Al reinicio de la Mesa de Diálogos de La Habana en el nuevo año, las FARC-EP proponen una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial, con base en las propuestas emanadas de las mesas regionales del Congreso y del Foro Agrario. La iniciativas concretas son la manera de acelerar el proceso de paz.
En el primer encuentro de la Mesa de conversaciones entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno Nacional en el 2013, se escuchó la declaración del comandante de la Delegación de Paz de la insurgencia Iván Márquez, quien exigió celeridad en el análisis profundo e integral del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Además de conminar al Gobierno a cesar en la retórica guerrerista y las falsas promesas de solución a los problemas sociales.
En la acostumbrada alocución dada a los medios nacionales e internacionales apostados en el Centro de Convenciones de La Habana, las FARC-EP anunciaron una propuesta preliminar del tema agrario fruto de los aportes entregados por la sociedad civil que participó activamente en el Foro Agrario con Enfoque Territorial, en las Mesas Regionales por la Paz y en el encuentro internacional Pueblos Construyendo Paz. Dicha propuesta se denomina “Diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral con enfoque territorial” que pretende ser socializada al país. VOZ publica la primera entrega:
“Primera propuesta. Realización de una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial, fundamentada en los siguientes propósitos:
a. Superación de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que generan el ejercicio estructural de la violencia por parte del Estado y fuerzas paramilitares en las zonas rurales, y provocan el alzamiento armado guerrillero para enfrentar esas condiciones.
b. Transformación de las relaciones rurales, que contribuya a la democratización real del poder territorial, de la sociedad, del Estado y del modelo económico en su conjunto, así como al buen vivir de la población.
c. Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza rurales; restablecimiento de la dignidad y reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos políticos, y garantía y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, incluida la correspondiente provisión de recursos de presupuesto e infraestructura social.
d. Construcción de una nueva ruralidad basada en la justicia territorial y la democratización de las relaciones urbano-rurales.
e. Desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso.
f. Promoción al acceso y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra y de las mujeres en especial.
g. Prohibición o establecimiento de límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra.
h. Reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado y del despojo.
i. Protección y mejoramiento de las condiciones de propiedad y producción de los pequeños y medianos propietarios.
j. Reconocimiento y respeto de los territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como de los territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y de futuras Zonas de Producción de Alimentos.
k. Ordenamiento territorial y definición de usos de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad socioambiental, el derecho al agua, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria.
l. Estímulo a la economía campesina y en especial a la producción de alimentos, considerando la coexistencia de diferentes modelos de producción, atendiendo regulaciones estrictas de los encadenamientos productivos.
m. Auspicio de una política de investigación y desarrollo científico técnico, de protección de las semillas nativas y del conocimiento propio.
n. Dotación de medios de producción, de infraestructura física de transporte y comunicaciones, de distritos de riego y regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de crédito y de otros medios de financiación, privilegiando las economías campesinas y de producción de alimentos.
o. Denuncia o revisión de tratados y acuerdos y de todo tipo de regulaciones de libre comercio, inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población”.