Frente a los problemas estructurales del sistema energético colombiano, el Gobierno ha marcado una ruta para una transición socio ecológica justa, donde las energías limpias y el agua sean la prioridad
Sergio Salazar
No es nuevo tener noticias sobre sequías e inundaciones en Colombia, pues son fenómenos naturales asociados a las dinámicas normales anuales de las variables hidrometeorológicas (lluvia, temperatura, viento, humedad, caudales, etc.), así como a dinámicas interanuales asociadas a fenómenos macroclimáticos como el “El Niño Oscilación del Sur”, ENOS, del cual hay registros de su presencia en la región desde hace miles de años.
El ENOS tiene asociada una fase cálida (El Niño) y una fría (La Niña) que suelen ocasionar una reducción de lluvias y aumento de temperaturas, y lo inverso, respectivamente.
Dichos efectos ocurren fundamentalmente en las zonas Andina y Caribe, regiones donde está concentrada gran parte de la población, de la infraestructura hidráulica (embalses para abastecimiento y producción hidroeléctrica) y parte de los más importantes sectores de la economía del país.
Las consecuencias negativas de dichos fenómenos naturales, que parece se están haciendo más frecuentes e intensos por efecto del cambio climático, deben indagarse fundamentalmente en el grado de exposición y vulnerabilidad que socialmente se ha creado.
La inseguridad hídrica
En el último Estudio Nacional del Agua (2022), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, realizó un análisis integrado de oferta hídrica y presiones antrópicas para todas las 316 subzonas hidrográficas del país.
Encontró que, en condiciones normales, diez cuencas estaban en situación crítica muy alta y 36 en alta, mientras que para las condiciones de año seco los números se disparaban a 39 y 42, respectivamente. El mayor peso lo tienen las cuencas del Magdalena-Cauca y luego del Caribe, y en un solo caso en el Pacífico.
Lo anterior muestra que hay un grado de vulnerabilidad alto para la satisfacción de la demanda, principalmente en las áreas de mayor presión humana en las que en todos los casos el uso agropecuario sobrepasa el 80 por ciento del total de usos sectoriales. Tal cifra ya es un indicador de a qué sector se deben enfocar los esfuerzos por un uso racional del agua.
El caso de la crisis actual de agua en Bogotá es un ejemplo de la vulnerabilidad. Es increíble que, a pesar de los anuncios de la materialización del fenómeno de El Niño, luego de una inusual triple Niña, en el primer trimestre de 2023 se haya llegado al racionamiento de agua y alarmas por posible falta de suministro energético.
El estado del nivel del embalse de “Chuza” (del cual sale cerca del 70 por ciento del agua para la población bogotana y algunos pueblos), tenía niveles históricos bajos a finales de la temporada de lluvia de 2023, y en medio de un fenómeno de El Niño que se anticipaba fuerte, no se tomaron decisiones preventivas.
Para localizar el problema, quizá hay que mirar integralmente no solo cómo están configurados dichos sistemas de suministro, sino también, y quizá más importante, el origen de la vulnerabilidad social, ya que lloverá y seguramente se olvidará la causa estructural de la crisis.
La inseguridad energética
Colombia tiene a la fecha una fuerte dependencia energética de la producción hidroeléctrica, por ende, es vulnerable a las condiciones cambiantes del clima que afectan la disponibilidad de agua para la generación de energía. De acuerdo con datos de 2023, de la Unidad de Planificación Minero-Energética, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, la capacidad instalada actual es de 18,85 GW de los cuales el 66 por ciento se produce con hidroeléctricas, el 32 por ciento con térmicas y el dos por ciento con fotovoltaica.
De acuerdo con la apuesta del Gobierno nacional para una transición energética descarbonizada, la capacidad asignada para el futuro diversifica más la matriz energética al entrar con mayor fuerza las energías renovables, y queda la capacidad futura a 2032 en 42 738 GW pasando la fotovoltaica a ocupar el primer lugar con 39 por ciento, la hidráulica con 35 por ciento, la térmica con 17 por ciento y la eólica con nueve por ciento.
Falta por explorar la cuestión de la energía geotérmica y la posible entrada de la energía nuclear en el país, como ya lo ha anunciado el actual ministro de Minas. Una apuesta de diversificación audaz que sin duda reducirá la vulnerabilidad actual del sistema energético.
Elementos del debate del quehacer
El Gobierno ha marcado una ruta para la transición socio-ecológica justa, en la cual la energía y el agua están en el centro. Hay aspectos claves que podrían contribuir en esa senda.
Por un lado, el fortalecimiento de la institucionalidad es fundamental. Instituciones como la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, y el Ideam, así como el entramado de universidades y centros de investigación públicos, son claves para avanzar con sus actividades misionales de generación de conocimiento para la toma de decisiones.
En esa transición institucional, habría que asumir la reforma urgente de las autoridades ambientales en el ámbito regional; es un imperativo que sus límites administrativos sean por macrocuencas y/o zonas hidrográficas, para así facilitar la toma de decisiones coherentes a todos los niveles. Ya que la apuesta del Gobierno es por la planificación territorial en torno al agua, tal decisión es clave para facilitarla.
Igualmente, es importante el avance en la implementación efectiva en todo el territorio de los planes de ordenación de cuencas hidrográficas y de acuíferos, el ordenamiento del recurso hídrico, el uso eficiente de ahorro de agua y, particularmente, un impulso decidido al reuso de aguas residuales.
Bogotá, así como el resto de grandes ciudades y el territorio en general, en lugar de seguir creciendo bajo el paradigma de desarrollo capitalista, debe replantearse el ajuste de sus planes de ordenamiento territorial y de desarrollo si se quiere ganar resiliencia y sostenibilidad, en el mediano y largo plazo.
El paradigma del progreso, origen de la actual crisis estructural, debe sustituirse por otro en el que el centro de las decisiones sea la calidad de vida y no la acumulación de riqueza de unas pocas personas. En esa transición socio-ecológica, que debe brindar mayor justicia social y ambiental, el agua, la energía y la producción de alimentos están en el centro de las decisiones.
