¿Quién dio la orden en el Batallón La Popa?

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Ante las verdades incompletas, las víctimas persisten en exigir verdad plena por parte de los uniformados comparecientes. Foto JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz realizó la audiencia de responsabilidad a 12 militares que integraron el regimiento imputado del asesinato de 127 personas en estado de indefensión. Si bien el espacio ha revelado hechos impactantes, las declaraciones aún están lejos de cumplir con el requisito de aportar verdad exhaustiva

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
@Ccajar

Este 18 y 19 de julio se llevó a cabo la audiencia de reconocimiento de responsabilidad de 12 militares exintegrantes del Batallón La Popa -que tiene bajo su control municipios de La Guajira y sur del Cesar- por haber participado en el asesinato de 127 personas en estado de indefensión quienes luego fueron presentadas como bajas en combate.

Esta audiencia de reconocimiento de responsabilidad se desprende de una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz –El Auto 128 de 2021- que llamó a reconocer la responsabilidad a 15 militares por hechos cometidos entre enero de 2003 y julio de 2005, en contra de integrantes de los pueblos Wiwa y Kankuamo, campesinos y trabajadores de esta región, quienes fueron presentados de manera fraudulenta como “resultados operacionales” o partes de victoria dentro del conflicto armado interno.

La JEP logró establecer como patrones de estos homicidios que las víctimas eran entregadas por paramilitares, señaladas por guías o informantes del Ejército, algunas estaban involucradas en delitos menores o eran combatientes heridos.

De los 15 militares llamados a comparecer, los comandantes del Batallón, coroneles retirados Publio Mejía y Juan Carlos Figueroa, así como el que fuera segundo comandante, el teniente coronel José Pastor Ruíz Mahecha, no aceptaron su responsabilidad, por lo que enfrentarán juicio en la JEP, y tampoco estuvieron presentes en la audiencia.

Durante la primera jornada, tuvo lugar un acto ritual a cargo de mujeres mayoras del pueblo Wiwa, y luego las intervenciones de las autoridades indígenas Luis Arias, cabildo gobernador kankuamo y Pedro Loperena, encargado de derechos humanos del pueblo Wiwa. Ambos pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta fueron perseguidos y estigmatizados por los comandantes del Batallón La Popa, fruto de lo cual, al menos 60 indígenas fueron presentados como bajas en combate en el periodo que abarcan los hechos motivo de la audiencia. Sus autoridades tradicionales, exigieron verdad plena por parte de los militares.

Posteriormente se dio inicio a las intervenciones de las víctimas con las palabras de Rocío Escorcia, hermana de John Jader Escorcia quien era un joven campesino a quien le ofrecieron trabajo recogiendo café en Santa Clara, Cesar, Franklin Navarro, padre de Carlos Mario Navarro, campesino wiwa, Oseas Tomás Arias a quien, siendo sargento viceprimero del Batallón La Popa, le tocó reclamar el cuerpo de su hermano asesinado por integrantes de esta misma unidad, Osmaira Nieves, hermana de Luis Eduardo  Nieves Oñate, y Danelis Bolaño Mindiola, hermana de Ever de Jesús Montero Mindiola.

De igual forma, intervinieron los comparecientes, militares retirados, soldado profesional Yeris Gómez, sargento primero Manuel Valentín Padilla, alias Hugo, mayor Heber Hernán Gómez, sargento José de Jesús Rueda y soldado profesional Juan Carlos Soto Sepúlveda.

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En la segunda jornada, las intervenciones de las víctimas estuvieron a cargo de Katherine Pacheco, hermana de Deivis Pacheco, María Faustina Martínez Zabatá  hermana de Nohemí Pacheco Zabatá, niña wiwa de 13 años asesinada por integrantes del Batallón La Popa, Neila Arias, hija de Enrique Laines Arias Martínez, Abelardo Daza Martínez, hijo de Juan Enemías Daza, Marcial Contreras, hermano de Joaquín Contreras, y Sol Maestre, hermana de Víctor Hugo Maestre.

Y a ellas respondieron los comparecientes, militares retirados: Suboficial Efraín Andrade, teniente Carlos Lora, subteniente Elkin Leonardo Burgos, Alex Mercado, el soldado profesional Alex Sierra, el sargento Efraín Andrade y el soldado profesional Elkin Rojas.

La dignidad de las víctimas, el profundo conocimiento que han acumulado no solo sobre cada uno de los casos sino sobre el fenómeno en su conjunto y las exigencias de verdad hasta los máximos responsables, su fortaleza y entereza para sentarse frente a quienes fueron asesinos de sus seres queridos, fueron la nota alta de una jornada dolorosa e indignante.

La conciencia de la sociedad colombiana remordió al escuchar que el precio de una vida humana fue en muchas ocasiones un arroz chino, cien mil pesos o un viaje al Sinaí, como lo relataron los soldados profesionales Yeris Gómez y Alex Sierra. Es de destacar también la alusión constante de todos los comparecientes al papel de determinadores de los coroneles ausentes Publio Mejía, Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruíz, declaraciones que deben ser tomadas en cuenta por la JEP en la etapa de juicio que se inicia en su contra.

Si bien estas audiencias están permitiendo conocer verdades reveladoras para la opinión pública que permiten comprender la magnitud del fenómeno, los comparecientes no están yendo más allá de lo que ya se sabía en sus expedientes en la justicia ordinaria, hechos por los cuales incluso fueron condenados, ni tampoco más allá de las versiones voluntarias que han rendido ante la JEP.

Pedro Loperena, autoridad Wiwa exige la verdad plena a los altos mandos del Batallón La Popa. Foto Cajar

Las declaraciones, aunque impactantes de los militares, aún están lejos de cumplir con el requisito que establece la JEP para las versiones voluntarias de aportar verdad exhaustiva, completa y detallada, que se refiera a las motivaciones, instrucciones, doctrinas, modos en que se señaló y estigmatizó a grupos de personas, y que constituyeron patrones (prácticas repetidas), para cometer asesinatos y encubrirlos posteriormente. Tampoco sobre la totalidad de la cadena de mando que actuó para que estos crímenes se cometieran y se encubrieran.

Esa verdad estructural quedó expuesta a las afueras del salón principal donde se desarrolló la audiencia, plasmada en la galería de las víctimas del batallón La Popa, la lista de las 6.402 víctimas a nivel nacional reconocidas por la JEP, y una tela con el mural con los nombres de altos mandos que están presuntamente vinculados con estos hechos.

Ellos son, además de los comandantes del Batallón La Popa, los coroneles Hernán Giraldo Restrepo, comandante de la Décima Brigada para la época de los hechos, el segundo al mando de esta unidad, Nicacio de Jesús Martínez -quien llegó a ser comandante del Ejército- Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante del Comando Operativo No. 7 y su segundo al mando Néstor Raúl Espitia Rivero. Tanto el comando operativo No. 7 como la Décima Brigada tuvieron mando sobre el Batallón La Popa mientras se cometieron estos crímenes.

Y es que, aunque dos comparecientes hicieron alusión a la política de seguridad democrática y resaltaron los nombres de algunos altos mandos, primó la narrativa de las manzanas podridas, a la cual se sumó una nueva y preocupante: la de los monstruos, es decir, una que le quita la condición humana y por ende la responsabilidad penal y el juicio moral a quienes tomaron la vida de personas inermes a cambio de premios.

Y de nuevo primó la ritualidad de la diligencia sobre el sentido de la audiencia como escenario de verdad ante la sociedad, las intervenciones monótonas, dispersas, casi todas leídas, que dejaron la sensación de un acto repetitivo que puede ir perdiendo sentido para la sociedad.

Las organizaciones acompañantes de víctimas recordaron que: Los reconocimientos no deben desconocer las decisiones adoptadas previamente por la SRVR, por ejemplo, el Auto 033 de 2021 que da cuenta de una práctica de asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate cometidas a nivel nacional por diferentes unidades del Ejército Nacional y además establece que entre 2002 y 2008 se presentaron al menos 6.402 víctimas.

Otro hecho que se destacó en las intervenciones de los comparecientes fue la distinción entre víctimas que presuntamente pertenecieron a grupos ilegales y aquellas que no. Y es que varios de los militares, en medio de sus relatos, minimizaron los crímenes cuando estos se cometieron en contra de integrantes de grupos armados y sólo mostraron arrepentimiento ante aquellos en los que tenían la convicción de que se trataba de civiles, pese a que todas las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

Ante esto, las organizaciones acompañantes de víctimas interrogaron: ¿De cuál doctrina o concepción se alimenta la idea de que quitarle la vida en estado de indefensión a una persona sindicada de ser integrante de un grupo armado no merece un reproche moral? ¿Razones como la defensa del Estado y la democracia pueden justificar que personas señaladas de ser integrantes de grupos armados sean asesinados antes que conducidos ante los organismos encargados de administrar justicia?.

Justificar los hechos en la presión por resultados o no dejar en claro que se rechaza esta presión, fue otra de las características de las versiones de los comparecientes, ante lo cual las organizaciones no dudaron en interrogar al cierre de la audiencia: ¿Es el Ejército una empresa como otra cualquiera? ¿Debe un Ejército establecer la presión por resultados como un tipo de incentivo para mejorar indicadores? ¿Tienen las empresas entre sus funciones usar la fuerza letal mediante el monopolio de las armas? ¿No es una forma de equiparar el derecho a la vida con un producto de empresa?

A esto se sumaron relatos donde se incluyeron detalles escabrosos como lo hizo el soldado profesional Soto Sepúlveda quien describió de manera explícita la forma en que asesinó a una de las víctimas, mientras su hermana, sentada frente a él, se derrumbaba desgarrada por el dolor. Esto pese a que, en su encuentro previo con la víctima, el militar ya había sido advertido de lo innecesario de esta narración aterradora. Esta situación no solo fue reprochada por las organizaciones acompañantes de víctimas sino por la Procuraduría presente en la diligencia:

“(…) lamento que algunas de las víctimas hubieran tenido que verse revictimizadas por algunos excesos que a mi juicio se evidenciaron en la descripción de los hechos con escenas descarnadas, escabrosas y sin mediación, y que daban más cuenta del delirio del descuartizador, de cuadros terroríficos de repente innecesarios. Y lo digo porque vi desfilar muchas personas en este salón derrumbadas, impactadas y algunas de ellas salir directamente al hospital salir de aquí por ese impacto irresistible de la crueldad de la masacre. (…) señaló Jairo Acosta Aristizábal, procurador delegado ante la JEP.

Entre tanto la verdad completa fue de nuevo la gran ausente de la audiencia, como lo dejaron en claro tanto las víctimas, como la Procuraduría delegada que solicitó a la JEP investigar o compulsar copias para que la justicia ordinaria investigue a miembros de redes de cooperantes y terceros, así como a toda la estructura de mando que omitió el control y así como a funcionarios judiciales que no actuaron o contribuyeron a encubrir la práctica. También solicitó protección a víctimas y comparecientes, ante la gravedad de los hechos denunciados.

Por todo lo anterior, las organizaciones insistieron en una verdad más allá de los casos y señalaron que:  resulta necesario el estricto seguimiento sobre el cumplimiento del régimen de condicionalidad de estas 12 personas que se encuentran aquí, pero también de los 130 integrantes del BAPOP que han sido remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, quienes no se desprenden de sus compromisos de contribuir a la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Al cierre de la diligencia, la voz más contundente volvió a ser la de las víctimas que, a través de sus autoridades tradicionales expresaron el profundo daño causado por el Batallón La Popa, convertido en la organización criminal para asesinar civiles que refirió el compareciente Yeris Gómez. La mayora kankuama, Sibelis Villazón, les responsabilizó de la desarmonía que aún hoy experimenta su territorio y que se refleja en los múltiples problemas de la juventud indígena que nació, creció y se desplazó en medio del asedio militar en su territorio, y que padeció múltiples violencias además de los homicidios, como la violencia sexual y la constante estigmatización.

También su insatisfacción por un relato que, de conjunto, no superó el ámbito del Batallón La Popa al cual pertenecieron los comparecientes. “Ustedes no eran una rueda suelta, pertenecieron a la Brigada Décima y al Ministerio de Defensa” les increpó el encargado de derechos humanos del pueblo wiwa, Pedro Loperena, extendiendo la tela con los rostros de los presuntos más altos responsables de los 127 asesinatos que ingresó finalmente al auditorio y dejó instalada la misma pregunta que sigue sin ser respondida y que debe seguir tomando forma para que las audiencias de reconocimiento de responsabilidad cumplan con las expectativas de las víctimas. ¿Quién dio la orden?

En espacios como estos, en los que se pretende el reconocimiento público de verdad y responsabilidad, es funamental que se amplíe información sobre la existencia de estructuras y organizaciones gestadas desde esferas superiores de poder que deben ser develadas para que estos hechos jamás se repitan.