaciones, es decir, el dinero de la nación que va a los municipios”, afirmó el presidente.
Es relevante decir que, si es aprobada esta reforma al SGP, el traslado de recursos de las finanzas centrales del Estado colombiano hacia las regiones, llamadas técnicamente transferencias, pasará del 25,7 por ciento actual al 39,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación, aumento que será gradual comenzando en 2027 y por un periodo de 12 años.
Aunque los aspectos técnicos del proyecto fueron desarrollados en detalle en la edición 3245 de VOZ, del 29 de octubre de 2024, nos interesa aquí proponer una reflexión sobre sus impactos cualitativos en las transformaciones sociales, económicas y de infraestructura que necesitan los territorios, especialmente en educación, salud, agua y saneamiento, así como en el fortalecimiento de la democracia local.
Es de todos conocida la debilidad en el recaudo de impuestos e ingresos propios de los departamentos y municipios, excepto los que cuentan en su subsuelo con yacimientos minero-energéticos, lo que les permite recibir, a través del Sistema General de Regalías, SGR, más recursos para sus propias prioridades de desarrollo.
Es así como el Gobierno nacional, por medio de la reforma al SGP, contribuye a reducir las desigualdades territoriales, promover el desarrollo equitativo en todo el país y proteger la vida. Si reconocemos que más recursos proveen una mejor calidad de vida, en esencia estamos hablando de democracia real. Es lo ideal; es lo que debería ocurrir en un Estado democrático, transparente y centrado en la gente.
Pero, sin duda, hay peligros. Para nadie es un secreto que hoy la gran mayoría de los departamentos están gobernados por mafias y estructuras corruptas que se apropian del presupuesto propio y del que llega vía transferencias. Es una realidad. En una lógica simple y plana, si se envían más recursos a las regiones, se fortalecerían los poderes politiqueros de esas regiones. Es lo que ha planteado la senadora Isabel Zuleta. No obstante, esta lógica es equivocada. Bajo este razonamiento no se puede condenar a seguir en la pobreza y la exclusión a miles de colombianos y colombianas.
¿Cuál es entonces el camino? Frente a la posibilidad real de mayores recursos del SGP, es necesario actualizar la lucha política por la democracia local y la transformación territorial, profundizar y ganar la mayor participación activa de los y las ciudadanas en la toma de decisiones en los municipios y departamentos. Fortalecer la democracia local con mayores capacidades económicas es retomar y ganar la batalla por la gobernanza regional.
En concreto, ser Gobierno es la tarea prioritaria de las fuerzas sociales, populares, progresistas y de izquierda en las regiones de Colombia, para garantizar que los proyectos de inversión correspondan a las necesidades y lleguen a las comunidades más excluidas. Así se fortalece la democracia local.
