Al terminar el sexto ciclo de negociaciones, donde se acordó un nuevo cese bilateral al fuego por seis meses, se produjo un desencuentro provocado por la mesa regional de paz en Nariño, convocada por el presidente Petro y liderada por el gobernador Luis Alfonso Escobar, pero desautorizada por el Comando Central. El episodio arroja nuevas lecciones y algunas paradojas
Zabier Hernández Buelvas
El Frente Comuneros del Sur del ELN ─enero 28 de 2024─ y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, estructura de la Segunda Marquetalia ─febrero 22 de 2024─, aceptaron la propuesta del presidente y emitieron comunicados y videos, poniéndose a la orden para iniciar los diálogos regionales de paz.
Con sorpresa, analistas, pazólogos y periodistas constataban que era la primera vez que un diálogo regional pasaba del enunciado a la acción concreta de montar una mesa en el territorio. Era la primera vez que unas estructuras regionales y locales, en vez de oponerse, recibían autorización para dialogar con los gobiernos departamentales y locales, bueno, eso creíamos todos, pero al parecer, el Frente Comuneros del Sur actuaba solo sin la bendición del Comando Central del ELN ─COCE─.
“Solicitamos participar”
El comunicado del Frente Comuneros del Sur, que tenía como destinatario al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, afirmó: “Solicitamos participar en el proceso de diálogo regional de paz a desarrollarse en el Departamento. Queremos hacer parte de esta propuesta de construcción de paz territorial que ha sido anunciada y ha hecho el llamamiento el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, como parte de la política de paz total del presidente Gustavo Petro”. Y, más adelante, en la misiva, el Frente expresa: “Estamos dispuestos a desistir de la lucha armada”.
Con estos hechos y circunstancias concretas, se profundizó un problema: se reafirmó lo que era una verdad pública, en el ELN hay divergencias entre el Frente Comuneros del Sur y el COCE, los motivos no los sabemos, pero es evidente que hay tensiones que se traducen en la decisión de participar, de manera autónoma, del diálogo regional de paz de este Frente en Nariño.
Las tensiones entre el COCE y frentes como el Domingo Laín, en Arauca, los Comuneros, en Nariño, y el Frente de Guerra Occidental, en el Chocó, no son nuevas y siempre han constituido un reto para avanzar en los diálogos y la negociación de paz. El gobierno tiene que moverse con enorme cuidado en perspectivas de un proceso nacional dinámico y no con una organización que se fragmente y haga inviable una mesa nacional.
En el caso de la Segunda Marquetalia, hasta ahora no se ha dado una desautorización de parte de la Comandancia central. En un video de dos minutos, que hicieron circular por las redes sociales, “Allende”, el comandante de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico-Segunda Marquetalia, expresó que “hemos tomado la decisión de abandonar los secuestros con fines económicos como un aporte a la paz total del presidente Gustavo Petro (…) expresamos la voluntad para un diálogo sincero y respetuoso, contribuyendo a la construcción de una paz integral y democrática, un anhelo compartido por los nariñenses y el pueblo colombiano”.
Paradoja
Con la propuesta del presidente y las reacciones positivas de los grupos armados en Nariño, el gobernador, como autoridad civil del departamento, se puso el delantal y comenzó a liderar el proceso. En la sociedad civil nariñense renacía una esperanza y, por fin, veía que las políticas de paz bajaban desde La Habana hasta el municipio y la vereda.
Surge una aquí una paradoja en la situación: la guerrilla que más ha insistido en la participación de la sociedad civil en el proceso y que centra el soporte de su diálogo en exigencia de la transformación territorial, llama ahora a un “congelamiento” del proceso por cuenta del liderazgo de una autoridad civil, que involucra a una sociedad civil territorial como Nariño, profundamente golpeada por la guerra.
Negarse a respaldar un diálogo regional, con la oportunidad de una alta participación de la sociedad civil, no solo es paradójico, sino que el mismo ELN autoinvalida su propio discurso sobre el rol de los territorios y la participación social y ciudadana en el proceso.
Transformación territorial y participación social
A los gobiernos, nacional, departamental y municipal, los mueve una preocupación central: la transformación territorial. Para que esta sea exitosa en cuanto a los beneficios a las comunidades en materia de seguridad, inversión social y elevación de la calidad de vida, se deben cumplir varias condiciones.
En primer lugar, el Estado debe intervenir de manera integral con las Agencias de Renovación del Territorio, de Desarrollo rural, Planeación Nacional, la Oficina del Alto Comisionado de Paz, los Ministerios, en especial de agricultura, vivienda y ambiente; en segundo lugar, contar con liderazgos institucionales fuertes y sociales territoriales y; finalmente, que los grupos armados sentados en la mesa cumplan y hagan cumplir lo que se pacta.
El gobernador Luis Alfonso Escobar ha afirmado en varias ocasiones que: “Le apostamos a construir la paz con todos los agentes del territorio y los tres niveles de Gobierno para que el impacto en las comunidades sea rápido y efectivo” (…) “No son tiempos de guerra son tiempos de paz, son momentos donde el departamento de Nariño está convocando a la sociedad a transformar el territorio”, a propósito de ello, una condición insoslayable en el proceso es la participación directa de las comunidades en las transformaciones territoriales, la gente, la población en medio del conflicto, los de a pie, la gente trabajadora, los campesinos afros e indígenas. ¿Acaso esto importa?
Mientras el ELN resuelve su problema de unidad de mando, el Gobierno nacional debe valorar y buscar una salida al problema de hasta dónde alienta la Mesa de Diálogo Regional o si es mejor no tensionar esa crisis al interior del ELN, sacrificando la posibilidad de un laboratorio de transformación territorial como es Nariño.
La jefa de la Delegación del Gobierno, Vera Grabe Loewenherz, para la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y Ejército de Liberación Nacional ─ELN─, afirmó, frente a esta situación, que “en las regiones los alcaldes y gobernadores tienen iniciativas que responden a las demandas de la población y las necesidades de cada región. Las reacciones o respuesta de sectores o estructura del ELN corresponden al ELN. De manera que el congelar la mesa es una crisis innecesaria en un proceso que avanza. En manos del ELN está su decisión de valorar lo que hemos avanzado”.
Lecciones
Primera, las partes que intervienen en el proceso de paz con el ELN tienen una oportunidad de territorializar la paz, lo que le dará contexto y lo acercará a los problemas reales que exigen la transformación territorial.
Segunda, es una oportunidad en cuanto podría fortalecerse el papel del Comité Nacional de Participación ─CNP─. Este debe acelerarse en su consolidación y funcionamiento.
Tercera, la actual crisis, convertida en oportunidad, está demostrando que es necesario, en la mesa de negociación, llenar de contenidos unos vacíos enormes en cuanto al papel de los territorios, sus gobernantes y la sociedad civil en la construcción de la paz.
Cuarta, los diálogos regionales de paz son una oportunidad para bajar y contextualizar las conclusiones de las mesas en Caracas, La Habana y Quito, para que las comunidades en los territorios, de manera concreta y práctica, hagan suyo el proceso de paz.
