Redacción VOZ
La XX Delegación de Verificación de Derechos Humanos del programa asturiano de protección, presentó su informe de la visita realizada entre el 9 y 18 de abril del 2024 en diversas regiones y organizaciones en Colombia.
La rueda de prensa se llevó a cabo en la casa grande de los 115 pueblos indígenas de Colombia, presidida por el consejero mayor Orlando Rayo. Allí los integrantes de la delegación leyeron la declaración con la consigna “superar la violencia es posible: si lo soñamos lo construimos”, sintesis de resultados que deja la visita.
“El respaldo a Gustavo Petro para persistir en la búsqueda de la Paz Total a pesar de las dificultades; reconocemos los esfuerzos por cumplir el Acuerdo de Paz de La Habana y celebramos el renovado propósito del gobierno y del ELN por avanzar en los diálogos respondiendo al llamado de una población cansada de la guerra de la que sacan dividendos los sectores más reaccionarios de la sociedad”, dijo la delegación asturiana.
También llamó la atención por la forma impune como actúan grupos armados dedicados al narcotráfico como se evidenció en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Para la instancia internacional es preocupante la grave situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos, así como de los firmantes del Acuerdo de Paz.
Asimismo, la delegación conoció la denuncia de cómo se sigue usando el poder de la Procuraduría para perseguir a funcionarios públicos cercanos al proyecto del cambio, aplicando medidas que evidencian un abuso de autoridad y poder por parte de este órgano de control.
La delegación visitó diferentes territorios y sostuvo diálogos con varias organizaciones, pueblos y procesos como las comunidades indígenas y afros en el Norte del Cauca, los municipios de Pradera y Tuluá, en el pueblo Emberá Chami en Caldas, en la ciudad de Ibagué con comunidades y procesos comunitarios, así como en el ETCR de Icononzo con firmantes del acuerdo de paz.
También sostuvo encuentros con comunidades y organizaciones populares en el Sumapaz y en Arbeláez, Cundinamarca. De igual forma, visitaron la cárcel del Buen Pastor, la Universidad Nacional y resaltaron los esfuerzos del Ministerio del Trabajo por concretar la reforma laboral y por mediar en los conflictos obrero-patronales.
La declaración finaliza con un reconocimiento al pueblo colombiano “por su nivel organizativo imprescindible para avanzar en la modernización de la sociedad y en el logro de la paz con justicia social a pesar de las dificultades que plantean dos siglos de exclusión, de acumulación por despojo e impunidad”.
