Dentro del abanico de productos que es posible encontrar en las calles de cualquier ciudad se encuentran los libros. Evaluar la situación de las personas que se dedican a este mercado es vital, más si se tiene en cuenta el alto porcentaje de madres cabeza de familia que se dedican a esta labor
Anna Margoliner
@marxoliner
Para abordar las condiciones en que se encuentran las personas que se dedican día a día a comercializar todo tipo de productos en las calles del país, se deben reconocer algunos factores básicos, principalmente el cómo se han propuesto soluciones, que no llegan a serlo, por parte de los estamentos gubernamentales, tales como la formación de jóvenes y madres cabeza de familia en condiciones vulnerables y la generación de empleos que tengan condiciones dignas para esta población del país.
La complejidad del trabajo informal
Lo que se encuentra al indagar la interpretación de esta modalidad de subsistencia por parte del Dane, es una categorización que está basada en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, Geih, que “tiene como objetivo principal proveer información estadística relacionada con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, así como de las características sociodemográficas de la población residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las personas según su fuerza de trabajo en ocupadas, desocupadas o población fuera de la fuerza laboral”.
Esto demuestra la facilidad con que se aborda esta problemática para referirse a quienes se dedican a formas de trabajo que no se reconocen como formales, en tanto no cuentan con las condiciones mínimas que la ley, dice, se les debe garantizar, como la salud, pensión y ARL:
“En ese sentido, se considera como ocupados informales a todos los asalariados o empleados domésticos que no cuentan con cotizaciones a salud ni a pensión por concepto de su vínculo laboral con el empleador que los contrató. De igual forma, se consideran como ocupados informales, por definición, a todos los trabajadores sin remuneración, así como los trabajadores por cuenta propia y patrones o empleadores que hayan quedado clasificados en el sector informal”.
Partiendo de esta definición emitida por esta entidad gubernamental, podría decirse que aquellas personas que trabajan en la informalidad, usualmente dependen de un empleador, lo cual no es una variable constante en esta población. Entonces, ¿quién puede garantizarles los derechos que como trabajadores deberían tener?
Informalidad y género
De acuerdo con la experiencia empírica de algunos vendedores en la ciudad de Bogotá, quienes no quisieron expresarle a este medio la situación en que se encuentran actualmente por miedo a las consecuencias que podrían tener, la mayoría de personas que se dedican en el sector de la carrera 8 con calle 16, son mujeres madres cabeza de familia que llevan años comercializando libros.
Por otro lado, según el informe más reciente del DANE, “para el total nacional, la proporción de hombres informales en el trimestre enero-marzo 2023 fue de 60,5%, lo que significó una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. En el caso de las mujeres el 54,9% eran ocupadas informales, respecto al trimestre enero-marzo 2022 (54,7%) implicó un aumento de 0,2 puntos”.
¿Qué estrategias se están llevando a cabo desde los diferentes entes gubernamentales para garantizarles sus derechos? Según el testimonio de algunas de ellas, no solo se desconoce el destino de los libros que les decomisan, la mayoría de veces en procedimientos arbitrarios, sino que no responden a los llamados que hacen los vendedores en general a la Alcaldía para responder y para gestionar el uso del espacio público, garantizando el beneficio de esta población y de quienes transitan por allí.
Abuso de la fuerza
El pasado martes 22 de mayo la Alcaldía Local de Santa Fe realizó un operativo con sus funcionarios que derivó en el arresto de varios vendedores, además de ser incautada su mercancía, medio con el que sobreviven al día. No se han dado mayores explicaciones al respecto a pesar del abuso de fuerza que se presentó contra estas personas, teniendo en cuenta que la mayoría son mujeres madres cabeza de hogar.
Una de las afectadas le contó su relato a VOZ: “Aquí llevo más de 20 años trabajando. Ahora nos maltratan, dicen que son funcionarios de la alcaldía. A mí me tiraron al piso, hay muchos vídeos e incluso dicen que es una abogada que está haciendo los operativos. Ella me mandó a pagar casi 12 horas en la URI, o sea, me tuvieron el martes después de que me golpearon, me quitaron la mercancía y me soltaron el miércoles a las diez de la mañana y ella ni siquiera me llamó por los libros. Dijo que yo le había pegado a ella, o sea, ella me puso una demanda por lesiones personales, cuando yo en ningún momento le pegué. Nunca la toqué: estaba esposada, incluso hay muchos videos que muestran a una funcionaria que venía con ella se montó encima y me ayudó a poner las esposas”.
Además, menciona que la entidad le niega el nombre de dicha funcionaria para ejercer el debido proceso ante la justicia: “No he podido averiguar su nombre porque no me lo quieren dar. Necesito colocar una demanda por la Procuraduría, la Personería, la Fiscalía, me tiene que probar que yo le pegué. Después de que yo salí el miércoles me dicen que a ella la atracaron. Creo que por allá en la 21 con séptima y le pegaron, entonces el martes vino y dijo que yo era la que le había pegado. A mí sí me judicializaron y a todos los compañeros. Yo no sé de la mercancía que están cogiendo, no traen orden. Se la están llevando toda”.
Comenta que este hecho le afectó bastante en su economía familiar: “Ellos vienen y se mandan de una vez a los puestos a llevarse la mercancía, pero después no aparece. A mí, me dijeron que eran 100 libros que habían cogido, pero ni me llamaron”. Finalmente, nadie responde por la mercancía ni por las órdenes con que se la llevan.
Agrega que se llevaron a otra compañera, pero la dejaron ir poco tiempo después. Se concretó una reunión el viernes de la semana pasada pero no se obtuvo mayor beneficio de ella: “Se supone que ellos son gestores de convivencia y no nos pueden maltratar así. Hay un señor que está a favor de nosotros, los vendedores y hubo una reunión. Allá comentamos todo eso, pero casi no nos dejaron ni hablar. Esperar a ver qué pasa porque se supone que a nosotros nos dejaban trabajar porque estamos carnetizados, pero es pura mentira porque los que tienen carnet también les están quitando la mercancía”.
¿Qué sigue?
El abuso de la fuerza y la presencia de la policía que perpetúa la violencia en los casos de desalojo del espacio público, no es una novedad. Muchos alcaldes y, ahora, la alcaldesa de turno, han utilizado esta estrategia para amedrentar a las personas que se dedican día a día a la comercialización en la calle. La aporofobia es, entonces, el patrón común.
A pesar de plantear espacios como galerías públicas, la reubicación en pasajes artesanales creados por el distrito o la carnetización de los vendedores, el uso de las calles para la comercialización y el “rebusque” sigue siendo la solución más cercana para muchos, porque ninguna de estas iniciativas ha resuelto a cabalidad la situación de estas personas debido al desconocimiento estructural de las condiciones de miles de madres cabeza de familia en el país y de jóvenes en condición de vulnerabilidad.
